Los pagos del Bicentenario y la seguridad jurídica

La semana arrancó con el anuncio del Fondo del Bicentenario y terminó en una polémica con el gobierno de los Estados Unidos en torno a la queja transmitida por empresarios de ese país, respecto de la seguridad jurídica en el nuestro. Interesante derrotero. Sobre todo, si se considera que el argumento central del Gobierno argentino, al destinar parte de las “reservas excedentes” para garantizar el pago de los vencimientos de deuda pública del próximo año fue, precisamente, el de dar “seguridad” a los inversores.

El Fondo del Bicentenario (¡qué pena que se “quemara” ese rimbombante título para dinero destinado a pagar deudas y no para, por ejemplo, financiar una profunda reforma educativa!) no hizo más que explicitar el problema fiscal nacional. Hay que usar las reservas del Banco Central porque se acabó el superávit fiscal y es muy difícil acceder al mercado voluntario de deuda en los montos necesarios y a tasas accesibles. El razonamiento es exactamente el inverso. No es que el Fondo se crea para bajar las tasas de interés que enfrenta la economía argentina. Si no que, como las tasas son altas, dada la desconfianza generada por las medidas del Gobierno argentino, el fondo es la única manera de pagar las deudas o, eventualmente, de conseguir crédito a tasas posibles.

¿Afecta este uso de las reservas del Banco Central, su capacidad de maniobra en torno a una eventual corrida contra el peso? No demasiado. Porque el escenario financiero internacional, por ahora, se presenta tranquilo. Habrá más dólares de exportación, por la soja, el próximo año, aunque menos de los previstos. El dólar sigue relativamente débil, aunque con algún rebote, lo que permite “devaluar sin devaluar”, dado que se mantienen caras las monedas regionales, en especial el real brasileño. Y el tamaño del sistema financiero argentino es casi la mitad de lo que era a fines del siglo pasado. Sin embargo, y con vistas al futuro mediato, siempre es mejor que en las reservas del Banco Central haya US$ 6 mil millones, en lugar de un “papelito” firmado por Kirchner que dice, “vale por US$ 6 mil millones”. Sin mencionar que esta “apropiación” se hace a través de un dudoso mecanismo institucional.

Volviendo a la coyuntura, la cuestión más compleja es que el problema fiscal que obliga a pagar deuda con reservas surge después de la expropiación de los fondos de pensión, que redujo, “de facto”, la deuda neta a pagar. De un solo mal año de la economía, después de cinco de crecimiento a tasas chinas. Con récord de pago de impuestos por parte del sector privado. Y con un reparto de esa presión impositiva a favor de la Nación y en contra de las provincias. Como se puede apreciar, Néstor es tan buen administrador como Duhalde estratega.
Y el problema fiscal federal se inscribe en medio de una crisis fiscal provincial de magnitud creciente. Es decir que no sólo se presentan problemas en las cuentas nacionales, si no que, por el sistema impositivo creado en estos años y por la forma en que explotó el gasto, también se presentan graves cuestiones financieras en las cuentas provinciales.

Y esto me lleva a la cuestión de la seguridad jurídica. Si se suma a los problemas fiscales nacional y provincial –que de por sí generan un escenario de incertidumbre en torno a cualquier nueva “sorpresa expropiatoria”–, el hecho de que el Gobierno interviene en el sistema de precios, autorizando o no aumentos o, ahora, descuentos y promociones. Que decide qué se puede exportar o importar, sin ninguna regla estable. Que resulta arbitraria y discrecional la forma en que paga devoluciones de impuestos, reintegros, obra pública, subsidios diversos. Que revierte decisiones administrativas en forma retroactiva, fuera de los mecanismos institucionales. Que el jefe de Gabinete “declara” inconstitucional la medida de un juez, etc., etc., la queja de los empresarios extranjeros y/o nacionales, parece bastante justificada.