El intento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de equipar a la Policía Metropolitana con pistolas Taser –armas que disparan una descarga eléctrica– motivó presentaciones judiciales para impedir su uso. Al mismo tiempo, algunos posicionamientos sostienen que las Taser son “armas menos letales” que permitirían evitar muertes que hoy ocurren por la acción de las fuerzas de seguridad, como en el caso del joven que había asesinado a su novia en Puerto Madero y que murió a consecuencia de la intervención de la Prefectura. Sin embargo, sería muy positivo abrir la discusión sobre la cuestión de fondo: los problemas –arraigados en nuestro país– de uso abusivo de la fuerza por parte de las policías y fuerzas de seguridad.
Durante 2014, en la Región Metropolitana de Buenos Aires, al menos 154 personas murieron como consecuencia de la intervención de integrantes de estas fuerzas. Es el número más alto desde 2003. A lo largo de los años, las ejecuciones, las detenciones arbitrarias, la represión de las protestas sociales y el uso de armas por parte de los efectivos en casos en los que no hay amenaza a la vida muestran que el uso abusivo de la fuerza es parte del día a día del trabajo policial. Además, muchas de estas muertes, casi el 50% en 2014, se produjeron en situaciones en las que los funcionarios estaban fuera de servicio.
Estas muertes no siempre son consideradas un problema por las autoridades políticas. En el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las represiones en el Parque Indoamericano y en la Sala Alberdi en las que la Policía Metropolitana disparó balas de plomo contra personas indefensas no motivaron investigaciones internas ni sanciones administrativas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires adoptó una política de promoción de la violencia policial al presentar la cantidad de “abatidos” en los operativos como un indicador de éxito de sus políticas de seguridad. A nivel federal, la política pública que abordaba este tipo de problemas de manera integral –el Programa de Uso Racional de la Fuerza del Ministerio de Seguridad de la Nación– fue debilitada en el último año.
En este contexto, la discusión sobre la compra de Taser adquiere otra dimensión. Si los cuerpos policiales son violentos y si el uso abusivo de la fuerza no es considerado un problema por las autoridades políticas, el carácter “menos letal” de las Taser es muy relativo. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas desalienta su uso porque puede constituir una forma de tortura. Según la American Civil Liberties Union (ACLU), desde 2001, en Estados Unidos más de 500 personas murieron como consecuencia de descargas de Taser, entre otros motivos por fallas cardíacas fatales. Diferentes estudios muestran que la creencia por parte de los efectivos policiales de que las Taser son “menos letales” incentiva el uso indiscriminado.
Si no se discute el modelo de seguridad centrado en “más patrulleros, más cámaras, más policía, más armas” se siguen sosteniendo políticas contrarias a aquellas que regulan en forma progresiva el uso de la fuerza policial sobre la base de los principios de legalidad, oportunidad, gradualidad y responsabilidad. Estos principios desincentivan el uso de armas de fuego y exigen, entre otras cosas, que se limite a situaciones de amenaza inminente para la vida de terceros o de los propios agentes.
Para intervenir sobre los problemas de la violencia, entre ellos el uso abusivo o irracional de la fuerza policial, es necesario implementar políticas más efectivas que comprar Taser: formar a los agentes en la protección de la vida (ajena y propia) como valor supremo y no en un supuesto “heroísmo policial” con consecuencias muy negativas; elaborar protocolos de uso de la fuerza y sancionar a quienes no los cumplan en lugar de enviar mensajes políticos de endurecimiento de la respuesta policial. De lo contrario, una policía violenta por formación, por incentivo político y por presión social no lo será menos porque le den armas de otro tipo. En todo caso, se agregarán nuevas violencias orientadas al control de la calle.
*Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
