La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incurre en un error conceptual serio: las “doctrinas” pueden cambiar, pero las leyes no cambian hasta que no las transforma el Congreso de la Nación. Es decir, que las fuerzas de seguridad deben orientar su acción dentro del cauce constitucional y penal, ajustando su “doctrina” de acción a lo que fija el sistema interamericano de derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad están obligadas a no obedecer directivas que mancillan los derechos humanos. Esto es independiente de si tal directiva emana de un ministro, que incurre, cuando propone una “doctrina” incompatible con el sistema interamericano de derechos, en una responsabilidad política y eventualmente criminal, al “ordenar” a las fuerzas de seguridad que transgredan, en lugar de respetar, las normas constitucionales y procesales, preservando siempre la vida de las personas. Los ministros no tienen potestades para transformar –ni para transgredir– las leyes de la Nación.
Cuando se pasa por encima al Congreso de la Nación para otorgar plenas potestades a las fuerzas de seguridad se expone a la República a un severo desequilibrio de poderes. Se mancilla la independencia del Congreso y también del poder que debe velar por el respeto de nuestra ley máxima: el Poder Judicial.
En la “nueva doctrina” se presenta a los delincuentes como enemigos sociales. De este modo, se los priva, ante la opinión pública, de todo derecho. Lo que equivocadamente la ministra califica de “nueva doctrina”, no es sino el ya conocido “derecho Penal del enemigo”, una doctrina alemana incompatible con todo sistema democrático y que se ha empleado para justificar “excepciones” legales como la cárcel de Guantánamo, un espacio ajeno a todo orden legal y donde los “presos” carecen de todo derecho civil y humano. Donde se mancilla el debido proceso. Estos estados de excepción mancillan el principio de legalidad.
El simplismo de la ministra se advierte en su pobre diagnóstico sobre los motivos de la criminalidad. Se concentra en criminalizar las consecuencias, sin atacar las causas socio-económicas que se ocultan detrás de la criminalidad tosca, que es la que más se visibiliza en los medios. ¿Por qué en Dinamarca o Noruega no roban cámaras a los turistas y en Argentina o Brasil sí? Por la enorme exclusión social que padecen nuestros países. América Latina es, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región con la mayor desigualdad social del mundo.
Una política macroeconómica que solo aumenta la exclusión y la pobreza (en lugar de atacarla), requiere políticas represivas y de mano dura que mantengan la marginalidad “bajo control”. Se denominan teorías de “control social”. La ministra no aspira a reducir la criminalidad atacando las causas sociales y económicas de la exclusión. Al no existir un programa consistente en materia criminal, se cae en la demagogia punitiva, acicateando los peores fantasmas de la violencia represiva e institucional, que el Estado debería, por el contrario, combatir. Bullrich propone como única solución para enfrentar el delito aumentar la violencia institucional. La violencia institucional ha demostrado caer siempre en una espiral de mayor violencia. Bullrich pretende criminalizar la pobreza (que esas mismas políticas producen), estigmatizando como enemigos a todos los que, por diversos motivos, transgreden la ley (en general criminales pobres, no se cuestiona nunca el llamado crimen de cuello blanco). Pero en una democracia, quienes delinquen deben ser procesados, no asesinados en la vía pública. Tienen derecho a un juicio justo. Es un deber del Estado garantizar el debido proceso. Es una garantía constitucional básica. Un pilar del “garantismo”.
*UBA-Conicet / Becario de la OEA / Profesor.
