Aunque desde varias cuentas oficiales se hizo la propaganda correspondiente, la novedad pasó casi desapercibida. Sin embargo, el anuncio es crucial y tiene múltiples interpretaciones. Una de estas es que el gobierno de Javier Milei reactiva la obra pública más importante que tiene en carpeta el país. La segunda, quizá la más significativa, es que representa la normalización total de las relaciones entre el país y China.
La noticia en cuestión, según publicó el jueves el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en su red X: “Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales. Con esta decisión regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de la represa Cepernic, que podría finalizarse en el año 2030 y aportar 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz energética nacional. Cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético”.
Primer dato importante: la represa se llamará Cepernic, el nombre fundacional del complejo, en homenaje al gobernador de la provincia de Santa Cruz Jorge Cepernic, uno de los mentores del kirchnerismo. Obviamente fue ese movimiento político el que bautizó a la represa con ese nombre, que ahora será mantenido por los libertarios. Habrá que ver si se mantiene el segundo bautismo: el de Néstor Kirchner.
El proyecto tiene la característica de estar 100% financiado por China, a través de dinero girado según el avance de las obras y dispuesto por el China Development Bank Corporation, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China. Sin embargo, se fue frenando al ritmo de las disputas políticas locales. El compromiso oficial es que, ahora sí, la obra se reactive y para 2030 esté funcionando. Habrá que ver con qué nombre.
Es un proyecto vinculado directamente con el otorgamiento primero, y la profundización después, del programa que establece el swap de monedas. De hecho, la obra comenzó con la liberación de unos US$ 500 millones hacia agosto de ese año. Llegó entonces el cambio de gobierno y la decisión de Mauricio Macri de revisar el contrato de Gezhouba para construir la represa, aún llamada Kirchner-Cepernic.
La primera decisión pública del gobierno de Macri fue congelar la obra, bajo sospechas de corrupción y de impacto ambiental negativo. En esos tiempos, la administración de Cambiemos señaló el proyecto como inviable por la potencial desaparición y extinción del macá tobiano, un ave cuyo hábitat natural está en la provincia de Santa Cruz y que, según la denuncia, corría peligro por el impacto ambiental de las represas.
Sin embargo, hacia julio de 2016 desde Beijing le recordaron a Buenos Aires que parte del dinero para la obra ya había sido gastado (y no precisamente para avanzar con los trabajos), con lo cual, de levantarse el proyecto, el dinero debía ser devuelto. Fue así como se “renegociaron” las condiciones del swap; la obra volvió milagrosamente a la vida con otro nombre –en adelante se llamaría Cóndor Cliff-La Barrancosa– y el swap se reactivaría.
Con aceleraciones y retrocesos, la obra continuaría durante el resto del gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. Sin embargo, en diciembre de 2023 llegó Javier Milei al poder y en enero determinó que la construcción se suspendía hasta nuevo aviso. Y que el financiamiento residual quedaba en manos, exclusivamente, de Gezhouba.
La empresa continuó pagando salarios y cumpliendo con proveedores, aunque comenzaron las desvinculaciones forzadas ante la indefinición del gobierno nacional y la no firma de la Addenda XII, que indica lo que se debe hacer en un año calendario en dicha obra. Aclararon desde la constructora china que desde su parte no se aportaría un dólar (o yuan) más hasta que no se firmara ese compromiso. De diciembre de 2023 a septiembre de 2024, de unos 3.500 trabajadores en el pico de obra, se terminó empleando a unos 160; mientras que para octubre solo quedaban contratados unos 70 empleados entre directores, algunos gerentes y personal de guardia.
La propia constructora le recordaba al Ejecutivo que el financiamiento no implicaba dinero por parte del país, con lo cual no acrecentaba el déficit fiscal, ya que los dólares necesarios eran negociados por Gezhouba directamente con los bancos financistas.
A fines de 2024, últimos registros de avance, el nivel de las obras era del 50% en el caso de Cepernic y del 30% en la represa Kirchner, proyectos que, de no renovarse, corrían riesgo de sucumbir a la erosión natural y al vandalismo.
Según el proyecto original, desde ambas represas se iba a generar el 10% del total de la energía eléctrica que se consume actualmente en Argentina. Ahora, el tema Gezhouba está sobre la mesa de negociaciones directas que el gobierno argentino abrió con Xi Jinping. Se pensaba que el capítulo iba a cerrarse y que la represa quedaría archivada. Sin embargo, al ritmo de la mejora de las relaciones bilaterales –y ante la certeza de que se trata del capítulo más importante entre ambos Estados, al menos desde la visión china– la idea es reactivarla.
China ya sabe que para que esto sea posible no deberá esperarse que haya partidas públicas destinadas a este capítulo, y que la única manera de destrabar el proyecto y retomar la construcción es que el dinero lo aporte en su totalidad el gobierno chino. Especulan desde Buenos Aires que no sería una mala estrategia financiera para Beijing, especialmente en América Latina.
El mismo mecanismo se utilizó en el puerto de Chancay, en Perú (a 60 kilómetros de Lima), inaugurado en 2024 y controlado por la estatal china Cosco Shipping, una de las tres mayores operadoras portuarias del mundo. Sobre este proyecto, el presidente Donald Trump amenazó con cobrar un 60% de aranceles a todos los productos que lleguen a Estados Unidos desde Chancay. Nunca lo hizo, pero tampoco mantiene una relación sólida con Perú.
Las relaciones entre Argentina y China parecían complejas por las declaraciones electorales de Javier Milei y su condena al régimen de Beijing. Sin embargo, el gobierno de Xi Jinping sorprendió a la Argentina en junio de 2024 al aceptar renegociar el pago de los vencimientos por el swap que el país mantiene con Beijing.
Ese mes Argentina debería haber girado unos US$ 2.906 millones al Banco del Pueblo de China (BPC) por el primero de seis pagos. Sucede que el estatuto del organismo impide que haya desembolsos a países que estén con acuerdos de préstamos con el FMI –por ejemplo, el programa de Facilidades Extendidas vigente con Argentina– en caso de que estuvieran en default con alguno de sus socios.
Sin embargo, una conversación entre Kristalina Georgieva y el gobierno chino permitió que China aceptara renegociar la deuda y que el pago pasara a junio de este año, cuando en teoría Argentina debería cancelar esa cuota. Obviamente, Cepernic mediante, se descarta una nueva postergación amistosa.
China tiene ese estatus con el 3,65% de los votos, convirtiéndose además en los últimos años en uno de los accionistas más participativos en las reuniones del Directorio. Si Argentina no hubiera llegado a un acuerdo para este pago y hubiera entrado en default –y si, además, China lo hubiera denunciado en la reunión del Directorio del 13 de junio pasado–, el estatuto del organismo habría suspendido el giro de 800 millones de dólares.
Solo le quedaba al país girar el dinero a Beijing para no caer en esa situación. En su momento, incluso, Argentina propuso al BPC pagar una parte del vencimiento con unos US$ 800 millones comprometidos por el FMI, algo a lo que China se negó. Finalmente llegó la mediación del Fondo, gestión que estuvo a cargo personalmente de Gita Gopinath, por pedido directo de Georgieva y con el aval de la mayoría de los directores occidentales del organismo.
