En estos días, el tema de la conducta de la ciudadanía frente a la ley, ha sido muy comentada, especialmente por los fallos de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la inconstitucionalidad de la presentación reiterada de algunos candidatos a gobernadores, por una continuidad que atenta contra el mandato constitucional nacional, aunque se sustenta en las Constituciones provinciales. Esto tiene una larga tradición en el país, pero en pocos casos antes ha sido denunciado y ha intervenido la Justicia, como ocurrió en estos dos ejemplos. Es frecuente porque los cambios de las Constituciones provinciales son habituales, sin embargo, la reiteración de candidaturas no es un hecho que se denuncia con la misma frecuencia que ocurre. Así en muchos otros aspectos en los que hay situaciones de violación de derechos constitucionales que tienen un respaldo legal, a través de leyes que no tuvieron en cuenta lo que establece la Constitución Nacional al ser sancionadas. Estos casos fueron muy comentados porque ocurrieron pocos días antes de la fecha de las elecciones en esas provincias, de no ser por esto, no sería tan comentados. En el país tenemos una antigua cultura de no respeto a la legalidad, que se ha estructurado desde la misma creación del país y antes que se fue consolidando. El domingo pasado en El Observador la nota “Cómo fortalecer una cultura de la legalidad” evidencia un aspecto de incumplimiento por parte del PEN, al no reglamentar un artículo de una ley, algo que se repite en muchísimos casos de diferente tipo. Allí la autora señala la necesidad de que “nuestro sistema institucional requiere del cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de sus obligaciones constitucionales, como del control por parte del Congreso y del Poder Judicial”. Esto evidencia cómo los tres poderes del Estado incumplen el apego a la Constitución Nacional. Esto por supuesto, tiene un correlato en la población, especialmente porque no existe una actitud de castigos y premios frente al no cumplimiento o el cumplimiento de la ley. Entonces, pago los impuestos o no, total sé que no me castigan o el castigo es mínimo o luego me dan la posibilidad de las moratorias, que son más favorables y me permiten regularizar mi situación. Todo esto bajo un concepto de “viveza “que es valorado en la sociedad. Así el que cumple la ley parece un tonto, frente al que la incumple. Esto nos conduce a la impunidad ante el no cumplimiento, algo que las mujeres y niñas en toda nuestra diversidad conocemos muy bien lamentablemente. Solo recordar todos los casos de violadores y agresores, incluso femicidas que son perdonados o absueltos por la Justicia y también por la sociedad. El caso reciente de la absolución de Juan Dhartés en Brasil es un ejemplo. Interesante porque la Justicia de San Pablo no dice que es inocente, reconoce el abuso, pero como no lo pueden “comprobar” lo absuelven. Obvio, la única testigo en estos casos son las víctimas y a ellas no se les cree, entonces no hay pruebas, hasta cuando hay lesiones, pero no testigos del hecho. Universalmente en casos de violencia sexual es claro que la Justicia debe reconocer el testimonio de la víctima y cómo se debe actuar, incluso cuando tienen actitudes, a veces contradictorias, porque viven gran presión psicológica y socioeconómica. El tema no es solo tener leyes, sino que éstas se basen en la Constitución, es una responsabilidad de los legisladores y también que se ocupen de su reglamentación y aplicación. Luego es la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Judicial. Es una cultura que debemos lograr, como ciudadanía tenemos responsabilidad. Las mujeres y niñas en toda nuestra diversidad reclamamos leyes que igualen derechos como dice la Constitución, pero después hay que velar por su cumplimiento y denunciar cuando se incumple.
