COLUMNISTAS
el estado total

La sociedad del enojo

Si los consensos no avanzan es posible que el país se radicalice y enfrente situaciones hoy inesperadas.

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'Palo por palo' Alberto Fernandez. | Pablo Temes

Con el transcurrir de los años la sociedad argentina se ha vuelto cada vez más estadocéntrica.

¿Culpable? Prácticamente por toda situación negativa se responsabiliza al Estado. Si hay más inseguridad, pobreza, violencia, si aumentan los precios, o sube el dólar la culpa es del Estado, o lo que es casi lo mismo del gobierno. El Estado es dictaminado como culpable por los altos impuestos, pero también por no cobrar lo suficiente. El Estado es cuestionado por el déficit fiscal, pero lo es también por no ayudar lo suficiente a las personas o a las empresas, grandes, pequeñas o medianas. Una demanda habitual es que el Estado debe generar puestos de trabajo, pero a la vez se lo discute cuando aumenta su plantilla. No es extraño hoy encontrar en las encuestas que un importante sector de la población sostenga que el Estado debería gestionar en forma directa las empresas de servicios públicos y que su deber es controlar los precios.

Lejos de intentar minimizar las responsabilidades actuales o pasada de la estructura estatal, la pregunta es qué Estado haría falta para cubrir todas las expectativas simultáneamente, con todas sus contradicciones. Qué dimensión o capacidad tendría que tener para dar respuesta a todas las necesidades, donde el populismo laclausiano es una gota en un océano. La pandemia del Covid 19 mostró con claridad las tensiones entre las decisiones gubernamentales y las decisiones personales de autocuidado.

Olvidos. Esta situación someramente descripta abre una pregunta ¿no existe en la sociedad civil otros mecanismos y formas de organización que no establezcan demandas directas sobre el Estado? Esto no siempre fue así. En los noventa, cuando se privatizaron groseramente las empresas de servicios públicos (gran parte entregadas como canje de los bonos de la deuda, y otras desmanteladas caso ELMA) muchos festejaron que se iba a poder tener teléfono fijo sin esperar años, y se miró para un costado cuando Menem vendió la acción de oro de YPF que le daba al Estado cierta injerencia sobre la petrolera.

En este estrecho sendero en que se mueve la Argentina se abren dos grandes formas de pensar la política: una basada en el conflicto y otra sostenida en el consenso. La primera sostiene que todas las relaciones sociales están construidas de agentes que lejos de cooperar, hacen pesar su fuerza, y en este sentido el Estado siempre tendría que hacer valer sus prerrogativas. La segunda forma, la idea genérica del consenso, no necesariamente niega los diferentes intereses expresados, pero cree que es posible encontrar acuerdos y llegar a puntos de conciliación. Por supuesto que hay otros modelos alternativos como el estado liberal según por el cual sólo se debe asegurar la justicia, la defensa y la seguridad, dejando todo lo demás librado a la autorregulación y las manos invisibles de los mercados.

Estas concepciones, muy desarrolladas entre finales de siglo XIX y principios del XX, no contemplaban los niveles de la globalización actual, ni la financiarización de la economía. En su historia el Estado nunca pudo imponer en largos plazos precios máximos (hasta la Unión Soviética tuvo inflación), así como tampoco lograr que los empresarios privados inviertan. Hoy la capacidad de fluidez de los capitales es máxima al punto tal que se puede admitir con toda frialdad que parte de los fondos suministrados por el FMI al gobierno de Mauricio Macri se fugaron.

Se puede pensar dentro de la lógica del conflicto que gobernar es que algunos se enojen con las políticas estatales, para que otros se alegren. Sin ir más lejos, la política de aumento del precio de los servicios públicos del macrismo, bajo el argumento de la necesidad de reducir los subsidios al consumo (las dos pizzas de Alfonso Prat Gay) enojó a gran parte de la sociedad para alegrar a unos pocos empresarios. Sin embargo, hoy prácticamente todos están enojados. Los poseedores de grandes fortunas por tener que pagar el impuesto reciente que debería ser por única vez, los empresarios agropecuarios enojados por la restitución de las retenciones. Los sectores medios profesionales enojados por las dificultades para acceder al dólar, los medios bajos por la falta de trabajo. Los más humildes por los incrementos de los precios de los alimentos, en particular las harinas y las carnes, por la suspensión de del IFE. Los votantes de Cristina enojados por ver a un Alberto conciliador, los votantes de Macri naturalmente disgustados y la lista se extiende, cada cual con sus razones.

En este marco, profundizar líneas de conflicto podría ser una alternativa no exenta de riesgos, y sin las ventajas que se podían tener en otros momentos. Cuando en 2008 se inició el conflicto con los sectores agrarios por la resolución 125 de retenciones móviles coincidió con la crisis financiera internacional y la reducción del precio de las materias primas que son el sustento de las exportaciones argentinas. Se había generado el marco para una derrota política. Como se recordará el desempate quedó en manos del entonces vicepresidente Julio Cobos y su voto “no positivo” en la madrugada del 17 de julio de 2008.

También se debe recordar que Cristina resolvió levantar esa reglamentación que se inició simplemente como una resolución ministerial, y en 2009 el kirchnerismo debió soportar una dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires contra Francisco de Narváez.

¿Hay siglo XXI? Otra alternativa es explorar la ruta de los consensos. Pareciera en ese sentido que se ha perdido un tiempo extremadamente valioso desde principios de 2020 cuando el nuevo gobierno estrenaba sus funciones y su poderío político estaba intacto (punto para los conflictivistas). Un aspecto clave para avanzar en esta línea es el desarrollo de una agenda que vaya más allá de precios y salarios generando un horizonte de certezas y una evaluación independiente que ponga blanco sobre negro los resultados y cumplimientos efectivos. El modelo de los acuerdos tiene mala imagen en un país enojado por lo cual requiere negociaciones trabajosas y efectos evidentes. Pero si la ruta de los consensos no llega a buen puerto es muy posible que el país se radicalice y enfrente situaciones hoy inesperadas.

*Sociólogo @cfdeangelis