Medios y democracia

Los medios no son otra cosa que empresas y representan intereses. Pensar otra cosa es una ingenuidad; decir que existe La Gaceta dirigida por Belgrano (sic) es una ingenuidad; pensar que existe un diario mimeografiado escrito por periodistas es una ingenuidad. Todos los diarios tienen una línea editorial que representa y responde a los intereses que como empresas persiguen.” Como la ingenuidad me alude, ya que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, así respondió en el Congreso a mi cuestionamiento a la forma de “comunicación directa” elegida por el Gobierno, es que a la luz de la nueva tensión entre prensa y Gobierno es que actualizo lo que vengo defendiendo desde hace años como maestra de futuros periodistas y, ahora, en mi doble condición de periodista y legisladora. Con una salvedad: defender la libertad de prensa no significa defender a los periodistas como a una corporación, ya que anda mucho “lobbysta” disfrazado de periodista, como en otras épocas los espías del Estado se decían periodistas. Otra aclaración: elijo la inocencia –no la ingenuidad–, más saludable que el cinismo. De lo que se trata, ahora, es de debatir en torno al viejo dilema que como lugar común recorre las universidades y repiten los despachos: la equiparación de libertad de prensa con libertad de empresa. Una comparación que nos lleva al equivoco de equiparar a las empresas periodísticas con cualquier otra empresa. Si el lucro es inherente a la actividad empresaria, ninguna empresa está obligada a producir un bien de todos como lo es la información, amparada constitucionalmente por la libertad de decir y el derecho de la sociedad a ser informada, un derecho que el Estado debe garantizar pero que los medios viabilizan. Lo que las diferencia es el producto: unas producen cosas y las otras, valores simbólicos.
Es cierto que el lucro define a las empresas, pero las empresas no pueden hacer lo que quieran. Lo mismo sucede con los medios de prensa, a los que les cabe mayor responsabilidad, ya que no sólo están protegidos constitucionalmente sino que además gestionan privadamente lo que recibieron del Estado. Fuera de las fronteras de nuestro país, esa tensión entre mercado y responsabilidad se zanjó con la autorregulación, y la concertación entre medios y Estado. No tan sólo con la legislación que regula la actividad de los multimedios, sino la responsabilidad que surge de la mesa del diálogo y la persuasión y no la de la descalificación.
Es cierto, también, que en todas las democracias desarrolladas se debate sobre los medios. No sobre la libertad, como sucede entre nosotros, lo que advierte sobre el carácter tardío de nuestra cultura de convivencia. Por llegar tarde a la democracia  vivimos todos los problemas del mundo planetario, analizados  bajo categorías de nuestro odioso pasado. Es esa cultura tardía,  que confunde el Estado con los gobiernos, la obligación de los hombres públicos de publicitar sus actos de gobiernos con la propaganda personal a expensas de los dineros públicos o que el Canal Público sea del Estado, no del gobierno de turno. Hablamos de los medios de comunicación, sin que se debata seriamente de manera plural, de cara a la opinión pública, la Ley de Radiodifusión, que como el instituto de la igualdad limite el poder que se teme o denuncia. Todos estos equívocos  demuestran el atraso mayor que es no reconocer a la prensa como constitutiva de la democracia, a la que se le debe exigir, como a todos, la responsabilidad que es inherente a todo acto de libertad. No la restricción de la libertad.
Los valores universales consagrados internacionalmente, a los que nuestra Constitución se subordinó, sirven para condenar los crímenes de un Estado que se hizo terrorista, pero molestan cuando se trata de consagrar derechos fundamentales como lo es la libertad de expresión. Si la Argentina avanzó en su legislación al subordinarse a las convenciones y los tratados sobre derechos humanos, que fueron su tabla de salvación para revisar y castigar el pasado de terror, el debate no consiguió aún erradicar las distorsiones dejadas por la rigidez de una sociedad paralizada por el miedo. Los derechos humanos aún conjugan con la muerte sin que hayamos construido una auténtica cultura de derechos. Las democracias modernas son las que se basan en la legalidad de los derechos humanos porque esos nuevos derechos instituyen un contrapoder social que controla, interpela, modifica la acción estatal y el poder de los gobernantes. Y la libertad de expresión es el derecho fundamental, madre de las otras libertades, ya que garantizado el derecho a decir se puede denunciar cuando esa libertad está amenazada, nos falta el pan, u otros derechos son violados. Pero estos no son derechos individuales, sino que se potencian con la libertad de los otros, y se expresan en el debate y la crítica que es inherente al sistema de libertades. El poder de la prensa no radica en el periodista, sino en la opinión pública a la que expresa, y por eso debe ser independiente de los poderes y responsable con el ejercicio de esa libertad. Si el fundamento de una sociedad basada en la libertad es la conversación, la palabra hablada, toda cancelación del diálogo entre los múltiples y diversos sectores que configuran una comunidad humana, diseña un poder autoritario que habla mucho pero escucha poco. En cambio, la libre crítica, el respeto a las minorías, son las que dinamizan el debate e instituyen la opinión pública.
De modo que efectivamente ya no tenemos a Moreno dirigiendo La Gazeta de Buenos Ayres, ni los mimeógrafos que desafiaron la censura, pero en un país que camina hacia la normalidad democrática debemos recordar que tan sólo a la vuelta de la esquina histórica está José Luis Cabezas y todos los que desafiaron las mordazas para hacer de esta tierra un lugar de ingenuos, amantes de la libertad.

 * Periodista y diputada