Las correcciones urgentes que necesita el modelo

Aunque el termómetro oficial no lo perciba, una inflación elevada durante tantos meses consecutivos indica que algunas cosas no están funcionando adecuadamente en la política macroeconómica argentina. Desde algunos ámbitos, se señala que el problema es la política de dólar alto, que potencia los efectos de la inflación “importada” y dificulta el ajuste de los precios relativos de la economía después de la devaluación. Su recomendación es no intervenir más en el mercado cambiario y dejar caer la cotización de la divisa americana. ¿Pero es ésta la única salida?
La sugerencia de esta línea de pensamiento es un planteo limitado y sesgadamente monetarista, que propone como objetivo excluyente el control de la inflación, desatendiendo al resto de los instrumentos de política macroeconómica y dejando en segundo plano otras metas igualmente validas, como el crecimiento sostenido del nivel de actividad y la creación de puestos de trabajo. Un dólar más barato es, para ellos, la mejor manera de contener las presiones inflacionarias que surgen del aumento del precio de los commodities y del ingreso de capitales. Esta estrategia, sin embargo, no toma en cuenta que apreciar la moneda puede servir para estabilizar los precios, pero afectando a su vez la rentabilidad empresaria en los sectores de bienes transables e impactando negativamente en la tasa de ahorro global de la economía.
Una visión alternativa es la que aconseja redoblar los esfuerzos para incrementar el ahorro público, como el mecanismo más eficaz para contener el crecimiento de la inflación, dilatar el atraso cambiario y evitar los crecimientos insostenibles del consumo impulsado por circunstancias transitorias. Por otro lado, un superávit fiscal estructural y el consecuente tipo de cambio alto generan una mayor tasa de ahorro que mejora el potencial de crecimiento sostenido. La evidencia internacional sugiere que los países que estabilizan genuinamente un tipo de cambio alto, como Chile y China, no conviven con inflación y crecen finalmente más que los países que recurren exageradamente a la política monetaria y al atraso cambiario.
Este análisis estaría convalidando la política de superávit fiscal y dólar caro del Gobierno argentino. Sin embargo, la inflación local es substancialmente superior a la que tienen estos dos países traídos como ejemplo. El problema es que la política fiscal no tuvo el comportamiento que debería haber tenido para estabilizar la inflación. En los primeros dos años de la anterior gestión presidencial, se logró un superávit fiscal que alcanzó casi 4% del PBI en 2004. Pero esa política, que incidió en la baja inflación de esos primeros años, se abandonó y, a medida que la economía se acercaba al límite de su capacidad productiva, el superávit fiscal en lugar de aumentar, disminuía. Para colmo, la política fiscal se deterioró de la peor manera, aumentando el gasto público a la vez que se incrementaba la presión impositiva.

Frente fiscal. Es crucial entonces estudiar la sustentabilidad del superávit primario, ya que ésta juega un rol fundamental en el largo plazo. Con un frente fiscal precario, la viabilidad del actual modelo económico podría verse jaqueada. En este punto, es importante mencionar que el ahorro que muestra el sector público es actualmente mucho más elevado que el que se registraba en la década pasada. Entre 2003 y 2007, el superávit primario del sector público nacional ascendió en promedio al 3,3% del PBI, porcentaje que más que cuadriplica al registro promedio del período comprendido entre 1993 y 1999, que ascendió a 0,7% del producto.
Sin embargo, la sustentabilidad del superávit primario parece frágil, ya que viene reduciéndose año tras año. Si a fines del año pasado no se hubiesen registrado como ingresos corrientes los fondos de los aportantes a las AFJP que volvieron al sistema estatal, el superávit primario de 2007 hubiera ascendido a 2,2% del producto, lo que hubiese implicado una caída de casi dos puntos porcentuales respecto del máximo histórico de 2004 (3,9% del producto).
La sustentabilidad del superávit primario también es función de la “calidad” de los ingresos tributarios y del tipo de erogaciones del sector público. Simplificadamente, se podría decir que el superávit primario es más sustentable cuanto más permanentes sean los ingresos fiscales y menos explosiva sea la dinámica de la expansión del gasto público.
El superávit primario del Gobierno nacional registrado entre 2003 y 2007, estuvo edificado básicamente sobre el aumento de la presión tributaria. Durante los últimos años, dicha presión aumentó del 19% del producto en 2003, al 26% en 2007, superando ampliamente a la de los años precedentes, que promedió un 17%. Este aumento de la presión tributaria tiene dos aristas. Por un lado, es resultado de la aparición de dos nuevos impuestos: Débitos y Créditos Bancarios y Retenciones a las Exportaciones, que en 2007 representaron 1,9% y 2,5% del PBI; respectivamente. Por el otro, responde a una mejora de la administración tributaria.
Dicho avance se aprecia cuando se observa que la recaudación, sin estos nuevos tributos, ascendió a 21% del producto en 2007, lo cual implica 4 puntos porcentuales más que el peso relativo que tenía la recaudación durante el período 1993 / 2001. Son precisamente estos dos impuestos distorsivos, los que explican más del 100% del superávit primario actual. El ahorro oficial registrado en 2007, se habría reducido de 3,1% del PBI a 0,6%, si no se hubiesen mantenido las Retenciones a las Exportaciones.  Sin retenciones y sin el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, hubiéramos tenido un déficit fiscal primario de 1,2% del producto en el ultimo año. En otras palabras, el superávit primario del ejercicio fiscal pasado habría sido más bajo que el que se registró en promedio durante los años de la Convertibilidad. Asimismo, el producido del aumento de la recaudación no se ha repartido equitativamente entre los diferentes niveles de Gobierno. En los últimos años, los ingresos fiscales de la Nación han ganado peso relativo en relación con el PBI en detrimento de las administraciones provinciales, ya que las Retenciones a las Exportaciones, que vienen aumentando año tras año, no se coparticipan.
Para el sector público nacional, no es lo mismo incrementar las alícuotas de las retenciones que subir las del impuesto a las Ganancias. La suba de las retenciones no las tiene que compartir con las provincias, mientras que la mayor recaudación de Ganancias se debería dividir prácticamente en partes iguales.  Sin embargo,  a pesar de que los ingresos fiscales del sector público nacional aumentan año tras año en términos del producto y que el Estado nacional recibe ingresos tributarios que no comparte con las provincias, su superávit primario cae sistemáticamente como resultado de una política de gasto excesivamente expansiva.
En definitiva, la persistente inflación en nuestro pais no es evidencia válida de una aparente  inconsistencia intrínseca de los modelos de tipo de cambio alto. Es simplemente reflejo de la ausencia de medidas adecuadas que deberían acompañar a esa política. Contener la presión inflacionaria exige moderar el consumo privado, en particular en los sectores medios y altos y encarar una desaceleración del gasto público corriente, modificando los incentivos de política para promover la inversión. Encarar estas correcciones implica reconocer que el modelo necesita algunas rectificaciones, que se hacen más evidentes cuando nos toca, como ahora, convivir con un mundo que se torna cada vez más volátil.