El mundo lleva meses conmocionado por el destape de casos de abuso o acoso sexual de personajes famosos y/ o poderosos, en ámbitos tan diversos como Hollywood, el Parlamento Inglés, Silicon Valley y el universo televisivo local.
En Córdoba, tal vez por sus características de pueblo chico, hasta ahora solo se han pronunciado Silvia Pérez Ruiz y Cynthia Rachid, dos conocidas comunicadoras que entre fines del año pasado y comienzos de este dieron cuenta de distintas circunstancias.
Sí consta en registros que llevan tanto el Polo de la Mujer y la Universidad Nacional de Córdoba que estos testimonios envalentonaron a que mujeres anónimas, de mínima, hicieron consultas sobre casos similares. Y, por supuesto, derivó en muchas charlas y debates sobre el tema que no es otro que los abusos de poder en los ámbitos laborales o institucionales.
Este escenario sucinto pone en tensión las denuncias no hechas a tiempo ante la Justicia (por lo tanto, prescriptas), la ausencia de pruebas, el desconocimiento de los mecanismos existentes para poder llegar a una resolución favorable, el derecho a una legítima defensa, las acusaciones de falsedad, la necesidad de contar episodios traumáticos cuando
ya no se está bajo la órbita del acosador o abusador, y, por supuesto, que la opinión pública crea el relato de las víctimas.
Así, entre lo jurídico, lo moral y lo cultural, se mueven las discusiones en torno a una problemática que atraviesa la agenda del mundo. Y para la que la Universidad Nacional de Córdoba tiene una respuesta desde hace poco más de un año.
El Plan. En diálogo con PERFIL Córdoba, la encargada del Programa de Género de la UNC, Analía Barrionuevo, advierte que no puede pronunciarse sobre ningún caso en particular porque están bajo secreto de sumario. En cambio, sí puede dar cuenta de cómo funciona el Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las Violencias de Género. “Los pasos a seguir en lo que respecta a las denuncias hechas en la Universidad, luego de realizadas, son citar al denunciado, que tiene derecho a una legítima defensa, y puede llegar a un juicio académico. Las penas van desde la suspensión hasta la inhabilitación, que implica que durante varios años no podría trabajar en la UNC”, describe Barrionuevo y agrega que dado el poco tiempo que lleva en funcionamiento no hay antecedentes de un juicio académico por acoso.
Respecto al mecanismo, advierte: “La toma de denuncias se hace en la DASPU, donde se pueden hacer consultas, manifiestos y denuncias. Lo del manifiesto me parece importante para que se sepa porque la denuncia no es anónima, pero esta instancia sí. Es un recurso que se construyó entre el equipo y los abogados, similar a una exposición y puede ser anónimo. En caso de que se firme, no se hace público. Con ese elemento podemos ir a reclamar a la Facultad algún tipo de medida”.
Sobre la prescripción de los casos ocurridos en el ámbito de la UNC, Barrionuevo marca una diferencia respecto a lo que ocurre en la justicia ordinaria: “En este momento no importa cuando ocurrió el caso denunciado, por la gravedad del tipo de violencia y porque es probable que en el momento que ocurrió lo denunciado el Plan no existía. De todas maneras, lo analizan los abogados”.
Para la puesta en práctica del Plan trabajan tres espacios de la UNC: el Programa de Género, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Esta última está bajo la órbita de Liliana Aguiar, quien resalta que la sensibilización y la capacitación son dos de las tareas que también llevan a cabo porque “el problema, que es cultural y, por lo tanto, de larga data. No se resuelve en el corto plazo”.
–A raíz de los casos conocidos a fines del año pasado y principios de este, ¿Qué pasa con las dependencias de la UNC que no son unidades académicas, como los SRT?
–No son unidades académicas. Lo que pasa es que en algunos casos hay agentes de los SRT que también son profesores de la Universidad. Eso es lo que hay que evaluar. Nosotros solo tenemos facultades en el ámbito de la UNC y con miembros de la comunidad: estudiantes, docentes, no docentes y graduados. La parte sancionatoria sobre los
graduados tiene sus bemoles, porque si uno está en un lugar específico donde puede aplicar una sanción puede ser moral, pero no de otro tipo. Esa es una limitación que siempre evalúa Asuntos Jurídicos.
–¿Hay algún tipo de resistencia en la comunidad o están receptivos con las propuestas del Plan?
–No, están muy receptivos. No hay resistencias. Sí tenemos un cuidado muy especial de ser muy serios y no banalizar el tema, sería lo peor.
–Sin embargo, el tema del acoso sexual en el ámbito de la UNC está fundamentado por investigaciones que la propia Universidad ha realizado, como una práctica muy naturalizada. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un doble estándar o efectivamente estamos viviendo un cambio de época?
–Son dos cosas distintas. No hay dudas de que es una práctica naturalizada, es un problema cultural que vamos combatiendo con el tiempo. Pero en esa primera etapa de sensibilización hay más preguntas que resistencias. No encontramos alguien que nos diga que vayamos con esto para otro lado.
CÓMO FUNCIONA EL PLAN. Según palabras textuales de la Resolución del Honorable Consejo Superior fechada el 10 de noviembre de 2015, garantiza gratuidad, respeto, confidencialidad, contención, no revictimización, diligencia y celeridad.
Las consultas y denuncias se realizan en la oficina del Plan: Consultorio 133 Planta alta. Sede DASPU de Ciudad Universitaria. Lunes y miércoles de 15 a 18; martes y jueves de 9 a 12. Correo: [email protected]. Teléfono:(0351) 535-3629.
