A Carlos Kunkel le había salido una defensora inesperada, Lilita Carrió, pero otra dama de definiciones rotundas, la presidenta Cristina Kirchner, puso las cosas en su lugar al promulgar sin modificaciones la ley que otorga una pensión graciable de 6 mil pesos mensuales para todos los ex “presos políticos” —que ya fueron indemnizados en los noventa— cuyo número se calcula en 10 mil personas.
"Es todo una mentira periodística", dijo la diputada Carrió a principios de este mes, cuando el periodista Pablo Rossi, en el programa Hora Clave, de Mariano Grondona, le mencionó que esa pensión sería cobrada por el diputado Kunkel, entre otros kirchneristas ilustres como Carlos Zannini, Juan Carlos Dante Gullo, Gerardo Ferreyra y Jorge Taiana.
"La pensión es para los que no están en la seguridad social. Para los que no tienen nada, que no tienen ni jubilación", afirmó Lilita. En realidad, más allá de las palabras de la diputada de UNEN, la pensión graciable es para todos quienes estuvieron detenidos hasta el 10 de diciembre de 1983 "por causas políticas, gremiales y estudiantiles”, estén o no jubilados o pensionados y cobren o no un sueldo en la actividad pública o privada.Así lo establece la Ley 26.913 sancionada el 27 de noviembre por el Congreso, promulgada el lunes por la Presidenta y publicada ayer en el Boletín Oficial.
Hay cuatro provincias que ya pagan una pensión a los ex “presos políticos” que viven en esos distritos; para esos casos, el artículo 2 de la Ley 26.913 indica que ellos deberán optar entre cobrar la pensión provincial o la pensión nacional; se estima que todos se transferirán a la jurisdicción nacional porque es más dinero y porque está atada a los aumentos que reciban los empleados públicos.
Esto es así porque la ley establece que la pensión graciable será retribuida con la misma remuneración que reciben los empleados encuadrados en la Categoría D del escalafón del personal del Sistema Nacional de Empleo Público.La pensión graciable de 6 mil equivale a más del doble de una jubilación mínima, para la cual, además, el beneficiado tiene que haber hecho aportes durante buena parte de su vida.En principio, el costo anual del beneficio alcanza a los 720 millones de pesos.
Todos los ex “presos políticos” cobraron ya una indemnización por haber estado detenidos en virtud de una ley sancionada y promulgada durante la presidencia de Carlos Menem, en los noventa.
En el programa de Grondona, Lilita Carrió también dijo que sólo habían sido indemnizados los presos durante la última dictadura, pero eso tampoco es así ya que fueron beneficiados todos los detenidos a partir del 6 de noviembre de 1974, cuando la presidenta Isabel Perón decretó el estado de sitio, que luego fue ratificado por el Congreso.
En los últimos años, a través de leyes sucesivas, ese beneficio fue ampliado a los “presos políticos” desde el golpe de 1955 contra el presidente Juan Perón.
La ley sancionada y promulgada ahora también podría beneficiar a los detenidos desde el golpe contra Perón ya que su redacción habilita una interpretación en ese sentido, según evaluaban ayer algunas asociaciones provinciales de ex “presos políticos”.
La ley fue tratada en la última sesión de Diputados sobre tablas y, como no figuraba en el Orden del Día, tuvo que ser aprobada con una mayoría especial de al menos los dos tercios de los legisladores presentes. Así se hizo: tuvo 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención. El resto de los diputados (son 257 en total) no estuvo presente.Votaron a favor todos los kirchneristas; casi todos los peronistas no kirchneristas; los radicales, como Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Atilio Benedetti; Lilita Carrió, y los socialistas.
(*) Editor ejecutivo de Fortuna; su último libro es ¡Viva la sangre!
