Las detenciones de ex funcionarios nacionales y el pedido de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner generaron una amplia reacción crítica que excedió a los simpatizantes del gobierno anterior.
La libertad individual es una de las bases esenciales del sistema democrático y quitarla o restringirla exige la máxima legitimidad y el mínimo de sospechas.
Se trata de una operación muy delicada que debe responder a procedimientos muy rigurosos, en los que rijan garantías y consensos en torno a la imparcialidad y probidad de los jueces intervinientes.
No es éste el caso. Distintos sectores de la oposición no kirchnerista coinciden en que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013 fue un acto de política exterior no judicializable, aprobado por el Parlamento Nacional en el marco de las normas internacionales establecidos por la ONU, y que por lo tanto, las detenciones y el pedido de desafuero de la ex presidenta ordenados por Claudio Bonadio no tienen la mínima seriedad ni legitimidad.
La diferencia política no puede ser objeto de acción judicial y, mucho menos, de restricción de la libertad. Opositor no puede ser sinónimo de sospechoso. Cuando ello sucede, comienza a surgir la inquietante silueta de un Estado de Excepción donde desaparecen las garantías individuales.
Pero no se trata de un juez solitario en pleno ejercicio de la arbitrariedad y el revanchismo. Es mucho más que eso. Parece más bien un nuevo eslabón de la cadena de operaciones que busca “criminalizar” a la oposición, ilegalizarla y esterilizar su rol de equilibrio de poder dentro de la República.
Se trata de hechos gravísimos que, muy lejos del discurso de la calidad institucional y la división de poderes que el Gobierno ensayó durante la campaña electoral, generan el escenario opuesto, con persecuciones, amenazas de encarcelamiento y debilitamiento extremo del Estado de Derecho.
¿Cuál es el contexto político donde el juez Bonadio ordena las detenciones y el pedido de desafuero de la ex presidenta?
Es un escenario en el que el Gobierno intenta pasar del gradualismo a la plena aceleración del proyecto de ajuste y comienza a encontrar dificultades en ese camino.
Su proyecto de reforma previsional, que afecta los ingresos de los actuales y futuros jubilados y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ha comenzado a encontrar resistencias en aliados parlamentarios y críticas abiertas en voces habitualmente afines del sistema periodístico. Suerte similar parecen afrontar las reformas laboral y fiscal.
Las decisiones procesales del juez Bonadio irrumpen en ese escenario de dificultades como un gran cortina de humo detrás de la que el Gobierno intenta aprobar, antes de fin de año, las reformas previsional, laboral y fiscal que, en todos los casos, implican fuertes pérdidas de derechos para la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
En la misma perspectiva, las medidas del juez parecen orientadas a disciplinar a la oposición para esterilizarla como voz crítica en las discusiones parlamentarias. En paralelo, asistimos a un proceso preocupante de debilitamiento de la libertad de expresión.
Estos tres procesos parecen ir juntos: la construcción de un escenario político sin una oposición consecuente, un sistema de medios con pocas voces críticas y el avance a mayor velocidad del ajuste y la quita de derechos.
Detrás del discurso de la República, toma cada vez mayor nitidez un gobierno que busca un sistema político y de medios fuertemente disciplinado.
Por ahora, las decisiones de Claudio Bonadio, lejos de la legitimidad y el equilibrio, han generado una amplia gama de críticas y de señalamientos del peligro que suponen para el sistema democrático. Es políticamente necesario recordar todo el tiempo que el juez no actúa solo. Es parte de una cadena de operaciones que resulta funcional al gobierno nacional.
*Presidente del Partido Solidario.
