“¿Saben por qué los laboratorios argentinos producen medicamentos con marca? Porque esas marcas son garantía de calidad, seguridad y eficacia, propias de una industria líder”. El publituit desde la cuenta de Marcelo Longobardi del 28 de noviembre de 2018 (https://bit.ly/35H0lNN), que incluía una imagen con el logo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) merecería estar en un cuadro en el museo de la influencia de los popes de los remedios argentinos en el debate público. Los tipos logran que el periodista número uno de la radio escriba como de motu proprio una reflexión sobre la importancia de fabricar medicamentos en el país, como si fuera Rocío Guirao Díaz posteando una foto en bikini desde un hotelazo en Tulum diciendo “vacaciones en familia”.
Semejante exhibición de poder tal vez solo sea comparable a la del sello de los laboratorios extranjeros nucleados en la Cámara de Especialidades Medicinales (Caeme), que habitualmente consigue exponer sus posiciones sobre precios y regulaciones a través de la Embajada de los Estados Unidos y la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense (Amcham), mensajes que suelen coincidir con lo que publica la pluma top de la información política, Carlos Pagni, en el diario La Nación, donde siempre aparecen críticas a la producción nacional de y sus principales referentes, los de la promoción de Longobardi.
Ese lobby nivel Dios del mundo de la salud discute en silencio una torta que con prepagas, obras sociales y clínicas mueve un 10% del Producto Bruto Interno, algo así como US$ 35 mil millones. Las peleas salen poco a la superficie y por eso llaman la atención cuando sus intereses ocupan el tiempo de los comunicadores más importantes, pero hay que decirlo: no nos enteramos de nada, no la vemos ni cuadrada. Ahí donde hay tratamientos contra el cáncer, se disputan share de mercado; ahí donde alguien habla de abaratar el acceso a la salud, discuten duraciones de monopolios de drogas para la diabetes; ahí donde se habla de competencia, usan eufemismos como “estrategias comerciales agresivas” para armar congresos y viajes con profesionales para que siempre receten la alternativa de ellos.
Esa galaxia tan lejana como decisiva está parando las orejas con los primeros movimientos de la nueva administración, aún cuando el kirchnerismo y el peronismo siempre hayan sido laboratorios-friendly, aún cuando al frente del Ministerio de Salud esté un viejo conocido como Ginés González García, aún cuando haya habido un encuentro cordial con Alberto Fernández para bajar medicamentos 8% después de haber aumentado 70% en el año, aún cuando alguno le haya regalado al primer mandatario un libro de entrevistas de Bob Dylan.
El Gobierno acaba de crear la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, que tiene al frente a Sonia Tarragona, y que asoma como un primer desafío para la industria. Tiene entre sus objetivos refundar el plan Remediar de productos esenciales, y también trabajar en dos áreas que activan notificaciones en los celulares de lobbistas tanto nacionales como gringos: continuar con las compras conjuntas que inició el gobierno anterior, sumando a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales y prepagas para conseguir bajar precios, y atención: avanzar en la producción pública de medicamentos.
Es el órgano que dará contenido a la frase que ayer fue título en la muy buena entrevista de José Luis Brea a González García en La Nación: “Nadie se va a quedar sin medicamentos por una decisión económica”. Es el anticipo de que se viene un semestre afiebrado, al menos hasta donde la política lo permita. El ministro avisó que quiere avanzar en algún paréntesis para las patentes de medicamentos biológicos caros que se puedan reemplazar por otros similares más baratos. Le están buscando la forma legal. Pasó inadvertido que el Gobierno lo puede hacer porque lo habilita la emergencia sanitaria. Además, habló de que se vienen “precios de referencia” para remedios más populares que tienen grandes oscilaciones entre distintas marcas. Citó el caso de la amoxicilina y dijo que hay versiones muy caras y otras más baratas. La elección de ese ejemplo podría no ser una casualidad. La gente directamente asocia esa droga al nombre comercial de la marca más cara, Amoxidal, líder del mercado. Es un producto insignia de laboratorios Roemmers.
Otro tema de igual importancia que la salud, viendo por ejemplo como se prende fuego Australia, es el cuidado del medio ambiente, también cruzado por lobbys Champion League, con empresas que pagan estudios que dicen lo que necesitan que digan, y presupuestos de marketing y responsabilidad social que todo lo compran, en un desafío no apto para novatos.
El sorpresivo ministro Juan Cabandié aseguró esta semana que el Presidente apoyó la ley minera de Mendoza que luego generó protestas porque había hablado con el gobernador Rodolfo Suárez poco antes de disertar aquel 18 de diciembre ante la Asociación Empresaria Argentina, cuando dijo que esa era “la forma de generar riqueza”. Lo extraño es que también había apoyado ese día la minería en Chubut, otra provincia que resiste esa actividad. ¿Había hablado también con su gobernador?
Son temas menores para el mundo empresario que mira a Fernández cumplir su primer mes entre el “ojalá la pegue para que no vuelva ella” y la reflexión de que “el peronismo siempre es lo que hay”. Ideas que probablemente se hayan repetido anoche en la tradicional cena de banqueros en la chacra Mamá Ganso, de Jorge Brito, en Punta del Este.
