Los resultados de la elección legislativa del 28 de junio fueron un golpe duro para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El mensaje no ha podido ser más claro: la ciudadanía desaprueba el rumbo actual de la política del Gobierno. Finalmente, y tras un silencio de varios días, la señora presidenta pronunció un breve discurso transmitido por la cadena nacional de radiodifusión, que sin duda sorprendió tanto a la clase política como a la opinión pública: sin admitir la derrota del kirchnerismo, la Presidenta retomó la iniciativa. Subrayó la necesidad de definir prioridades y llamó a todas las fuerzas políticas a colaborar con el Gobierno. El tema más urgente, dijo, es la situación social, y en la medida en que evaluó aproximadamente en más del 35% el número de familias argentinas por debajo del umbral de la pobreza, desestimó implícitamente los datos del INDEC. Anunció la creación de lo que llamó un salario mínimo universal, a cuya primera etapa se destinarían de inmediato 600 millones de pesos, para hacer frente a los casos de mayor urgencia, y expresó su voluntad de enviar a la nueva Legislatura, como corresponde, un proyecto mucho más ambicioso que debería entrar en vigencia el 1º de enero de 2010. La segunda sorpresa fue que Cristina Kirchner calificó de “rumores infundados” la información relativa al envío al Congreso del proyecto de Ley de Radiodifusión. Recordando sus propias palabras del año pasado, según las cuales “apenas hacen un minuto de televisión, dos horas de radio o alguna página de diario, que al otro día ya nadie se acuerda”, desestimó la importancia del tema en este momento y enfatizó el peso de la voluntad política por sobre la mala voluntad de los grandes grupos de comunicación porque, subrayó, “los argentinos saben lo que está pasando”.]
Sí: el texto entre corchetes (que podría haber sido una crónica aparecida en algún diario, días después de las últimas elecciones legislativas) es en verdad un relato, seguramente ingenuo, de política-ficción. Lo único verídico es la última cita sobre los medios, tomada de un discurso de la señora presidenta. ¿Esta fantasía podría haber sido real? Sí. ¿Era políticamente sustentable? Sí. ¿Hubiese generado una crisis del Gobierno? No. Por el contrario: habría reforzado con vigor su legitimidad, descolocando a la oposición. En el mejor de los casos, hubiese abierto la puerta a una posible concertación de las fuerzas políticas sobre prioridades de gobierno, iniciando una lenta normalización de la situación.
Pero los sueños son sueños. Nada de eso ocurrió y los 600 millones de pesos fueron usados para pagar a la AFA y a los clubes la televisación de los partidos hasta fin de este año, con un gasto previsto de 6 mil millones en los próximos diez: habrá cada vez más familias pobres en la Argentina, pero podrán ver gratis los partidos de fútbol, financiados por los ciudadanos que pagamos impuestos. Curiosa manera de concebir los mecanismos de redistribución del ingreso. Y el control de ese discurso de los medios, del que al otro día ya nadie se acuerda –según la apreciación de la señora presidenta en mayo del año pasado– se transformó en la primera prioridad de la política nacional. ¿Qué está pasando? No es fácil responder a esta pregunta, pero para hacerlo es necesario en todo caso desplegar las lecturas del penoso proceso político en curso.
1. Si juzgamos a los presidentes por sus comportamientos y sus decisiones, se podría concluir que existe una profunda diferencia entre Néstor y Cristina Kirchner en cuanto a la concepción de la función y la importancia de los medios de comunicación. Mientras Néstor Kirchner prácticamente no manifestó durante su mandato ninguna estrategia particular en el uso de los medios (a diferencia, por ejemplo, de sus coetáneos Chávez y Lula), Cristina Fernández multiplica los discursos transmitidos por la cadena nacional y parece aplicar, en sus apariciones televisivas, algunas reglas bastante precisas. (Hay investigaciones en curso acerca de esta cuestión, que serán presentadas durante un coloquio sobre “Las transformaciones de la mediatización presidencial”, que tendrá lugar la semana próxima en el pueblo de Japaratinga, en el nordeste del Brasil, organizado por el Ciseco, Centro Internacional de Semiótica y Comunicación. Como el autor de estas líneas asistirá a dicho encuentro internacional, se compromete con el lector a tenerlo informado sobre el tema.)
