El Cuadernogate abona una vez más la falsa ilusión de que la corrupción tiene límites ideológicos bien marcados y una responsable única, Cristina Kirchner.
Es una visión exculpadora que conviene a todos, en especial a los que de alguna manera fueron parte del problema y hoy pasan desapercibidos.
Empresarios. En las transacciones en las que el Estado kirchnerista participó, los retornos eran la norma. Las cajas principales fueron Vialidad, Energía, Obras Públicas y Transporte. A lo que se agregaba la recaudación para las campañas políticas y los negocios con Venezuela (compra de combustible, manejos con el dólar paralelo venezolano y aprietes a empresas de ambos países).
Quienes hicieron negocios con esa administración entregaron algún tipo de contraprestación para seguir operando. Si los retornos fueron la norma, quienes no los pagaban fueron la excepción.
Que hasta ahora hayan aparecido unos pocos empresarios es apenas porque esto recién comienza.
Además, los que ya se arrepintieron y los que lo harán derramarán con sus declaraciones no solo hacia el Estado nacional, sino también hacia las provincias y municipios. Ya está sucediendo. Porque allí el mecanismo de la corrupción fue el mismo, aunque a distinta escala. En algunos casos se repetirán los protagonistas del escándalo nacional, pero aparecerán otros empresarios que en los distritos tuvieron un rol central.
En las cámaras sectoriales relacionadas con aquellos rubros, esperan con angustia estas repercusiones. Entienden que el camino del arrepentimiento que tomaron sus colegas seguirá siendo el modo de escapar a la cárcel. Ninguno allí desconocía lo que pasaba, aunque haya grados distintos de responsabilidad.
Esta megacausa no solo incluirá responsabilidades durante la década ganada. Lo hará hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y afectará a empresas que crecieron con ese mecanismo mucho antes de Néstor Kirchner. Los empresarios y CEOs que hoy están en el Gobierno conocen la historia. Aunque sea por haberla escuchado cuando eran más jóvenes...
Políticos. La coima como método de recaudación tanto personal como política tampoco nació con el kirchnerismo y quizás no termine junto a él. Ya estaba presente con los militares. Y con el menemismo. El enriquecimiento de sus funcionarios sucedió con las mayores privatizaciones de la historia. Las comisiones que pedían a las empresas parecían insólitas porque eran del 20%. Pero resultaron similares a las de la era K.
Tampoco los radicales fueron ajenos a la corrupción. Durante aquellas privatizaciones, la aprobación de leyes estaba tarifada en el Congreso, y quienes cobraban también eran radicales. De la gestión De la Rúa se hizo famosa la Ley Banelco, por aquella legislación laboral que intentó ser votada a través de sobornos.
Hubo un arrepentido, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto, y una causa en la que todos fueron absueltos con fallo en firme de la Cámara Federal.
Incluso Cambiemos ya tiene su investigación judicial vinculada a los aportantes truchos de sus campañas. Otra forma de resolver en negro el financiamiento de la política que a los políticos no les conviene resolver en blanco.
Con la razón de financiar a la política (“robar para la Corona”) o la motivación del enriquecimiento personal, o las dos cosas, los dirigentes argentinos conocen el método y lo aceptan en off the record. Si los llamaran a declarar, podrían argumentar que no estuvieron implicados, pero no que ignoraban lo que pasaba.
En especial si fueron funcionarios de alto nivel de la administración anterior o tuvieron cargos relevantes en provincias y municipios.
Jueces y fiscales. La comprobación final de una corrupción K que fue denunciada desde el principio por pocos medios y algunos dirigentes como Carrió o Stolbizer evidencia lo que fue la complicidad judicial, similar a la que aconteció durante la dictadura y el menemismo.
Con el kirchnerismo, se repitieron procedimientos vergonzosos. Desestimaban denuncias, las cajoneaban o las cerraban en tiempo récord, e inventaban causas a pedido del Ejecutivo para perseguir a los críticos o para espiarlos con coartada legal.
El reconocimiento parcial de esa trama de parte del ex juez Oyarbide es la punta del iceberg de lo que vendrá. Y que ya sean tres los jueces que se excusaron de intervenir en la secuela Oyarbide de los cuadernos indica lo difícil de que la Justicia Federal se autodepure.
Uno de los últimos magistrados en arribar a ese fuero lo reconoce: “Cuando llegué me aclararon que hay tres tipos de jueces: los honestos y de carrera, los que ‘mejicanean’ y los ‘talibanes’ (militantes políticos antes que magistrados)”. Este juez usa el término “mejicanear” como sinónimo de estafar. Y arriesga, con pesar, que comprobó que la mayoría son deshonestos o militantes.
Puede resultar sanador y un signo de madurez social abandonar la mirada simplificadora de que todo se reduce a un puñado de malos y corruptos que traicionaron nuestra buena fe.
Periodistas. Aquellos jueces y fiscales que no cumplieron con su función no solo tienen a favor la complicidad de sus respectivos fueros. También los protegieron periodistas y medios que conocen y no informan sobre las motivaciones extrajudiciales. Hay dos razones para esa mala praxis.
Una es la necesidad de seguir recibiendo información caliente de esos juzgados. En Tribunales saben castigar a quienes critican con el cierre absoluto de las fuentes.
El segundo motivo es privilegiar la demolición del kirchnerismo frente a cualquier otro mal. El objetivo de ese periodismo es destruir políticamente a Cristina, y su temor es que ser críticos con quienes contribuyen a ello cree un manto de sospecha que enturbie las causas abiertas. Por eso no hablan más del pasado y las denuncias sobre el juez Bonadio.
La década K agrietó de tal forma al periodismo profesional que construyó militantes de un lado y del otro.
También el arrepentimiento de funcionarios y empresarios deja al descubierto el rol de los medios. Si guardaron silencio por ignorancia, no cumplieron bien su función, ni siquiera la de leer a los que denunciaban. Si lo hicieron por temor, es entendible, pero no es lo que sus lectores hubieran esperado. Y si fue porque entregaban silencio a cambio de negocios y pauta publicitaria oficial y privada, no parece ser una forma de cohecho muy distinta a la de los contratistas de la obra pública.
Solo que en lugar de pagar con dinero lo hacían callando información.
Como decía un poderoso empresario de medios brasileño: “No me hice rico por lo que publiqué, sino por todo lo que no publiqué”.
Confesiones. Para las religiones, el arrepentimiento es el mejor remedio contra las enfermedades del alma. Pero en política el arrepentimiento no existe, como demostró Cristina esta semana.
El vía crucis del arrepentimiento argentino recién comenzó, más por conveniencia judicial que por creencia espiritual. No se sabe si habrá empresarios, políticos, jueces y periodistas que, aun sin ser señalados, sientan el mandato de confesar por lo que hicieron o dejaron de hacer.
En cualquier caso, puede resultar sanador y un signo de madurez social abandonar la mirada simplificadora de que todo se reduce a un puñado de malos y corruptos que traicionaron nuestra buena fe.
