Una máxima entre economistas es que, a la hora de delinear políticas económicas, el bolsillo resulta el órgano más sensible de las personas. Algo de eso ocurrió esta semana con la iniciativa de cambiar el esquema tributario para los contribuyentes que pagan el impuesto a las Ganancias en su categoría de relación de dependencia. Para ello, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sacó a relucir una de sus dos líneas rectoras, recordando que: “el salario no es ganancia”.
Hombre que zigzaguea los avatares de la política argentina, oscilando entre crítico acérrimo del kirchnerismo a su actual posición de aliado estratégico, siempre sostuvo que no le correspondía pagar ese tributo a los “trabajadores”.
Durante 2021, la administración nacional y las provinciales recaudaron por el 28,8% del PBI (23% de impuestos nacionales y 5% de provinciales). En el ranking de los que más absorben está, lejos el IVA (29,5%), seguido por Ganancias (21%) y cargas sociales (20,9%). Una mirada rápida basta para entender que el grueso de la recaudación descansa sobre las espaldas de los ciudadanos de a pie, aunque se autoperciban como no contribuyentes. Además, habría que agregar otros gravámenes que castigan el consumo: Impuestos Internos (que es sobre algunos bienes considerados “suntuarios” o “no necesarios”), Combustibles (3,2%) y los provinciales, de los cuales el 75% están concentrados en Ingresos Brutos (casi 4% del total), un adicional al IVA que es considerado por los especialistas como el más voraz y distorsivo de todos. Para agravar la situación, el 12% corresponde a otro factor contradictorio, los derechos aduaneros y retenciones: por un lado, se proclama el aliento a conquistar mercados y por el otro se las castiga imponiéndoles un impuesto que, agregado al tipo de cambio múltiple, constituye la máxima imposición que un país realiza a su principal producto de exportación.
Como no se actualizan parámetros, va subiendo automáticamente la escala impositiva
La reciente movida por elevar nuevamente el piso no imponible del impuesto a las Ganancias para las personas físicas en relación de dependencia desnuda, sobre todo, la importancia de la inflación como otro impuesto oculto que principalmente grava los ingresos fijos e introduce otra distorsión más sobre la estructura tributaria.
Se calcula que, con este nivel de inflación, agrega entre 2% y 3% del PBI como recursos transferidos al Estado Nacional. Por ejemplo, como no se actualizan los parámetros fijos, la gente va subiendo automáticamente en la escala impositiva. Ya había sido actualizado en enero y ahora fue necesaria una nueva revisión por una sola razón: la aceleración inflacionaria, que parece estacionarse para 2022 en la franja del 5% al 6% mensual. Anualizado, estamos proyectando, entonces 80% si se mantiene la tendencia de los cinco primeros meses del año. Tanto es así que la supuesta victoria en la recaudación del IVA, que subió 60% interanual en abril, quedaría en un magro 1% real. Esto indicaría que, en un diseño impositivo que descansa en el consumo como motor, el “amesetamiento” de la economía sólo ofrece soluciones marginales para achicar el déficit fiscal por esa vía. O, peor aún, presionando sobre los que ya están tributando porque no tiene escapatoria. Cacería en el zoológico.
En el anuncio de la decisión impositiva, el ministro de Economía estuvo flanqueado, entre otros por el camionero Pablo Moyano, del gremio que tiene una de las escalas salariales más altas y que este tema es, lógicamente, clave para sus afiliados y el propio Massa, padre intelectual de la revisión.
Los asalariados privados son menos del 28% del total de la población según el INDEC
Esta iniciativa de subir el mínimo no imponible sin tocar las escalas de alícuotas siguientes, termina por excluir del gravamen a los que menos tendrían que pagar para encarecer la carga a los pocos que van quedando. Es que la escala oficial se actualiza cada año y los salarios, en una economía inflacionaria, lo van haciendo casi en forma continua.
Sin embargo, este aspecto cada vez afecta a menos gente: en la última “foto” de la encuesta permanente de hogares (EPH) los asalariados “privados” son menos del 28% del total de la población económicamente activa. Los autónomos registrados, por ejemplo, son los kelpers impositivos porque se calcula que (sin ser monotributistas) deberían pagar a partir de los $65.000 mensuales, la cuarta parte del primer escalón para los asalariados.
Quizás, la solución para el parche continuo del retoque de estas escalas tributarias pase por el sinceramiento. Si “ganancias” no es el término adecuado para lo que el empleado obtiene como retribución a su factor productivo (su trabajo), debería cambiar su denominación a “ingresos”, como lo es en todos los países desarrollados donde el umbral mínimo de contribución arranca sólo un poco más arriba del sueldo mínimo vital y móvil. “Income tax” se le denomina en los Estados Unidos y lo cobra cada estado a todos los que generan ingresos, sin importar su situación. En España se denomina “impuesto a la renta” y caen todos los habitantes que ganen más de 22.000 euros anuales. Es decir, una gran pirámide social con una base mucho más amplia a pesar que tributan las tasas más bajas. Mientras el electorado crea que no paga impuestos y sólo lo hacen los ricos, que son los que pueden ahorrar, nunca habrá correlación entre iniciativas de expansión del gasto y responsabilidad fiscal. Nuevamente, el atajo para eludir lo inevitable, no lleva demasiado lejos.