Siendo presidente, Néstor Kirchner aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión (mientras que el gobierno de Cristina está haciendo lo imposible por anularla) y renovó las licencias sin plantear el más mínimo problema. En suma: los recursos políticos invertidos actualmente en el combate contra el Grupo Clarín parecen indicar que la señora presidenta atribuye a los medios una enorme influencia sobre la sociedad, considera que constituyen un instrumento fundamental en el ejercicio del poder y busca aplicar ciertos criterios al empleo de dicho poder en la comunicación política. Tal vez haya logrado que su marido comparta este punto de vista, sobre todo si pudo convencerlo de que la actitud marcadamente crítica de los medios más importantes hacia su gobierno fue la causa principal de la derrota del 28 de junio.
Cristina Kirchner expresó claramente esta concepción sobre el poder de los medios en su discurso del 27 de agosto, cuando anunció el envío del proyecto de ley al Congreso. Aludiendo a las acusaciones hechas al kirchnerismo sobre el abuso de “superpoderes”, la señora presidenta subrayó que “mientras hablaban de los superpoderes, en realidad había un suprapoder en la República Argentina, un suprapoder, suprapoderes [sic], lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, hay otros poderes, sutiles y no tanto, que tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión. Por eso, conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”. Se trata, como puede verse, de la vieja teoría del “cuarto poder” en una versión extrema, que al parecer algunos intelectuales consideran “progresista”.
En la conferencia de prensa del 14 de setiembre, ante la pregunta obvia acerca de por qué “hace dos años se aprobó la fusión entre Multicanal y Cablevisión, y hace muy pocos días nos enteramos de una noticia exactamente en contrario de esta primera decisión”, Cristina Kirchner, esforzándose explícitamente en diferenciarse de su marido, replicó que “eso habría que preguntárselo al anterior presidente” y recordó una respuesta dada minutos antes, acerca de que “en la República Argentina la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner”.
2. Del proceso político actual se puede tener una visión un poco distinta, que los observadores más cínicos considerarán probablemente como la única interpretación válida: en el fondo, la lucha encarnizada por una nueva ley de medios es un enorme esfuerzo de reacomodamiento y de recuperación de poder por parte del Gobierno, destinado a despojar de ciertos negocios mediáticos a los enemigos para dárselos a los amigos, aprovechando la liberación de numerosas licencias de explotación. Desde este punto de vista, la supuesta búsqueda de “pluralismo” y “diversidad” se transforma en su contrario: una maniobra de concentración del poder, esta vez en el campo de los medios. Dadas las características del ejercicio del gobierno en estos seis años de kirchnerismo nacional, esta lectura no parece descabellada.
Se la puede reforzar si se subraya que la coyuntura actual, provocada por el Gobierno, exhibe una propiedad característica de su metodología: el fondo es pura forma. La substancia ideológica es una suerte de atractor destinado a generar ruido, a movilizar a su alrededor lo esencial de la energía del campo político, facilitando así el objetivo táctico, que sólo tiene que ver con la maximización del poder del Ejecutivo. Y esta modalidad parece, sí, compartida por ambos miembros de la pareja presidencial. De los tres tercios en que se diferenciará, según la ley, la explotación del sector de los medios, el tercio público podrá ser por definición controlado por el Ejecutivo; a los componentes del tercio privado sin fines de lucro (comunidades, entidades no gubernamentales, sindicatos, etc.) difícilmente se los puede imaginar adoptando actitudes de crítica hacia un gobierno que les ha otorgado la explotación de ciertos medios, y la liberación de numerosas licencias permitirá colocar en el tercer tercio, comercial privado, a buen número de aliados actuales y potenciales del kirchnerismo.
Todo discurso es sintomático y el de Cristina Kirchner no escapa a esta regla. El carácter puramente formal de las tomas de posición ideológicas se transparenta a veces en la comunicación de la propia señora presidenta. Un caso es el tema de los derechos humanos, muletilla del Gobierno, que termina siendo usada en los más diversos contextos. Valga como ejemplo aquella curiosa comparación, a propósito de las decisiones tomadas sobre la televisación del fútbol, entre el secuestro de los goles y el secuestro de personas desaparecidas durante el Proceso. Esta transmigración conceptual reapareció en el discurso del 27 de agosto a propósito de la Ley de Medios, proyecto, dijo Cristina Kirchner, que “es de todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática y más plural (…) no es de este gobierno, no es de un partido político, es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa”. Extraño paralelo. Porque si de algo hay allí un testimonio, no es del ejercicio de la libertad de prensa, sino de lo que ocurre cuando se la anula radicalmente. Sólo cabe esperar que no necesitemos tener en el futuro la experiencia de esos casos extremos para decidirnos a defenderla.
