Fue la crónica de una crisis anunciada. Cuando el Gobierno decidió vengarse de José Manuel De la Sota y dejar a Córdoba a merced de una combinación explosiva de bandas de delincuentes organizadas y de saqueadores espontáneos, sentó las condiciones para una reacción en cadena que, a modo de un verdadero efecto dominó asoló al país. La capitulación a la que se vio obligado el gobernador de Córdoba envalentonó al resto de las policías provinciales para aplicar una metodología claramente extorsiva, y por lo tanto inaceptable, en pos de un reclamo de mejoras salariales innegablemente justo. La policía no puede hacer abandono total de sus funciones porque deja al Estado sin capacidad de acción frente al delito y a la población, que es la que sufre las consecuencias, absolutamente indefensa.
La crisis ha desnudado dos problemas de alto impacto: uno, el estado de las fuerzas policiales; dos, la desintegración social existente en la Argentina de hoy en día.
El estado de las fuerzas de seguridad es lamentable. Los bajos salarios obligan a buena parte de su personal a tener otros trabajos para subsistir. Esos adicionales, que algunas veces equiparan y otras superan los salarios que los efectivos cobran en su función en la fuerza, son origen muchas veces de verdaderas corruptelas. Además, hacen que ese personal esté sometido a largas horas de labor, con poco descanso, lo que redunda en una baja aptitud para la prestación de su servicio en la fuerza a la que pertenecen. Ese personal con fatiga sobre sus espaldas suele tener pocas horas de entrenamiento en algo tan delicado como el manejo de su arma como de su condición física. En esta realidad, las tentaciones de la corrupción no tardan en llegar. Así, para el personal policial honesto, que lo hay, se le hace cuesta arriba la convivencia. Este combo es explosivo y lo malo es que los arreglos a los que se ha llegado en estos días no los soluciona. ¿Será consciente de ello la comunidad política? ¿Será consciente de que los acuerdos salariales a los cuales se han arribado deja expuesta a la sociedad al accionar de estas policías tan sospechadas? En su regreso a los tuits, la Presidenta habló de saqueos organizados por las fuerzas policiales. La acusación debería obligar a los gobernadores a repensar el futuro de estas fuerzas. ¿Es posible que quienes organizan saqueos sean, a la vez, los guardianes del orden público? Definitivamente no. Pero eso no es solo lo que muestra la realidad.
En el fondo del reclamo está la inflación. Esto no es novedad sino la confirmación de una realidad que no se dibuja con los números del IndeK. Por lo que se vio el viernes, con el primer índice producido por la gestión de Axel Kicillof, nada ha cambiado. El acuerdo de precios que comenzará a regir a partir de enero es, directamente, una pérdida de tiempo.
Lo que se ha visto en estos días es la impronta creciente de la realidad de la cual el relato se disocia todos los días un poco más. El estado de desintegración social que exhibe la Argentina es alarmante. Poco a poco el país se va adentrando en el territorio del vale todo del cual es muy difícil salir. En este marco, la ley no vale nada. Y este es un concepto altamente peligroso porque aniquila cualquier posibilidad de convivencia social civilizada. Mucho ha tenido que ver para esto la corrupción de una parte de la dirigencia política. ¿Qué ejemplo recibe el de abajo cuando observa que el de arriba roba en forma descarada e impune? ¿Cree alguien, por casualidad, que esto es gratuito?
En el medio de todo esto, el Gobierno acaba de sacarse de encima a un fiscal molesto que no hizo más que cumplir con su deber: investigar delitos y a los sospechosos de haberlos cometido. José María Campagnoli no es cualquier fiscal. En la década de los 90, formó parte de un grupo de fiscales encabezados por Norberto Quantín, que se ganó el mote de Los Centauros, y que tuvo a maltraer a muchos funcionarios de aquel gobierno de Carlos Menem emblemático de la corrupción. Campagnoli fue el primer subsecretario de Seguridad del gobierno de Néstor Kirchner. Ese equipo encabezado por Gustavo Beliz cometió la ingenuidad de creer en la palabra del ex presidente cuando hablaba de hacer a la Justicia más independiente del poder político. El único hecho concretado fue la remoción de la Corte Suprema menemista y su reemplazo por otra de indiscutible prestigio. Después de allí, nada. Campagnoli es víctima de aquello contra lo cual fue llamado a luchar por Kirchner: la sumisión total del Ministerio Público a las necesidades del Gobierno. Se entiende, Campagnoli estaba investigando a Lázaro Báez y el problema es que todos los caminos de la investigación del ex cajero del Banco Provincial de Santa Cruz, devenido en millonario, llevan al matrimonio Kirchner.
Para Amado Boudou, la semana que pasó fue muy mala. Seguramente fue por eso que la Presidenta decidió enviarlo a representar a su gobierno en los funerales de Nelson Mandela. Se ve que a Fernández de Kirchner le importa poco la mala imagen que significa para el país que lo represente alguien que deberá dar cuentas ante la justicia de hechos de corrupción sobre los que las evidencias crecen semana tras semana a pasos agigantados. Con los testimonios de esta últimos días de Olga Beatriz Ciccone y del ex directivo de Telefe Gabriel Bianco, más las evidencias documentales obrantes en los expedientes, el juez Ariel Lijo está en condiciones de citar a declarar a Boudou. Cuando lo haga, será una citación indagatoria, es decir, la que se realiza a una persona cuando se la considera sospechosa de haber cometido un delito. Se abrirá ahí un cauce de alto impacto político.
Los muertos que dejó la revuelta policial han sido olímpicamente ignorados por el Gobierno para el que, evidentemente, hay muertes buenas y muertes malas, muertes condenables y muertes justificables. Es, al fin y al cabo, la reminiscencia del “por algo será” que tanto dolor causó y que no nos podemos permitir nunca más.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
