Según la última encuesta anual del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, los hogares experimentaron una brusca caída en su poder adquisitivo. Tras cinco años de sostenido progreso en ingresos y empleo, en un contexto de crisis de mercados internacionales, se observa que entre el período 2008-2009 la proporción de hogares cuyo ingreso no resulta suficiente para sostener un mismo nivel de vida se incrementó de un año al otro del 37,2% al 43,9%.
Junto a ello, casi una decena de otros indicadores constatan que los hogares han perdido tanto capacidad de compra como de consumo: no ir al médico o dejar de comprar medicamentos, no pagar servicios o impuestos, comprar menos comida o experimentar hambre de manera frecuente, entre otras evidencias no fáciles de denunciar.
Sin embargo, una vez más, el impacto de la retracción, como antes el del crecimiento, no tuvo una distribución equitativa. En efecto, la inflación y la desaceleración económica golpean sobre todo a los hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos más pobres. En el año 2008 el 58,1% de los hogares con más bajos recursos indicaban un estado de “pobreza subjetiva”; es decir, que el ingreso mensual les alcanzaba para sus gastos corrientes básicos, mientras que en 2009 dicho porcentaje ascendió al 74,3%. Los hogares cuyos ingresos son suficientes para cubrir los gastos corrientes y además pueden ahorrar crecieron levemente entre 2008 y 2009 (de 12,5% a 13,3%). Este dato indica que la resignación de gastos en los estratos medios-altos tuvo más que ver con la previsión y no con una efectiva reducción de los ingresos. Esto se debe a que con peores expectativas, generalmente los hogares con capacidad de ahorro adoptan conductas conservadoras frente al gasto, algo que no pueden hacer los segmentos socioeconómicos más vulnerables.
Estos datos son plenamente coherentes con la constatación de una brusca caída en el ritmo de creación de empleo en el sector formal y una marcada destrucción de puestos de trabajos en el sector informal, lo que generó que la desocupación abierta trepara de 10,5% a 11,8% y el subempleo indigente de 12,1% a 17,6%, al mismo tiempo que el empleo pleno de derechos apenas cayera de 42,3% a 40,5%. De tal manera que en esta coyuntura aumentó la proporción de empleo de baja calidad: los trabajadores con empleos precarios o con subempleo inestable pasaron a constituir aproximadamente el 55% del total de los ocupados, lo que muestra un punto de inflexión en la generación de empleo de calidad observado en los anteriores relevamientos. La población más afectada por el aumento del desempleo, el empleo de indigencia y la precariedad laboral han sido los sectores más pobres de la sociedad. Entre ellos, sólo un 18% de la fuerza de trabajo cuenta actualmente con un empleo de calidad, aunque con ingresos en el piso del salario mínimo. En suma, se observa que la evolución de la capacidad adquisitiva del ingreso ha estado directamente relacionada con las modificaciones en el mercado laboral y la calidad de inserción en el mismo.
Estos hechos entre otras decenas de indicadores dan cuenta del hecho de que no sepamos cuál es realmente la tasa de pobreza y que no haya ningún reconocimiento oficial de su incremento. No hay duda de que la pobreza no sólo aumentó en términos absolutos –y, por lo tanto, en términos subjetivos–, sino que también se intensificó el deterioro de las condiciones de vida de los hogares más pobres. Aunque se niegue la realidad o se la acuse de subjetiva, la tenaza que imponen la inflación y la recesión afectan particularmente el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores informales e indigentes, sin que exista ni siquiera un seguro de desempleo ni un programa de ingreso universal por niño capaces de contener la polarización social y brindar al menos seguridad alimentaria a millones de personas.
Todo ello en el país de los agro-negocios, los subsidios a grandes empresas y el sostenimiento del fútbol comercial como deporte nacional. Un lugar en donde para algunos la pobreza es sólo un problema subjetivo.
*Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
