Pasadas las doce del mediodía del viernes el dólar tocó los 10 pesos. Fue fuerte. La preocupación en el Gobierno aumentó. La Presidenta reunió al equipo económico –en realidad no es un equipo, sino un desbande– en busca de soluciones “mágicas”. No las encontró. Allí nadie sabe qué hacer. A la media tarde, Cristina Fernández de Kirchner voló a El Calafate. Más allá de la falta de decisiones y de las insistentes declaraciones de los funcionarios acerca de la marginalidad supuestamente inocua del dólar paralelo, sus efectos negativos sobre la economía se hacen cada vez más evidentes.
La meta del Gobierno es clara: hay que llegar a las elecciones evitando una devaluación. El problema es que este objetivo se hace cada vez más difícil de lograr. Un dato ilustra el viaje sin retorno que ha emprendido la cotización del dólar blue: para frenar su escalada, a principios de la semana el Gobierno decidió poner en la calle 20 millones de dólares. Fue como tirar un grano de arena en un océano. En muy pocos minutos, una demanda insaciable se los “devoró” sin que la tendencia ascendente se frenara.
La actividad industrial cae; la construcción cae; las exportaciones caen; la producción de soja cae; la producción de combustible cae y el poder adquisitivo de los salarios cae. Es que la inflación, en cambio, sube. El acuerdo de precios es una entelequia. Sin embargo, para el Gobierno está todo bien. Según Amado Boudou –a quien Guillermo Moreno sigue llamando “el chorro” o “el chorrito”, según el mejor o peor humor con el que se haya levantado– sostiene que el dólar no ha experimentado cambios desde el 2003 y que el ministro de Economía Hernán “me quiero ir” Lorenzino dijo lo que dijo porque “estaba cansado” (sic).
La imputación que el fiscal Guillermo Marijuán ha hecho a Lázaro Báez ha preocupado al Gobierno. El texto de tal imputación lleva además una muy severa acusación contra la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, engendro creado por la procuradora Gils Carbó. Este órgano debería supuestamente abocarse a la investigación de maniobras sospechosas de lavado de dinero. No obstante, en el así llamado Lázarogate –en verdad el nombre más adecuado sería “Lázaro-Néstorgate”– nada ha hecho. Eso es lo que le reprocha con prosa dura Marijuán.
En el grotesco que representa la Argentina de hoy, el aporte de los opositores no es menor. La pelea entre el peronismo disidente y Macri, luego de la foto que compartieron en Córdoba el miércoles De la Sota, Moyano, Lavagna y De Narváez –de la que quedó excluido el jefe de Gobierno porteño– desnuda que la hoguera de vanidades y las rencillas allí existentes no amainan. Macri sabe que sin un pie en el peronismo disidente sus chances presidenciales alcanzan la dimensión de la nada. Los hechos de represión policial indiscriminada en el Borda fueron repudiables. Es verdad que había gente encapuchada con piedras y que hubo policías heridos. Eso de ninguna manera justifica el brutal accionar de los efectivos de la Metropolitana. Por acción u omisión, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro es el principal responsable político de esa barbarie. A estas horas, su renuncia debería ser una realidad.
Lo que está pasando en el mundillo judicial es grave. La Justicia reclama mejoras a gritos. Pero eso no es lo que el Gobierno busca y quiere. En muchos fiscales hay miedo; en muchos jueces también. Para tener una real dimensión de este apriete contra los sectores judiciales que aspiran a ser independientes del poder político, es útil adentrarse en la página de la Procuraduría General de la Nación en la que se destaca un ítem titulado: “Más de un centenar de organizaciones respaldaron las políticas impulsadas por la Procuradora General”, en el que no sólo se apoya a Gils Carbó, sino que también se descalifica y denuesta a Marijuán por haber dado curso a la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla por el nombramiento a dedo de fiscales, tanto en el Procelac como en la procuraduría Contra la Violencia Institucional y la de Narcocriminalidad. Por eso, muchos de esos jueces y fiscales ruegan que no les caigan ninguna de las causas originadas por denuncias acerca de delitos de corrupción que comienzan a llover contra el Gobierno.
La gran caja del kirchnerismo ha sido y es la obra pública. Ya en 2005, en un contundente discurso pronunciado en la reunión anual de la Cámara de la Construcción, cuyos asistentes aún recuerdan con precisión, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, advirtió sobre la existencia de sobreprecios que poblaban muchas de las adjudicaciones de obras pública. Lavagna había encargado a un grupo de sus colaboradores un análisis pormenorizado de los costos reales de esas adjudicaciones. Sus conclusiones fueron terminantes: los sobreprecios eran una realidad innegable. Néstor Kirchner y Julio De Vido se disgustaron con el ministro con cuyas denuncias nada pasó. En cambio a él sí le pasó algo: a los pocos días, el entonces presidente lo echó.
“No te preocupes. Nadie te va a robar nada”, le contestó la Presidenta, con tono destemplado, a la ciudadana que se quejó por la corrupción durante el acto en que Fernández de Kirchner anunciaba obras públicas en la localidad santacruceña de Las Heras. ¿Alguien puede creerle?
