—¿Las elecciones del 22 octubre fueron limpias, Javier?
—No.
—¿Fue fraude o hubo irregularidades?
—Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado.
—¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente?
—No. Está influenciado por el poder político. Quién cuenta los votos es el que lo controla todo.
—Si el que controla los votos es La Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe el resultado?
—No lo podemos aceptar.
El diálogo, disfrazado de entrevista, que se produjo esta semana entre el candidato libertario Javier Milei y el periodista peruano Jaime Bayly no dejó ningún margen de dudas: acaba de iniciarse por estas horas la narrativa del fraude en la Argentina.
Gerardo de Icaza es el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que desde 2014 fiscalizó más de ochenta elecciones realizadas en 27 países de América Latina y el Caribe. En base a su dilatada experiencia en controlar el proceso electoral de la región, Icaza ha acuñado el término de “narrativa de fraude” para dar cuenta del complejo fenómeno que se construye en una sociedad con el objeto de poner en duda el resultado de una elección.
En su ensayo La narrativa electoral en un proceso electoral, este abogado y magíster en Relaciones Internacionales advirtió: “La palabra fraude es la más contagiosa de todas. Cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o el argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y clickbaits para vender sus noticias con la publicación de titulares sensacionalistas. Así, nos encontramos con una narrativa de fraude cuidadosamente elaborada e instalada alrededor de un proceso que causa mucho humo, pero poco fuego”.
La “narrativa de fraude” busca poner en duda el resultado de una elección.
Icaza concluye que puede ser cierto que no existan elecciones plenamente íntegras, pero que eso no es sinónimo, sin embargo, de que esa elección haya sido fraudulenta. Y, en ese sentido, califica las irregularidades en tres grandes categorías:
-Errores (malpractice) y negligencia. Este tipo de irregularidad se refiere a acciones u omisiones de un funcionario de la autoridad electoral o miembro de mesa que se aparta de lo estipulado en la normativa electoral, pero que carece de mala fe o intención deliberada de alterar la voluntad de la ciudadanía. Ejemplos: la firma del ciudadano en un espacio que no le corresponde, o el error involuntario en la suma durante el llenado del acta del escrutinio.
-Acciones deliberadas para alterar resultados. En este caso, la acción cometida está motivada por una intención expresa de un sector o actor político de afectar deliberadamente el resultado de la elección para su beneficio. Generalmente este tipo de acciones son consideradas como delitos electorales. Debido a que en su esencia son actos fraudulentos, son frecuentemente utilizados para alegar un fraude electoral masivo sin considerar qué tan generalizado sea o su capacidad de impactar en el resultado final. Ejemplos: la compra de votos, o la alteración de boletas.
-Manipulación de las reglas. Se refiere al diseño de las reglas que desde un principio favorecen a un candidato o grupo sobre otro, en algunos casos restringiendo la participación política y en otros excluyendo, intencionalmente, a grupos de votantes. Ejemplos: el gerrymandering (la manipulación de circunscripciones electorales) o el malapportionment (otorgar mayor influencia o representación a un grupo o demarcación sobre otro). Pero solo permiten alterar un resultado electoral si se aplican en forma masiva.
Es importante destacar que un fraude electoral se consuma cuando estas irregularidades son generalizadas y existe un patrón evidente de intenciones sistémicas y deliberadas que adquieren una magnitud tal que los resultados pueden verse comprometidos. No obstante, cuando se ha instalado en la opinión pública la suspicacia del fraude, el sector político derrotado se verá tentado de no reconocer el resultado. Esa tendencia aumenta cuando el vencedor se define por un margen muy apretado.
Las dudas que plantea Milei recuerda a las de Trump y Bolsonaro.
En los últimos días ha crecido este paradigma de desconcierto en la Argentina, a medida que distintas voces de La Libertad Avanza sostienen que es posible que haya fraude en el balotaje del próximo 19 de noviembre. Se trata de una metodología que apunta a minar la credibilidad de las elecciones, ya sea sospechando de las leyes que ordenan el acto eleccionario, como así también de los órganos encargados de aplicar las normativas.
En definitiva, se trata de un plan orquestado para lograr la deslegitimación del resultado de las urnas y así permitir una línea de fuga para apelar en caso de una derrotada.
Desde que en La Libertad Avanza se entusiasmaron con un triunfo en primera vuelta y no anticipaban que Unión por la Patria resultaría el espacio victorioso, se inició en las redes sociales libertarias una campaña para cuestionar el escrutinio. Así aparecieron hashtags como #HuboFraude, #MileiEnPrimeraVuelta o #MileiSí, con videos que muestran boletas rotas de Milei, un camión presuntamente robándose material electoral o denuncias anónimas de un supuesto apagón en un centro de cómputos. Sin embargo, lo cierto es que hasta este momento ninguna denuncia se presentó formalmente ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para cuestionar la validez de los comicios.
Es que la narrativa del fraude siempre tiene características de teorías conspirativas promovidas, en su mayoría, por grupos conservadores. La incertidumbre que ahora es agitada por los libertarios, recuerda al escenario que se vivió en Estados Unidos cuando Donald Trump denunció fallas en el sistema electoral y su cuestionamiento desencadenó la toma por asalto al Capitolio para evitar que se anunciara Joe Biden como el ganador. Y también rememora el caos y la incertidumbre que se evidenció en Brasil, cuando Jair Bolsonaro incentivó la violenta invasión del Planalto y terminó condenado e inhabilitado a ejercer cargos públicos durante ocho años por haber hecho cuestionamientos infundados a la legitimidad de las elecciones en las que perdió contra Lula Da Silva.
La narrativa del fraude siempre es gestada con antelación a las elecciones porque lo que busca es sembrar interrogantes sobre ese proceso electoral. La democracia argentina cumple este año cuatro décadas ininterrumpidas y nunca antes se había puesto en discusión su legitimidad en medio de una campaña presidencial.
Nunca antes un candidato había anticipado que podía desconocer la derrota. Nunca antes un candidato puso en duda el resultado de una elección. Nunca antes se había llegado a este límite.
Se trata de un límite que nunca se ha cruzado en la Argentina. Hasta ahora.
