El ejercicio institucionalizado de la violencia tiene como consecuencia el escenario del martes y miércoles pasado en Córdoba. El reclamo sectorial de la fuerza policial no es un reclamo sindical más, es el reclamo de la institución que para buena parte de la población de Córdoba es la cara del Estado provincial.
La noción de “seguridad”, esgrimida y puesta en marcha por el gobierno provincial, es más que una política específica en un área específica, es claramente un marco ideológico a través del cual se delinean todas las políticas y prácticas de este gobierno. Dicho marco trabaja sobre el supuesto de la violencia como un hecho y/o una probabilidad inminente (de allí la insistencia en no derogar el Código de Faltas con sus figuras y formas claramente anticonstitucionales, el uso abusivo de la Justicia frente a conflictos sociales, etcétera), habilitando un accionar de la estatalidad enfocado en la represión y/o atención de urgencia, más que en políticas y programas dirigidos a solucionar las condiciones que hacen a la violencia social, esto es resolver situaciones extremas de precarización, vulnerabilidad y marginación, consecuencia de carencia de cuestiones básicas y esenciales para una vida posible: tierra, vivienda, educación, trabajo, salud.
El Código de Faltas es una ley provincial que permite a la policía de la provincia detener a ciudadanos según cien contravenciones que enumera. El Código ha despertado numerosas manifestaciones y repudios en su contra por considerarse anticonstitucional en varios aspectos, como por ejemplo, no establece la participación de un juez para determinar la sanción de los hechos. Por otra parte, el Código de Faltas no aminoró la tasa de delitos y habilita prácticas discriminatorias contra los jóvenes, sobre todo, residentes de barrios populares.
Ese marco ideológico de la seguridad ha configurado una estrategia de gobierno, fuertemente verticalista, que no admite discusiones y fisuras en el liderazgo, por un lado; por otro, una fuerza jurídico-policial que al ser la mano visible de tal Estado, tenga extensas facultades y consecuentemente condiciones de trabajo que reivindique las tareas a las que se la está destinando.
Los hechos acaecidos son el último eslabón de la larga serie de hechos que se vienen sucediendo y que de manera no exhaustiva se pueden enunciar en el paro de judiciales, la orden de desalojo de Piedra Blanca, la judialización de las manifestaciones en Carlos Paz, la represión al acampe contra la instalación de la Planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, el escándalo por las conexiones entre narcotráfico, policía y política. Esta sucesión parece no tratarse de un hecho fortuito, sino más bien de la descomposición y tensiones surgidas al interior mismo de la fuerza política a cargo del gobierno de la provincia. En este sentido, las pujas por la sucesión al frente del ejecutivo ha alcanzado ribetes alarmantes, que se expresan en los territorios y barrios de la ciudad y también en las instituciones.
Esta no es una ciudad de delincuentes que sin presencia de la fuerza policial es tierra de nadie. Este es un modo de gobierno que extiende a la sociedad todas sus disputas y nos vuelve a todos rehenes de un poder irresponsable y displicente.
*Doctora en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Administración Pública (Iifap-UNC), Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC), Docente e Investigadora (UCC y UNC). Directora Colectivo de Investigación El Llano en Llamas, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
