El puntero estaba hablando ante un corresponsal extranjero y no intentó siquiera disimular sus actividades ilegales. Por el contrario, parecía orgulloso por la eficiencia de su trabajo. “Tengo dos mil autos en la calle para llevar gente a votar. Pero lo hacemos como un servicio público; de las 30 mil personas que muevo a lo mejor me vota la mitad”, declaró Marcelo Caponio, sindicalista, ministro del gobierno provincial y candidato a legislador en las incendiarias elecciones de hace una semana en Tucumán. El testimonio fue parte de la cobertura que el periodista Carlos E. Cué publicó el lunes 24 en el diario español El País bajo el título “Elecciones millonarias en una de las provincias más pobres de Argentina”. Los datos que recogió el cronista debieron resultar sorprendentes ante la incauta mirada de los lectores europeos. El jactancioso Caponio estimó que, sólo en la jornada electoral, gastó la friolera de dos millones de pesos para transportar votantes hasta el pie de las urnas. A ese costo deberá cargarle, además, el precio de los acompañantes (“movilizadores”, en la jerga del negocio), encargados de masajear a los votantes durante el viaje para que lo hagan por él; el de los fiscales, celosos custodios alquilados para controlar que no falten boletas propias ni abunden las opositoras; bolsones con alimentos y otras vituallas fundamentales para que la gente sufrague como dios manda.
El candidato de la lengua suelta no se anduvo con chiquitas. Incluso le confesó al periódico madrileño que realizó, con fondos de su gremio, varios sorteos para entusiasmar a sus seguidores: desde bicicletas hasta seis automóviles cero kilómetro. Pero, aclaró, los ciudadanos “luego deciden si votarnos o no. Nadie los obliga”. Faltaba más.
Es probable que, así como al sindicalista-funcionario le resulta natural comprar voluntades, a sus clientes-votantes (por llamarlos de algún modo) también les parezca normal denominar a esas prácticas como “política”. La confusión se instala con el uso.
Esta degradación del sistema democrático es lo que quedó al descubierto el domingo pasado. Ocurrió gracias a la implacable –y poco usual– denuncia de la oposición unificada, de la intensa movilización cívica en las jornadas posteriores y de la desesperada reacción del oficialismo local, que no tuvo mejor idea que reprimir con ferocidad las protestas en la Plaza Independencia. Urnas quemadas, matones ingresando bolsas repletas de boletas para sumar al recuento de votos emitidos, actas falsificadas. Gases y palos como postre. Y todo, como corresponde a los tiempos que transitamos, registrado en miles de filmaciones caseras que circularon con la velocidad de un rayo por las redes sociales. Esta vez tampoco sirvió el silencio impuesto por la censura sobre los medios locales. El mundo se ha vuelto poroso, las mentiras se desvanecen en un clic.
Quizá la mayor hazaña de los tucumanos haya sido instalar un tema que estaba fuera de agenda nacional, sacudir la modorra de una campaña que parecía impermeable a los problemas profundos que aquejan a la sociedad. Nadie pensaba debatir un sistema electoral plagado de vicios, montado para perpetuar oligarquías parasitarias que se enriquecen sobre la base del atraso y las necesidades de la población. La campaña electoral venía deslizándose peligrosamente hacia ningún lado. Nada parecía atravesar la malla que separa los aparatos políticos de los problemas reales. Las inundaciones de Buenos Aires, el oportuno sentido común manifestado por Carlos Tevez en el reportaje realizado por Alejandro Fantino y Tucumán alteraron el ritmo de los laboratorios que entrenan a nuestros líderes de porcelana.
Unidos en una lógica. En realidad, los tres temas se juntan en un punto: exponen con crudeza la baja calidad de la representación política argentina, desnudan el pillaje extendido que socava la credibilidad en las instituciones y desarman la escenografía que monta a diario la millonaria campaña oficial de propaganda. Tevez sólo le puso palabras –sencillas, contundentes y creíbles– a lo que el agua y el clientelismo dejaron a la vista. Hace tiempo que la Iglesia viene advirtiendo, con datos concretos, cuáles son los verdaderos problemas de la democracia argentina. Esta semana sin ir más lejos, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica informó que hay casi 5 millones de chicos que viven en hogares pobres (6% más que cuando asumió Cristina Fernández en su segundo mandato, en 2011), 2,2 millones no tienen cobertura de salud y más de un millón sobrevive en la indigencia. La única respuesta del oficialismo fue, una vez más, tirar el termómetro contra la pared. Aníbal Fernández llegó incluso un poco más lejos: acusó a Agustín Salvia, el principal investigador del Observatorio, de trabajar para Mauricio Macri. Archívese.
En una nueva muestra de plasticidad ideológica, el progresismo K salió también a respaldar las bondades del clientelismo populista. Dante Palma –joven panelista de 6,7,8– explicó, por ejemplo, cómo había ido venciendo él mismo los prejuicios que solía acarrear acerca de Formosa, provincia gobernada desde hace más de dos décadas por el incombustible Gildo Insfrán. Viví un proceso, narró ante las cámaras de la Televisión Pública, que se fue consolidando a través de viajes, de observar con ojos propios los avances de esa tierra prometida en la que Tevez había encontrado “demasiada desigualdad”. Las cosas están mucho mejor, retrucó Palma.
Este viernes, seguramente como parte de sus tareas exploratorias, el comunicador presentó su libro Quinto Poder, el ocaso del periodismo, precisamente en la sede central del Partido Justicialista de la capital formoseña. Nada se dijo allí acerca de la última acusación que pesa sobre el aparato de poder provincial, la de “importar” votantes de la hermana República del Paraguay, hechos ya registrados en los comicios de 2011 y 2013. Pillos hay en todas partes.
