El desafío de una política petrolera adecuada a nuestro país consiste, primero y principal, en interesar a los capitales de riesgo y luego en tratar de optimizar la renta que le corresponde al Estado, nacional y provincial. Pero en ese orden.
Estos dos objetivos son conflictivos entre sí, ya que a mayor captación de renta por parte del Estado, menor atractivo inversor, y a mayores beneficios para las empresas, menor captación de renta para el Estado
Aceptando la hipótesis de que contamos con un recurso petrolero atractivo a nivel internacional, el punto de equilibrio que optimiza esos objetivos en pugna es función de las múltiples variables que forman el riesgo país, en particular la confianza y la previsibilidad.
En consecuencia, una ley de hidrocarburos (HC) que regirá el funcionamiento del sector clave para el desarrollo argentino debe surgir del consenso entre las fuerzas políticas que conducirán el país por décadas, es decir debe ser parte de una política de Estado para el sector energético.
Un proyecto de ley concebido para resolver urgencias del Gobierno e intereses de YPF, promovido por funcionarios responsables de la crisis energética que afecta a toda la economía del país, no reúne esas condiciones. Es un parche más. Es necesario que Argentina vuelva a la legalidad, es decir a respetar las leyes. Pero el proyecto promovido por el Gobierno e YPF, al querer obviar derechos que desde hace veinte años la Constitución Nacional otorga a las provincias, no lo hace.
La Constitución y las leyes vigentes asignan a las provincias y a la Nación roles y potestades. Así, a las provincias les corresponde el dominio, las concesiones/extensión, el control operativo/ ambiental y las regalías/cánones/impuestos locales. Mientras que al Estado nacional, la fijación de precios, la política exterior y la política cambiaria y aduanera. Si bien la aplicación de algunos de esos derechos puede quitar atractivo inversor, no es justificativo para que el gobierno nacional quiera modificarlos unilateralmente, recurriendo a la presión económica con la que habitualmente somete a las provincias.
Ante su incapacidad y especulación política, el gobierno nacional exige a las provincias que se adecuen al “interés nacional” renunciando a los potenciales beneficios que surgen de la aplicación de la Constitución y marco legal vigente.
Para que el sector petrolero deje de ser un lastre y se transforme en pieza fundamental del desarrollo sostenido de la Argentina, se requiere de grandes inversiones extranjeras.
Este gobierno, durante 11 años, generó desconfianza a través de su intervencionismo, anomia, cortoplacismo y corrupción, y vació el sector transfiriendo recursos hacia la población con fines electorales, hacia el gasto y hacia la corporación kirchnerista, compuesta por funcionarios y empresarios amigos.
En cuanto a la reestatizada YPF, debe competir en el mercado en igualdad de condiciones que las privadas, sin privilegios y sin objetivos políticos que trasciendan su rol empresario. Ya es suficiente la ventaja de contar con más de un tercio de la producción y reservas, y con el 55% del mercado local de combustibles, hechos que le asignan una posición dominante. Tampoco debe constituirse, durante la transición hacia un nuevo gobierno, en proveedor de divisas aprovechando su mejor posicionamiento en el mercado de capitales.
El marco legal que necesita el sector debe ser concebido para que rija la actividad sin solución de continuidad por más de veinte años. Para lo cual debe surgir del acuerdo entre las principales fuerzas políticas y las provincias y de consultas con el sector empresario y sindical. Si no, por más esmero que se ponga en la formulación de nuevas leyes, no se podrá poner en valor el enorme potencial petrolero argentino.
*Ex secretario de Energía y Minería y miembro de Fundación Pensar.
