El siglo XIX fue faccioso, de formación de las instituciones, y resultó atravesado por una profunda tensión entre prensa y política. En tiempos de libertades acotadas y conflictos permanentes, resultaba limitado el accionar de un periodismo que era genéticamente un arma de la política.
Los hechos de Mayo de 1810 imprimieron su sello al debate, luego de siglos de vida colonial: “Los pueblos yacerán en el embrutecimiento más vergonzoso si no se da una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades de nuestra santa religión y a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor respeto”, leemos en la Gaceta número 3, del 21 de junio de 1810. Detrás de esta aparente contradicción (¿se debe dar “absoluta” libertad pero sin criticar al gobierno y a la religión católica?) se esconden los desafíos de la época: el intento de instaurar nuevas libertades y a la vez consolidar un rumbo revolucionario.
Como otros jóvenes ilustrados universitarios, Mariano Moreno (redactor de La Gaceta de Buenos Aires) admiraba a Jean Jacques Rousseau y por eso se mandaron a imprimir 200 ejemplares del Contrato Social para utilizarlo como libro de texto en las escuelas primarias.
Por la Real Imprenta de los Niños Expósitos apareció una traducción con la leyenda “se ha reimpreso en Buenos-Ayres para instrucción de los jóvenes americanos”. Como nunca dejó Moreno de ser un devoto y un militante de su religión, accedió a suprimir todo lo que Rousseau había escrito sobre este tema por considerar que en esta materia el autor “deliraba”. Moreno, el padre del periodismo argentino, censuró a Rousseau para no desentonar con su público católico rioplatense.
La Revolución de Mayo abrió una etapa en la que aparecieron medidas destinadas a instaurar el derecho individual, a conocer y evaluar los actos públicos, y a proteger un espacio de mayor libertad. El 20 de abril de 1811 se dictó el primer reglamento sobre libertad de imprenta. La nueva legislación establecía “ese precioso derecho de la naturaleza que había usurpado un envejecido abuso de poder” y sostenía la libertad de publicar ideas sin censura previa (antes era lo habitual), con el limite en la ofensa a derechos particulares, la religión católica y atentar contra la tranquilidad pública o la constitución del estado.
Por la misma época, Manuel Belgrano fue gran promotor de ampliar y garantizar las libertades de la prensa. En el número del 11 de agosto de 1810 del Correo de Comercio (fundado en marzo de 1810 por el creador de la bandera), cuatro de las cinco páginas están dedicadas a un texto titulado “La libertad de prensa es la principal base de la ilustración pública”.
Según leemos en él, la libertad de prensa es necesaria para evitar la tiranía, para moderar la arbitrariedad y los abusos, para garantizar la libertad civil, las instituciones públicas y para mejorar el gobierno de la Nación. En opinión de Belgrano, la prensa tenía dos funciones: educativa y política. Y su libertad, tres excepciones: el dogma religioso, las injurias y la obscenidad.
La visión de Belgrano empuja al gobierno revolucionario a defender que las ideas puedan ser expresadas libremente en la prensa, como garantía contra los gobernantes despóticos: “los que mandan y mandaren, no sólo se preocuparán mandar bien, sino que aspirarán a la perfección en lo posible, sabiendo que cualquiera tiene facultad de hablar y escribir”.
En nombre del orden público, el estado en formación buscó consolidar derechos individuales y crear canales para comunicar las luces, pero a la vez controló esos nuevos espacios. El 23 de noviembre de 1811se sancionó un decreto de seguridad individual para garantizar la protección de la vida, el honor, la libertad y el derecho a la propiedad. Es decir, el gobierno revolucionario abrió la libertad pero a su vez la restringió a estrechos límites.
*Periodista e historiador / @dievalen
