Durante distintas etapas de la historia argentina hubo consignas que mostraban de manera simple cuál era el valor primordial en el “modelo” de desarrollo que empapaba la política económica. “Gobernar es poblar”, proclamaba Alberdi cuando fogoneaba la creación de un orden institucional nuevo: la inmigración era el recurso necesario para trabajar el campo casi inexplotado y que luego, en otro contexto favorable y con inversiones, explicaría el salto inmenso de la producción argentina. “Educar al soberano”, fue la de Domingo Sarmiento, un revolucionario apasionado que se adelantó a su tiempo y que cimentó en el fomento a la educación la sostenibilidad de un sistema democrático en construcción. Muchos años más tarde, el desarrollo fue el motor de la política económica de Arturo Frondizi, impulsor de un movimiento de corta vida en la historia argentina, pero cuya obsesión mutó luego y reapareció en otros espacios. Para el peronismo nacido con la revolución de 1943, la justicia social fue un paradigma indiscutible. Tanto, que se plasmó en la luego derogada Constitución Nacional de 1949 pero retomada en las reformas de 1957 y 1994.
Desde entonces, el valor de la equidad social impregnó tanto las decisiones de política económica que es difícil encontrar alguna iniciativa que no aluda a ese criterio para fundarla. Sin embargo, a la par que se alimentaba una corriente distributiva con una mano, se generaba un fenómeno que menguaba el objetivo buscado, cuando no lo anulaba por completo: la inflación.
En los últimos 75 años, período que abarca diferentes gobiernos, sesgos ideológicos y partidos en el poder, solo la quinta parte terminó con una inflación de dos dígitos, cuando en el mundo se dio a la inversa: en ese largo intervalo de tiempo, la “normalidad” fue el alza del IPC de hasta 9% anual. La cuestión no fue inocua para el gran objetivo buscado, al menos en los enunciados, por las políticas económicas que se fueron sucediendo. Aun durante la década de la convertibilidad, tomada por sus críticos como la legitimación de un modelo “neoliberal”, eliminar la inflación luego de dos procesos hiperinflacionarios (1989 y 1990) y 15 años de altísima inflación (1975-1989), el objetivo inicial anunciado fue el de luchar contra la principal bacteria que socavaba el salario.
Hiperinflación: cerca, pero no tanto
La distribución del ingreso es estudiada por la economía en períodos lo suficientemente largos como para evaluar el impacto del entramado de medidas y la evolución de las variables en el posicionamiento del ingreso de la población. Se hace entendiendo que el equilibrio dinámico va alterando el resultado de una política aislada y lo que termina contando es el resultado global. Pero aun así las medidas de distribución del ingreso son necesarias, aunque no suficientes para conocer el impacto global en términos de bienestar. Una sociedad igualitaria pero pobre no asegura el progreso para sus habitantes, de la misma manera que otra en que la “foto” de su posición muestra una buena posición, puede estar estancada. Esto es lo que viene ocurriendo en Argentina, que mostró para la última década un 0,2% de crecimiento promedio anual del PBI. Los números confirmados del Censo Nacional (los provisorios arrojaron un aumento del 1,4%) podrían certificar que el PBI per cápita habría caído 15% desde 2010.
Con ese dato, sería ilógico que la distribución del ingreso haya mejorado ya que la parálisis socioeconómica se dio en el tramo formal privado del empleo, también estancado en la última década, mientras que subió el empleo público (sobre todo el provincial), el cuentapropismo registrado y el no registrado. En este esquema de funcionamiento, y con una inflación que ya subió el escalón del 70% anual, cada negociación paritaria y aumento otorgado deja afuera a este segmento creciente de la población ocupada.
Otro factor del que se ocupó cada gobierno fue el de establecer una estructura tributaria que se focaliza en las rentas personales del 10% de la población y en el stock de capital acumulado del 5% con mayor patrimonio. Casualmente, los que pueden ahorrar más, con lo que una medida distribucionista a corto plazo puede atentar contra el circuito de formación de capital que es el que apalanca el empleo de calidad. Otro tanto ocurre con la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas, que en lugar de continuar con la baja prevista al 25%, quedó en el 35% y subió al 42% para las no distribuidas. Mala noticia cuando se intenta captar relocalizaciones de capitales que buscan oportunidades alternativas.
El conflicto estallado esta semana por la desigualdad en el subsidio al transporte de pasajeros mostró otra faceta de la búsqueda incansable por la justicia social: el esquema de financiamiento del boleto de colectivo y de trenes muestra un sesgo metropolitano muy fuerte, pero encuentra un límite, justamente con la inflación. Cada vez se precisan más recursos para sostener un precio que cada vez se desacopla del precio que se cobra en los países vecinos: un dólar. Una carrera contra el potro indomable de la economía argentina. Mientras no se dome, la justicia social seguirá siendo una utopía.
