En octubre de 1917 –se cumplen cuatro años– este ombudsman publicó su columna enfatizando puntos que coinciden hoy con aspectos del formato de prevención, inteligencia y represión de los movimientos que grupos o comunidades mapuches vienen desarrollando en demanda por derechos ancestrales y contemporáneos que consideran violados por gobiernos, actores sociales y civiles. Esta situación que se vive en las provincias de la Patagonia (Río Negro, Neuquén y Chubut, en particular), derivó en un conflicto entre los poderes ejecutivos de esos territorios y el gobierno nacional. Lo que fue centrado en un debate por las jurisdicciones derivó finalmente en el envío, por parte del poder central, de contingentes de gendarmes, como sucediera en aquel 2017 con efectivos de la Prefectura.
Es aquí donde quiero volver a señalar la diferencia y las similitudes entre militarizar y ejercer poder de policía. Por cierto, tanto Gendamería como Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria son instituciones que operan en una fina frontera que separa lo policial de lo militar. Es necesario señalar aquí que, pese a los casi treinta años desde el retorno de la democracia, el poder que los mandos de las Fuerzas Armadas ejercieron durante la dictadura sobre esos organismos paramilitares, todavía influye en algunos bolsones de estos con ciertos enfoques que tienden a relativizar las normativas en materia de accionar y derechos humanos. Por ejemplo, aquella dramática represión de 2017, que dejó luctuoso resultado.
Un año después de esos acontecimientos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicó “La guerra interna”, documento que expone los resultados de una pormenorizada investigación sobre la militarización o actuación policial en países de América Latina, a partir de la búsqueda de soluciones represivas contra el narcotráfico y el terrorismo. En la Argentina, las Fuerzas Armadas tienen vedada toda acción que no derive de ataque exterior. Se les permitió cierta intervención en la zona Norte para la lucha contra el narcotráfico, pero como recurso complementario de las policías locales y las fuerzas parapoliciales instaladas allí.
Dice uno de sus párrafos: “En algunos países, la legislación antiterrorista es invocada para criminalizar a integrantes de pueblos originarios como los mapuches en Chile y la Argentina y las comunidades rurales en Colombia o Perú. Algo similar ocurre en América Central respecto a las maras. La imprecisión de la legislación antiterrorista ha permitido su aplicación discrecional contra los miembros de estos grupos, a quienes se señala como peligrosos. (…) Estas normas se entrelazan con el hecho de que las fuerzas militares y policiales y otros funcionarios públicos los construyen como “enemigos” de la seguridad del Estado o de la soberanía nacional. Así, se enmarcan las intervenciones estatales y las políticas de seguridad en términos de “guerra” y se habilita el uso de técnicas, recursos, equipamiento y personal militar para el “combate”.
Funcionarios jerárquicos del poder ejecutivo provincial y nacional de ese entonces asociaron públicamente a los integrantes de la comunidad mapuche con el terrorismo, acusándolos –sin pruebas– de querer “imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina” o caracterizándolos como “delincuentes”, y “violentos que no respetan las leyes, ni la Patria, ni la bandera”.
En estos días, el debate se actualiza por nuevos hechos que resultan funcionales a los intereses de campaña preelectoral. En ese juego se han embarcado no pocos periodistas y comunicadores, que toman hechos ciertos (incendios, amenazas) y los transforman en recursos poco serios para animar el debate desde ambos lados de la grieta.
Los lectores de PERFIL, atentos, estarán tomando buena cuenta de esto.
