El diputado nacional Facundo Manes presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema para revertir el sobreseimiento de Santiago Caputo en la causa por presuntas amenazas coactivas ocurridas durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo de 2025.
En el escrito de 39 páginas, Manes sostiene que el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal “naturaliza la intimidación política” y constituye una afectación directa al principio republicano, la división de poderes y las garantías previstas en el artículo 68 de la Constitución Nacional para los legisladores.
La presentación judicial cuestiona la decisión de la Casación, que el pasado 18 de mayo confirmó el sobreseimiento de Caputo al considerar que los hechos denunciados se dieron en el marco de una “acalorada discusión política” y no configuraron un delito penal.
El conflicto se originó durante el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2025. Según reconstruyó Manes en la denuncia, el episodio comenzó cuando exhibió un ejemplar de la Constitución Nacional mientras el mandatario hablaba sobre reformas penales y seguridad. En ese contexto, Milei respondió desde el estrado con frases dirigidas al diputado radical. Luego, según la denuncia, desde uno de los palcos Santiago Caputo le gritó expresiones intimidatorias y realizó gestos amenazantes.
Manes aseguró que posteriormente, en uno de los pasillos del Congreso, Caputo se le acercó de manera “agresiva e intimidante”, le apoyó una mano en el rostro y le dijo frases como: “Vos para hacer lo que hiciste tenés que estar limpio”, “Vos no me conocés a mí” y “Ya me vas a conocer”. Además, denunció que recibió dos golpes en el pecho.
En el recurso presentado ante la Corte, el legislador remarca que esos hechos “quedaron debidamente acreditados con la prueba producida” y sostiene que no pueden ser interpretados únicamente como parte de una discusión política.
El argumento central, “la República no tolera la intimidación”
Uno de los ejes principales del planteo de Manes es que el fallo de Casación vulnera el artículo 1 de la Constitución, que establece la forma republicana de gobierno. Según el escrito, la sentencia invierte la lógica constitucional al considerar que el contexto de confrontación política reduce la gravedad de las amenazas. “La República protege con mayor intensidad aquellos espacios donde el poder debe ser controlado, discutido y limitado”, argumentó.
La presentación advierte además que aceptar ese criterio implica habilitar que actores cercanos al Poder Ejecutivo puedan intimidar a legisladores opositores sin consecuencias penales, siempre que el episodio ocurra en medio de una disputa política.
Para reforzar ese punto, Manes sostiene que el Congreso “no es un teatro de impunidad para la intimidación política”, sino el ámbito donde el desacuerdo democrático debe desarrollarse “sin miedo, sin coerción y sin disciplinamiento”.
El recurso también pone el foco en el rol político de Santiago Caputo dentro del Gobierno nacional. El texto lo describe como integrante del denominado “triángulo de hierro”, junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según la presentación, esa posición de poder agrava la capacidad intimidatoria de las expresiones denunciadas. Incluso, el escrito menciona la interna política entre Karina Milei y Caputo como una prueba de la influencia real que el asesor mantiene dentro del oficialismo.
“La amenaza no provino de un particular exaltado, sino de un operador central del poder gubernamental”, afirma el recurso.
Otro de los puntos centrales del planteo gira en torno al artículo 68 de la Constitución Nacional, que protege a diputados y senadores de ser “molestados” por las opiniones o discursos emitidos en ejercicio de sus funciones. Manes sostiene que esa garantía no sólo protege al legislador frente a sanciones judiciales, sino también frente a cualquier forma de intimidación o presión política.
En esa línea, argumenta que una amenaza dirigida contra un diputado opositor afecta no sólo a la persona involucrada, sino al funcionamiento del Congreso y a la representación democrática.
“El daño constitucional está en la creación de un entorno inhibitorio”, sostiene el escrito, que además advierte sobre un posible “efecto disciplinador” hacia otros legisladores críticos del Gobierno.
Pedido a la Corte Suprema
En la parte final del recurso, Manes solicita que la Corte Suprema revoque el fallo de Casación y ordene una nueva resolución judicial o directamente disponga que Santiago Caputo sea convocado a declaración indagatoria por el delito de amenazas coactivas.
Además, plantea la “inconvencionalidad” del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite a la Corte rechazar recursos extraordinarios sin expresar fundamentos.
Para sostener ese planteo, cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestiona los mecanismos de selección discrecional de causas por parte del máximo tribunal argentino.
