Con un dólar oficial por encima de los ocho pesos y uno denominado blue superando los trece, el gobierno nacional nos muestra la decisión de un cambio acerca de la política cambiaria adoptada en los últimos años. Ello con independencia de permitir la compra de dólares para atesoramiento, medida acertada, pero no suficiente.
¿Será que las nuevas autoridades del BCRA prefirieron sincerar el presunto retraso cambiario pensando que esto generará un menor costo al de convalidar la constante pérdida de las reservas existentes?
En un país como la Argentina, las tensiones de precios, en general, obedecen a varias razones. Las políticas tributaria, monetaria, de ingresos, crediticia y de inversión son, quizás, las que mayor repercusión tienen.
Desde hace ya varios años el gasto público, la emisión monetaria, los salarios y el crédito al consumo tuvieron ratios de crecimiento interanual muy superiores a los del crecimiento de nuestra economía. Ello acompañado de la ausencia de políticas concretas que promuevan la inversión privada a efectos de mejorar la estructura de oferta agregada.
Era presumible suponer que dicha tendencia iba a traer aparejado una tensión de precios en nuestra economía y un aumento del costo empresario con la consecuente pérdida de competitividad.
Dichas tensiones, por suerte, no llegaron a transformarse en un espiral inflacionario principalmente por la implementación de las siguientes medidas: revaluación de nuestra moneda (es decir un dólar oficial con modificaciones muy inferiores a la de las variables antes mencionadas), tarifas fijas y una férrea política de control de precios.
Tal situación fue generando una caída de las expectativas de los diferentes actores de nuestra economía: quienes ahorran e invierten, quienes compran y venden y quienes prestan y toman crédito. Desconfianza que, sumada a la existencia de tasas reales negativas, generó una esperada estampida hacia el dólar como refugio de valor y una consecuente fuga de capitales que derivó en el cepo cambiario.
Ahora se pretende de la noche a la mañana adecuar el tipo de cambio en forma abrupta creyendo que no va traer consecuencias indeseadas y sin un plan integral que tienda a generar un cambio de expectativas en el mediano plazo. Esa política aislada sumará a las tensiones de precios ya existentes justo en un momento donde se deben discutir las paritarias o los sueldos de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ello sumado a que han dejado de existir otras anclas antiinflacionarias, como los acuerdos de precios implementados por la Secretaría de Comercio.
Además, el tipo de cambio no es la única herramienta para mejorar la competitividad de nuestro sector exportador ya que, si el objetivo de esta inesperada devaluación fuera el de promover la rápida liquidación de las divisas provenientes del sector agroexportador prevista recién para la segunda quincena de marzo, se podría apelar a beneficios impositivos, crediticios, arancelarios, etc.
Insistimos: la única forma de salir de esta encerrona es anunciar un programa económico integral de mediano plazo que genere un cambio de expectativas en los diferentes actores de nuestra economía permitiendo recuperar mayor confianza.
La bolilla 1 de dicho plan debiera ser “El control de la inflación como política de Estado”. Para ello debiéramos quizás pensar en un esquema de metas de inflación gubernamentales involucrando a todos los organismos con injerencia en las políticas que tienen incidencia directa en esta problemática: tributaria, salarial, monetaria, de inversión y crediticia.
Sólo con políticas de esa naturaleza, no con medidas mágicas y cortoplacistas, podremos retomar el sendero de certidumbre que tanto demanda nuestra sociedad.
*Ex director BCRA. FidesNet.
