La reciente fantochada televisiva que condujo a la destitución de Pablo Rovito de la Enerc y de Alejandro Cacetta del Incaa fue una payasada no sólo destinada a apuntar al subidón del rating. A la hora de la charada no importa qué sea mentira o verdad. Se dijo por ejemplo que los alumnos de la Enerc habían cortado la calle. Ellos estaban en las aulas, cosa que se podría verificar cómodamente con las cámaras de la 9 de Julio. Pero nadie se toma el trabajo de verificar nada cuando el plan es desinformar para moldear una idea, para sembrar un pensamiento que permita luego la aplicación de un plan. Conocemos ese plan. No hace falta que lo explique aquí. Al espectador que estos desinformadores contratados imaginan al otro lado de la pantalla ya no le importará que lo que se diga sea mentira, sino su efecto imborrable en la delgadísima línea de tiempo que separa a un acontecimiento del siguiente.
Pero el lunes a primera hora, luego del fin de semana largo, el Poder Ejecutivo volvió a legislar (por decreto y sin Congreso) sobre la autonomía del Bacua y otras entidades audiovisuales. La coincidencia de tiempo y forma no parece nada casual. Decidir por decreto y luego suponer que la comunidad artística exagera en sus alertas es de una hipocresía inaceptable.
Para ese espectador que la TV moldea, los maestros son vagos que no quieren trabajar; los actores, unos cómodos ladrones cuando pretenden trabajar de lo que hacen y todas las entidades culturales son corruptas justamente porque sus funcionarios no han podido encontrar irregularidades en la gestión anterior. ¿No será mucho?
