La entrevista al ministro Martín Guzmán en PERFIL confirma la existencia de coincidencias entre el programa económico actual y el implementado durante el gobierno anterior a pesar de los esfuerzos para diferenciarlos recurriendo a eufemismos sobre Patria, Nación y Pueblo. El ministro Guzmán expuso la necesidad de aumentar las exportaciones apuntando a “una mayor capacidad productiva en los sectores transables”, reducir el déficit fiscal y llegar a un acuerdo con el FMI que “cuide a la Argentina”.
Este diagnóstico concuerda con el efectuado por los economistas que acompañaron al ex presidente Macri. Las frases “las necesidades sociales superan lo que Argentina puede financiar” y “la Argentina debe transitar por un estrecho camino, un angosto corredor con restricciones muy fuertes” con el fin de alcanzar un déficit aceptable para el mercado reflejan el mismo lenguaje utilizado en el período 2016/2019 para justificar el gradualismo.
Los sectores que enumera Guzmán para promover el crecimiento son similares a los destacados en el período anterior. El 18 de agosto se envió al Congreso el proyecto de Ley para la Industria Automotriz, el 30 de septiembre para el Fomento al Desarrollo Agroindustrial y el 21 de septiembre para la Promoción de Hidrocarburos. El 7 de octubre de 2020 se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento modificatoria de la de mayo 2019; el 13 de julio de 2016 se aprobó la Ley para el Fortalecimiento del Autopartismo y el 10 de enero de 2017 se firmó el Acuerdo Multisectorial para el Desarrollo de Vaca Muerta y el llamado a licitación para la construcción de un gasoducto para evacuar la producción desde esa cuenca.
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Los anuncios de inversiones para la generación de hidrógeno verde y la construcción de una planta para litio coinciden con el énfasis en minería y energía renovable que en el período previo pasó del 1% al 8% en producción de electricidad. Todas las inversiones extranjeras requieren con cualquier gobierno regímenes que contemplen exenciones impositivas, libre importación de bienes de capital, disponibilidad de divisas, seguridad jurídica y arbitraje internacional.
Esta sucesión de hechos muestra la continuidad del modelo para la economía real basado en exportaciones de recursos naturales que permitiría obtener divisas para atender la demanda de los que solo producen para el mercado interno. Solo cabría sumar la desregulación de los servicios aéreos para facilitar el turismo nacional e internacional para beneficiar a todas las regiones.
Las políticas de retenciones agropecuarias y el Régimen Industrial de Tierra son temas controversiales. El precio de la soja entre 2016/19 fue de 320 dólares mientras que en mayo de este año superó los 600 y el Régimen Industrial basado en exenciones impositivas y libre importación promueve una relocalización en perjuicio de la provincia de Buenos Aires.
La discrepancia entre la política actual y la anterior pareciera residir en el manejo del sector financiero. El ministro Guzmán destacó la necesidad de contar con opciones para los activos en pesos para desterrar el bimonetarismo y crear un mercado de capitales interno. Para ello, recurrió a controles, devaluaciones y restricciones para forzar a los tenedores de pesos a mantenerse en esta moneda a pesar de las condiciones internacionales favorables. En cambio, la política anterior estaba basada en un marco de confianza y estabilidad donde los inversores no corrieran riesgos de pérdidas de capital calculado en moneda estable o someterse a postergaciones y renegociaciones.
La recurrencia a descalificaciones o el impedimento de lograr coherencia interna impide ver la posibilidad de acortar distancias y generar reglas que permitan convertir a la Argentina en un polo para el desarrollo de sus ventajas comparativas definidas por el ministro Guzmán como las que “no se mueven”, pero que en realidad, deberían alcanzar también a las otras para recuperar empleos que desaparecieron en las últimas décadas. .
