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Momento crítico de la enseñanza pública

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La reciente crisis cambiaria que viene atravesando nuestro país es el principal síntoma del deterioro de la situación económica general. La brusca devaluación del mes de agosto tendrá como correlato un elevado proceso de incremento de todos los precios de la economía en lo que resta del año.
En este contexto asistimos, ya no con asombro, sino con preocupación, a las reacciones del Gobierno. Pasamos del discurso del Presidente en donde “la inflación era lo más fácil de resolver” a ni siquiera saber cuál será la variación de precios en 2018.
 Al observar la dinámica de la administración Cambiemos desde su asunción a fines de 2015, no podemos esperar otra cosa. El rol del Estado, en el plano económico, no ha sido más que el de endeudar vertiginosa y escandalosamente al país. Primero con bancos y empresas de servicios financieros, últimamente con la vuelta del FMI.
La contracara de esta realidad es la que viven millones de argentinos y argentinas de carne y hueso que ven perder significativamente el poder de compra de sus ingresos y con ello deteriorarse sus condiciones de vida.
Este deterioro generalizado de las mayorías se va agravado, a la vez, por las decisiones de política pública que toma el Gobierno. A modo de ejemplo: la eliminación de ministerios críticos como Salud, Trabajo y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva podrán satisfacer las demandas del FMI pero es imposible pensar que la salud pública o las condiciones de empleo vayan a mejorar si como punto de partida se les quita jerarquía institucional a los organismos encargados de instrumentar las políticas públicas.
 Qué decir de Ciencia y Tecnología cuando se trata de un ámbito estratégico para diseñar e implementar políticas para construir un futuro mejor de la mano del conocimiento, vector central del desarrollo en el siglo XXI.
Finalmente, en cuanto a la situación del sistema educativo, asistimos a un proceso de ajuste y desfinanciamiento que atenta directamente contra las posibilidades reales de progreso intergeneracional.
Muestra de ello es la crisis en la infraestructura educativa que en la provincia de Buenos Aires se cobró dos vidas recientemente. No se trató de una tragedia, sino del resultado de no destinar recursos para que las escuelas funcionen en óptimas condiciones.
No podemos dejar de mencionar que el pasado miércoles, también en la ciudad de Moreno, la docente Corina de Bonis fue secuestrada y torturada.
Repudiamos estas acciones que creíamos desterradas en nuestra democracia a la vez que no podemos dejar de señalar este hecho como parte del discurso oficial que denosta permanentemente a los docentes y a sus representantes gremiales.
Nuestro rol como representantes políticos de la oposición no es solo denunciar estas situaciones, sino ofrecer alternativas para resolver estos problemas urgentes. Por eso, en la semana que pasó, llamamos
desde el Congreso a una sesión para tratar la emergencia educativa y generar soluciones.
Los proyectos presentados por diputados de distintos bloques, consensuados previamente con los gremios docentes, contemplan desde la emergencia del sistema universitario y la necesidad de cumplir con la ejecución presupuestaria, la creación de una ley nacional de becas estudiantiles; la recuperación de la Paritaria Nacional Docente y la ampliación del fondo de incentivo al trabajo docente, y, por último, la implementación de un fondo para el mantenimiento de la infraestructura educativa.
Lamentablemente el bloque que responde al Gobierno prefirió vaciar la sesión pensando que así perjudicaban a la oposición, cuando el principal damnificado es el conjunto del pueblo argentino, que ve deteriorarse las condiciones de la educación pública.
Seguiremos intentando una y otra vez porque consideramos que la educación, la ciencia y la tecnología son las llaves para construir oportunidades para todos y todas.

*Diputada nacional - Unidad Ciudadana, Bloque FpV-PJ. Vicepresidenta 1a Comisión de Educación.