Cuando los ex presidentes Menem y Alfonsín acordaron, con el Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución en 1994, la organización federal del país quedó como un residuo, ya que sólo hubo una recomendación no vinculante y aún pendiente para la revisión del régimen de coparticipación de impuestos, mientras que los malos incentivos cortoplacistas de la Argentina se acentuaron, al fijarse elecciones presidenciales cada cuatro años y renovaciones parciales del Parlamento cada dos. No se trata de cargar las tintas sobre las espaldas de los ex mandatarios, sino simplemente destacar lo negativo de una “política” que descuide el impacto de sus decisiones sobre “la economía”.
Un ejemplo notable de la indiferencia de “la política” respecto de “la economía” es el profundo deterioro del Ferrocarril Belgrano. Las provincias tienen un gran poder en el Senado, al contar con tres representantes cada una sin importar el número de habitantes, y entre el NOA y el NEA hay siete estados cuyos sectores productivos han sufrido por la falta de opciones y la alta dependencia del camión para el transporte de carga. Pues bien, a lo largo de estos años, lo que brilló por su ausencia es la presión de estos gobiernos sobre el Ejecutivo en la búsqueda de una solución. Ahora, la iniciativa del Plan Belgrano (que incluye mejoras en las vías férreas) se plantea desde la Nación hacia las provincias, y no a la inversa. Algo análogo ocurrió con el deterioro de la Hidrovía desde Rosario hacia el Norte, que también involucra a varias provincias. Los sindicatos tienen más poder que los gobernadores, a juzgar por estos resultados.
La pregunta es por qué estos gobiernos no tuvieron suficiente presión de “abajo hacia arriba” para tomar el toro por las astas. Una explicación es la escasa incidencia que tienen las actividades productivas y sus trabajadores dentro de esas provincias. En el NEA y en el NOA hay sólo diez empleos privados formales por cada cien habitantes (en las regiones más pobres de Chile, esa relación es 32 a 100).
La falta de oportunidades agrava el fenómeno, ya que una fracción relevante de las personas más emprendedoras termina migrando hacia Buenos Aires o alguna otra gran ciudad, lo que debilita todavía más la presión interna por cambios a favor de las actividades productivas.
Y en las grandes ciudades ocurre algo análogo, aunque por distintos mecanismos. Desalentadas por la falta de respuesta de las instituciones públicas, un número creciente de familias prósperas y emprendedoras termina recurriendo a educación y salud privadas y refugiándose en barrios cerrados. No es barato, ya que si abonan sus impuestos están duplicando gastos. Pero la sociedad también paga un costo, porque si esas familias estuvieran presionando “desde adentro” por mejoras efectivas en la educación, la salud y la seguridad públicas, esos servicios funcionarían de otro modo.
Estos desvíos se acentuaron con la política del anterior gobierno, que no hizo nada para arraigar a las familias en el interior aprovechando el boom de las commodities y, al mismo tiempo, descuidó la gestión porque igual tenía éxitos electorales por el uso y abuso de los subsidios. El círculo vicioso se perfeccionó, ya que parte del “ahorro” de las familias en tarifas se destinó a contratar servicios privados, como lo refleja la evolución de la matrícula educativa.
No hizo falta que llegara el sinceramiento tarifario para que la población pasara a cuestionar la falta de gestión del Estado, como muestran los impactantes resultados de los comicios de 2015. Ahora, con la nueva política de precios de la energía y el transporte, la demanda por un salto de calidad en la prestación de los servicios públicos se hará cada vez más acuciante.
En un plano más general, y partiendo de las siete décadas de alta inflación que arrastra la Argentina, no habría que aportar más pruebas para demostrar que es el sector público el responsable de la inestabilidad económica, gastando casi siempre más de lo que recauda. Con los consiguientes ciclos de emisión, endeudamiento y default.
No es que hayan faltado ideas frente a un Estado “gastomaníaco”. Los “técnicos” pueden proponer “atarle las manos”, para que no pueda emitir en forma espuria. La convertibilidad fue un instrumento de ese tipo, pero la creatividad del mundo “de la política” para desatarse las manos es infinita. También pueden recurrir a la pirotecnia argumental, anticipando el peor de los mundos por el descontrol de las cuentas públicas. Sin embargo, “la política” tiende a creer que los técnicos exageran y, cuando la explosión está cerca, es demasiado tarde.
El problema está en que, en nuestro país, cuando se intenta replicar políticas que han dado resultado en otros sitios, nunca se está partiendo de una hoja en blanco. Toda solución implica rehacer, rediseñar, reconvertir, tanto en el sector público como en el privado. Así, beneficios que en teoría se habrán de ver en el largo plazo, son contrastados con costos inmediatos. Son reformas que favorecen a una “mayoría silenciosa”, pero que pueden afectar a minorías estridentes.
Ahora bien, todas estas dificultades pueden pasar a segundo plano en un escenario en el que esté en juego la supervivencia de “la política”. Y éste puede ser el caso.
Ocurre que el aparato estatal ha llegado a tal dimensión, que el gasto público (Nación, provincias y municipios) alcanzó en 2015 nada menos que 44% del PBI. Es una cifra récord y la parte más complicada de la “herencia”, porque es insustentable: en Argentina hay sólo 16 empleos privados formales cada 100 habitantes (en Chile, la relación es 36 a 100), cuando esa variable es la “punta del iceberg” que refleja la parte más productiva de la economía y, a la vez, el punto de apoyo de la recaudación de impuestos. Coinciden en forma inédita la base más raquítica con el gasto público más inflado.
Así, hemos llegado a una situación en la que no hay otra opción que apuntar todos los cañones a la recreación de la actividad y los empleos privados formales, mientras se contiene el gasto improductivo. Desde el tercer trimestre de 2015 se han perdido 100 mil puestos privados adicionales, no hay tiempo que perder, pero tampoco se habrán de recuperar haciendo lo mismo que en los últimos doce años. Esta necesidad debería guiar la macro y las reformas microeconómicas, y “la política” debería saber que los inversores habrán de estar muy atentos a las propuestas de los candidatos en las legislativas de 2017. Si la capacidad de endeudamiento se usa para financiar esta transición, entonces quizá pueda salirse de aquel círculo vicioso.n
* Investigador jefe del Ieral.
La política, el principal problema de la economía
