Tras 28 años de exitosa carrera en The New York Times, la periodista estadounidense Judith Miller debió renunciar por su escandalosa y parcial participación en la campaña que llevó a la administración norteamericana a invadir Irak, ante la presunción (desmentida por investigaciones posteriores) de existencia en ese país de armas de destrucción masiva. Es decir: sus datos informativos, desarrollados con quirúrgica precisión, no eran ciertos y el diario debió salir a pedir disculpas por haber confiado ciegamente en las fuentes de Miller, quien se negó sistemáticamente a revelar sus identidades. Miller, en verdad, se había apoyado en voceros del Pentágono. Las consecuencias de su exceso de confianza en los informantes fueron trágicas: entre la invasión en 2003 y junio/agosto de 2006, murieron por la acción bélica inducida por el error entre 151 mil y 1.033.000 civiles iraquíes (según sean las las fuentes consultadas), y poco más de cuatro mil soldados estadounidenses y de la coalición invasora.
Traer a la memoria aquella operación que influyó en el NYT y otros medios que se plegaron a la catarata informativa de Miller viene hoy a cuento porque no hay inocencia alguna en quienes aportan datos a los periodistas desde organismos que debieran ser muy meticulosos a la hora de informar. Algunos casos recientes ocurridos en la Argentina, casi todos ellos a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sus colaboradores y otros funcionarios del Gobierno, carecen de la envergadura del caso Irak (son incomparables sus resultados) pero causan daño y obligan a reflexionar acerca de cuán endeble suele ser la rigurosidad de los periodistas a la hora de transmitir esas informaciones.
Primer caso: la supuesta e inquietante presencia de maras (marginales de extrema violencia) en la Argentina. La semana anterior, tras un operativo antidrogas exitoso realizado por la policía en el conurbano bonaerense, el ministro de Seguridad de la Provincia, Christian Ritondo, aseguró que entre los detenidos se encontraba un presunto narcotraficante peruano a quien identificó como miembro de la mara Salvatrucha, la más notoria de las agrupaciones de marginales centroamericanos nacidas en Los Angeles y multiplicadas en El Salvador y otros países de Centroamérica. El funcionario y sus acompañantes (y también el secretario del área en el gobierno nacional, Gerardo Milman, segundo de Bullrich) dieron detalles que aparentaban un alto grado de certeza, pero el paso de los días fue diluyendo tal condición, en particular tras el análisis de expertos en este fenómeno tan particular, localizado y estudiado. El especialista en el tema Oscar Martínez, quien integra Sala Negra en El Faro (medio prestigioso que investiga el fenómeno de las maras y la violencia) y que obtuvo varios premios a la excelencia periodística, dijo que tras la supuesta aparición de una célula peruana de la mara Salvatrucha en la provincia de Buenos Aires, todos los expertos consultados “coincidieron en que la hipótesis no se sostiene”. Y que agregó: “Fue una reacción bastante alarmista de los funcionarios argentinos, quienes dieron información con poco contexto y los medios replicaron como
si fuera un apocalipsis pandillero”. En la página de la fundación La Alameda, Lucas Manjon –jefe de investigación de Bien Común y coordinador de la Red Nacional Antimafia–, afirmó que “no hay maras ni organizaciones similares en la Argentina” y sostuvo que “el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, tratan de instalar el miedo ante la falta de políticas públicas”.
Segundo caso: la ministra Bullrich encendió una luz de alarma pocos días después, al afirmar que había sido detenido en la Argentina un terrorista libanés buscado en todo el mundo, Mohamed Khalil El Sayed. Pues no era ni terrorista ni libanés, sino un libio de nombre parecido a quien buscaba la policía brasileña por lavado de dinero. Afortunadamente, la confusión duró poco tiempo, pero sí
el suficiente para inquietar a la opinión pública y ocupar espacios importantes en portales de noticias, radios, televisión y algún medio gráfico, que “compraron” la versión de la ministra a ojos cerrados.
Es gratificante para los periodistas transmitir noticias de alto impacto, y en especial si son primicias. Pero así como se manipularon datos durante los años del kirchnerismo ante la aquiescente y cómplice mirada de periodistas militantes, no vaya a ser ahora el caso de aceptar como verdades reveladas toda construcción de
relato surgida del gobierno actual.
La verborragia política no es buena
