La que sería la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación del miércoles pasado tenía como objeto el tratamiento de 97 proyectos de ley, en un año casi estéril en actividad parlamentaria. Una vez más, las elecciones provinciales, las PASO y la campaña electoral vaciaron de legisladores y sentido al Congreso. Pero el 20 de noviembre además de haber aprobado casi la mitad de lo que se puso a consideración en el recinto, marcó la emotiva despedida del presidente de la Cámara, el diputado Emilio Monzó, un profeta en tierra ajena. Esos gestos de elogio y agradecimiento de los que fueron sus rivales explican un nuevo entramado político que se vio reflejado en el resultado de la sesión. ¿Nació un nuevo consenso económico?
Entre las normas que obtuvieron media sanción abundaron las declaraciones de rigor de fin de temporada (la enseñanza obligatoria de folklore en las escuelas de todo el país, o destacar como patrimonio cultural inmaterial a la Fiesta de la Vendimia), pero los focos estuvieron puestos en los dos proyectos que encabezaban el orden del día: la modificación a la ley de alquileres y el Programa Nacional de Competencia Minorista, más conocido como “ley de góndolas”. Ambas normas que seguramente obtendrán su aprobación en el Senado y se convertirán en ley casi con la asunción del gobierno de Alberto Fernández.
Durante mucho tiempo la grieta política se calificaba como un lastre para el ejercicio ciudadano. Se suponía que los acuerdos entre los grupos partidarios daban sensación de una cereza mayor a la hora de planificar y diseñar políticas de largo plazo.
Un reclamo que todos los actores de la vida económica han venido reclamando al cluster político: dejar los fuegos de artificio para negociar cuestiones fundantes de la actividad productiva. En ese sentido, el consenso mostrado en estas dos leyes de importancia es una señal necesaria. Pero no suficiente.
Las dudas que aparecen en el caso de la ley de góndolas tiene que ver con el impacto final en la cadena de comercialización y la capacidad real para poder controlar sostenidamente lo dispuesto en tantas bocas de expendio.
En el caso de los contratos de alquiler para vivienda se refiere a un mercado en que la oferta está atomizada y muchos de sus propietarios han optado por esta inversión como casi la única forma de conservar su capital en el largo plazo fuera de los activos en moneda extranjera. El Señor Barriga es una excepción en nuestro paisaje urbano, y por lo tanto, el éxito de una ley de locaciones está marcado más por el comportamiento de la oferta que de la demanda. En particular, el discutido formato de la indexación trae incertidumbre al mercado porque en una economía con 50% de inflación anual, una actualización cada 12 meses podría traer aparejada una suba en el precio inicial para contrarrestar el efecto erosivo del flagelo monetario. Si la apuesta de los legisladores a una inflación de menos de dos dígitos en el corto plazo fuera un acierto, esa diferencia sería insignificante.
Estas dos leyes son solo un anticipo de un conjunto de normas que el próximo gobierno se prepara a tratar y sancionar para salir de la emergencia. Contará para ello con la misma buena voluntad del actual oficialismo, que en otra época supo convalidar iniciativas luego cuestionadas como la estatización de los fondos previsionales, de Aerolíneas Argentinas o la expropiación parcial de YPF. En este caso se avizora una novedad: construir este nuevo consenso político será mucho más fácil que asegurar el éxito de sus postulados, que dependerá del acierto de su diagnóstico y el realismo de su puesta en práctica que del voluntarismo.
