La detención de José Pedraza, el hasta ahora intocable líder de la poderosa Unión Ferroviaria, es un hecho de enorme trascendencia desde tres aspectos fundamentales, a saber: jurídico, político y gremial. Veamos:
Desde el punto de vista judicial, lo es porque confirma la existencia de evidencias de peso referidas a la sospechosa condición de autor intelectual del brutal crimen de Mariano Ferreyra atribuida al líder sindical ahora preso.
Desde el punto de vista político, lo es porque roza, no sólo al Gobierno –que alimentó una alianza con Pedraza, la que luego pretendió negar y que a la postre devendría en un verdadero salvavidas de plomo para el oficialismo–, sino que también sacude a la conducción de la CGT.
Finalmente, desde el punto de vista sindical, porque con la detención de Pedraza quedó al descubierto, una vez más, un nivel de prosperidad económica difícilmente explicable –al igual que la que exhiben otros líderes sindicales de la cúpula de la CGT– propia de un magnate, hecho que no hace más que confirmar las sospechas de corrupción que circundan al dirigente detenido.
En este marco, otra vez la Justicia estuvo en el centro de la atención como consecuencia de las reacciones que se fueron produciendo en torno del caso. Apareció, otra vez –y seguramente impulsada por el recuerdo de lo acaecido en el caso de Gerónimo Venegas– la metodología del apriete. Ahí estuvieron pues, los sectores más cercanos al líder ferroviario, llevando adelante los paros que dejaron literalmente en la vía a decenas de miles de personas que, indefensas, tuvieron que afrontar una humillación aún mayor que la que diariamente les impone la dura realidad de viajar en trenes obsoletos, destartalados, imprevisibles e inseguros. Afortunadamente, la jueza Wilma López –que no es Oyarbide– se mantuvo firme en su postura, producto seguramente de la fortaleza de las evidencias con las que cuenta y, por ende, ninguno de esos aprietes funcionó. El decurso de los hechos demostró, además, que la situación de Pedraza es muy delicada; al respecto, el silencio de la CGT tuvo el valor de una lápida.
En la particular interna que se ha desatado dentro el Gobierno, el ala dura del kirchnerismo ha expresado su satisfacción con la detención de Pedraza, no sólo porque ello ha representado un avance importantísimo en cuanto a demostrar la real intención tanto de la jueza como del fiscal de la causa de ir tras los pasos de los autores intelectuales del crimen de Mariano Ferreyra, sino también por que ello ha significado también un paso adelante en la avanzada contra la así llamada burocracia sindical.
El caso Ferreyra proyecta así toda su dimensión política. Queda, sin embargo, un asunto pendiente de una investigación aún más profunda: es el referido a la conducta de los efectivos de la Policía Federal desplegados ese día en el lugar de los hechos, quienes recibieron la inexplicable orden de abandonarlo, dejándolo así transformado en una verdadera zona liberada. Al margen de los efectivos policiales bajo sospecha, las características de su accionar llevan inexorablemente a buscar en los niveles superiores a ellos el origen de una orden calve para que la patota que respondía a la conducción de la Unión Ferroviaria actuara de la forma en que lo hizo.
En donde los espíritus se crispan día tras día es en la relación de la provincia de Buenos Aires con la Nación. Dos temas le complican la vida política a Daniel Scioli: uno es el de las colectoras; el otro, el de la inseguridad.
Las llamadas colectoras siguen siendo piedra de una discordia que dejará heridas difíciles de cerrar en muchos intendentes kirchneristas de la Provincia. “Si el Gobierno insiste con esto, va a potenciar a otros sectores del peronismo que, a manera de ambulancias, se van a quedar con la adhesión de varios de ellos”, expresó en la semana el intendente kirchnerista de General Villegas, Gilberto Alegre. En ese universo se inscriben una cantidad de jefes comunales a quienes el único amor que los une al kirchnerismo es el de la caja. “Van a terminar arreglando con nosotros porque no les queda otra; ¿adónde se van ir, si no?”, señala una voz que refleja el pensamiento de un ministro con despacho en la Casa Rosada, la que agrega: “Necesitamos de las colectoras sí o sí por que sin ellas el triunfo en primera vuelta se torna casi imposible”.
El otro asunto complicado para Scioli es el de la seguridad. Los embates contra su ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, son ya cosa de todos los días. El gobernador –al menos por una vez– ha reaccionado y ha dado órdenes de salir a defenderlo. Habrá que ver cuánto tiempo más resiste. El ala dura del kirchnerismo detesta a Casal porque considera que su enfoque del problema va en dirección exactamente opuesta a la que se propugna desde el ministerio que encabeza la doctora Nilda Garré. Hay allí, por lo tanto, un capítulo muy denso con final abierto, en el que se mezclan muchas cosas. En la conferencia de prensa en la que se buscó presionar para desplazar a Casal, estaba el diputado por Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, quien le habrá de disputar la gobernación a Scioli. Esto encendió las luces rojas en el entorno del mandatario provincial. A todos ellos les queda claro que lo que está en juego ya no es tanto la permanencia del cuestionado ministro, sino la gestión de Scioli y su futuro político. Los sectores duros del kirchnerismo sienten un visceral desprecio por el gobernador. Esto ya no es un secreto a voces; muy por el contrario, es algo que no se calla y que se expresa en voz bien alta. Nadie sabe bien qué es lo que hará Scioli de aquí en más. Lo que sí se sabe es lo que harán sus adversarios internos quienes, ante la realidad de no poder prescindir de él –en todas las encuestas a la gobernación lidera– intentarán esmerilarlo, acotarlo y, si es posible, humillarlo. Es lo que hay.
Producción periodística: Guido Baistrocchi
