Tal como viene ocurriendo con el tema “derechos humanos”, las declaraciones de Juan Gómez Centurión han reavivado un caldero que quema desde hace cuatro décadas.
Gómez Centurión niega “que haya existido un plan para hacer desaparecer personas”, como si no hubiese habido órdenes, “Doctrina de la Seguridad Nacional”, o como se llame. Algo así, por ejemplo, como si un su-boficial o mejor, un soldado, hubiera secuestrado, torturado y asesinado a las dos monjas francesas y luego pedido prestado un avión a los altos mandos para arrojarlas al Río de la Plata. Negacionismo puro, aunque luego Gómez Centurión afirme que “fue un torpísimo golpe de Estado (…) que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”.
Hay allí una crítica a “lo actuado” y luego algo que la mayoría niega, con alguna excepción. ¿Acaso la orden de “aniquilar” no la firmó un presidente constitucional peronista? ¿Acaso el terrorismo de Estado no empezó con la creación de la “Triple A” por Juan Perón; autora de más de 700 crímenes? (https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Anticomunista_Argentina).
La otra cara del negacionismo es pues remitir la cuestión a “lo actuado” por la dictadura o a la responsabilidad de las organizaciones guerrilleras, omitiendo la de los partidos, dirigentes políticos y corporativos y del conjunto de la sociedad en lo ocurrido. En 1979, ante la televisión española, el radical Ricardo Balbín justificó la represión aludiendo a la existencia de una “guerrilla industrial”…
La siguiente afirmación de Gómez Centurión, “8 mil personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el histórico no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, es otra hipocresía. Pero ¿qué pasaría si en lugar de “mentiras” hubiese dicho “denuncias aún no comprobadas”? Ya que el informe de la Conadep verificó 7.380 desapariciones y que hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tenía registradas denuncias sobre unos 13 mil casos, que muy probablemente hoy son bastantes más, pero de todos modos lejos de los 30 mil que las organizaciones de derechos humanos se empeñan en sostener.
¿A qué viene pues esta absurda discusión sobre cifras, como si 8 mil, o 15 mil, no representasen ya suficiente horror e imprescriptible crimen? Hace unos días le pregunté a un amigo, honesto y excelente periodista que sostiene “los 30 mil”, qué respondería, de acuerdo con las reglas profesionales de veracidad y verificabilidad, si un medio extranjero le solicitara la cifra exacta de asesinados y desaparecidos por la dictadura. Respondió con evasivas. Setenta años después de Nuremberg siguen apareciendo “casos”, pero nadie intenta duplicar las cifras del Holocausto…
Vaya pues, para cerrar este breve espacio, la conclusión de un tema ya desarrollado extensamente aquí (PERFIL, 8-12-13 y 12-3-16): “Se trata de cerrar una tragedia política y humana, cuyo remedio para el primer aspecto es una resolución político-jurídica; para el segundo, sólo el tiempo. En el plano afectivo, tanto da ser pariente o amigo de un muerto por los militares que por la guerrilla; todos sufren la misma pérdida. Pero para la sociedad, es decisivo que la resolución política resulte la mejor. No hay soluciones perfectas para una tragedia histórica. Pero la resolución de los problemas de derechos humanos actuales, concretos, en un marco institucional que se perfecciona y da seguridades, es más importante que seguir atendiendo a un asunto que divide y que, cualquiera sea la decisión que se tome, dejará insatisfecho a un sector social. La mejor solución, por lo tanto, es acabar ahora. En el estricto marco de la ley; pero acabar. Ninguna sociedad soporta cuarenta años de sal sobre las heridas de una tragedia”.
En fin, que en lugar de salir a pasear cada 24 de marzo, es preciso analizar objetivamente los hechos, no para justificar, sino al menos para entender y seguir adelante.
*Periodista y escritor.
