Hubiera sido un gobierno más fácil el de Raúl Alfonsín si, como lo creía necesario el Partido Justicialista, hubiera aceptado la autoamnistía dictada por la Junta Militar en 1983. No habría tenido enormes problemas como las rebeliones de los carapintadas, que no sólo pusieron en riesgo la estabilidad democrática sino que incidieron en favorecer un clima de incertidumbre que afectó también la economía.
Sólo ahora todos nos damos cuenta de que Alfonsín tenía razón. Esos problemas eran precios que la democracia debía pagar para erigirse sobre fundamentos éticos, sin los cuales era imposible que los argentinos recuperaran la confianza en sus instituciones. Porque si la tarea de juzgar y condenar a los responsables de la violencia irracional y salvaje era ardua, el éxito de la empresa habría de medirse especialmente por la toma de conciencia de la sociedad acerca de los desvaríos a los que puede llevar el abandono del Estado de derecho.
La muerte de Jorge Rafael Videla nos trae bruscamente a la memoria ese tiempo trágico. Videla murió creyendo que sus acciones habían estado plenamente justificadas, que había sido el adalid de una guerra santa, que a él, a Massera y a algunos otros les debíamos la democracia. El dolor de miles de familias que nunca supieron de sus seres queridos desaparecidos no lo conmovió como para rectificar su convicción atroz. Pero los Videlas no fueron parte de un ejército invasor, sino la culminación de un proceso de muchas décadas signado por el desprecio de la ley, que comenzó con la interrupción del orden constitucional el 6 de septiembre de 1930 y alcanzó su paroxismo con la supresión física, sin sometimiento a ningún tipo de juicio previo, de personas a las que las autoridades consideraban peligrosas.
Para evitar que esos hechos puedan repetirse es imprescindible consolidar el Estado de derecho, lo que significa que el Estado se subordina siempre al derecho, que no busca atajos. Afianzar la república es el mejor antídoto contra la violación de los derechos humanos.