3. Hay una tercera lectura que se focalizaría precisamente en la sustancia ideológica del proyecto. Una nueva ley de medios es necesaria; se deben definir controles para evitar una concentración indebida de recursos en el campo de los medios; es necesario garantizar el pluralismo de las opiniones y la diversidad de sus expresiones. Considerados en sí mismos, nadie puede estar en desacuerdo con estos principios, que son la base de las legislaciones que reglamentan el campo de los medios de comunicación en la mayoría de los países “centrales” y particularmente en los países de la Unión Europea, cuya legislación fue ampliamente utilizada por los redactores de la ley aprobada en la Cámara de Diputados. Pero es un grave error olvidar que las consecuencias de la aplicación de una ley no pueden ser evaluadas sin tomar en cuenta la cultura política del país en que se la discute y las metodologías que se ejercitan desde el Ejecutivo. Los ataques repetidos y explícitos al Grupo Clarín provenientes del oficialismo y las consecuencias objetivas de la recomposición de las licencias si la ley es aplicada vuelven inconsistentes las declaraciones de la señora presidenta, según las cuales el proyecto es para todos y no contra un enemigo en particular.
De lo que se trataba era de asegurar las condiciones para que una discusión técnicamente adecuada y sin apresuramientos pudiese tener lugar en el espacio público. Todo indica que esas condiciones no han sido reunidas, y que, en consecuencia, las dos primeras lecturas de la situación parecen bastante razonables. Tanto más cuanto que la nueva Ley de Medios se convierte en un caso de necesidad y urgencia después de una derrota electoral.
Lo que hay que entender es que estas tres lecturas se adicionan, y que el proceso político en curso (como todo proceso político-social) es multidimensional. Focalizarse en los contenidos ideológicos del proyecto, descuidando las otras dimensiones (todas las intervenciones de la señora presidenta han estado destinadas a empujar en esa dirección) es precisamente caer en la trampa de la metodología kirchnerista. Ese parece ser el caso de los socialistas –si hacemos de su actitud la evaluación más benévola posible, a saber: que han sido políticamente ingenuos.
Hay aquí otro aspecto curioso de la situación. La obsesión por la capacidad extorsiva del “cuarto poder” de los medios ha sido, históricamente, una característica de la derecha y no de la izquierda “progresista” democrática. En Europa, los gobiernos socialistas nunca se preocuparon particularmente por las críticas provenientes de los medios ni tampoco intentaron promulgar leyes destinadas a reforzar el control sobre ellos. Fueron los socialistas quienes iniciaron en Francia el proceso de privatización de la televisión pública, respetando siempre la autonomía del CSA, el Consejo Superior del Audiovisual, autoridad de aplicación de las leyes sobre la radio y la televisión: aspectos diferenciales de la cultura política. Hoy en día es la derecha la que en Francia intenta acentuar su control sobre los medios audiovisuales: Sarkozy ha conseguido modificar la reglamentación, haciendo que sea el Poder Ejecutivo el que nombra al presidente de la televisión pública, eludiendo así la autoridad del CSA y provocando una considerable polémica. De la hipótesis sobre el poder extorsivo de los medios de información, sigue la imperiosa necesidad de controlarlos al máximo, ampliando de paso, por qué no, los buenos negocios de los amigos. La misma configuración de actitudes y motivos parece estar operando en Ecuador y en Venezuela. No sé si Dios los cría, pero está claro que ellos inmediatamente se juntan.
En todo caso, y aunque hacer pronósticos políticos es siempre arriesgado, me inclino a coincidir con algunos comentarios de los últimos días: esta operación apresurada de aprobación de la nueva Ley de Medios agrava la fragilidad del gobierno de Cristina Kirchner y el Ejecutivo llegará a la situación de la nueva Legislatura más debilitado que si dicha operación no hubiese existido. Y como no creo, personalmente, en el desmesurado poder que la señora presidenta atribuye a los medios, estoy convencido de que, aun cuando el Gobierno consiga con esta nueva ley reforzar su control sobre ellos, esto no significará ninguna garantía de preservación del poder kirchnerista.
Para decirlo brutalmente: un gobierno “controla” a los grandes grupos de comunicación cuando los sabe utilizar, no cuando buscar destruirlos; con persuasión, con autoridad moral y con una buena estrategia de comunicación.
Si no, pregúntenle a la Rede Globo.
