Estamos ante un rotundo cambio de época. Hay un hecho que lo demuestra con nitidez en el terreno de la economía y las empresas. Luego de décadas de liderazgo indiscutido, YPF dejó de ser la empresa más valiosa de la Argentina. Entregó el lugar más alto del podio a Mercado Libre, una compañía digital de capital y origen nacionales que ya cotiza por encima de los 10 mil millones de dólares. Esta plataforma digital se dedica a compras y ventas entre usuarios inscriptos en su sistema online. El nuevo gigante argentino opera también en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.
Si los argentinos utilizamos esta y otras páginas para hacer masivamente nuestras compras, ¿por qué las distintas administraciones públicas continúan prefiriendo un sistema anacrónico y opaco, nido de la más alta corrupción?
Un ejemplo muy cercano. El mundo va en otra dirección, también en este terreno. Sin ir más lejos, los chilenos han adoptado Chile Compra, un sistema transparente que nuclea a más de 120 mil oferentes registrados. Tengamos en cuenta que el peso de las compras públicas del Estado trasandino es el 4,2% del PBI local.
Se trata de un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Fue creado hace quince años y obliga al erario público a llamar a licitaciones y compulsas de precios cada vez que quiere adquirir un bien o un servicio.
Los resultados se vieron de manera casi inmediata. En estos quince años lograron erradicar la corrupción y ahorraron miles de millones de dólares en erogaciones innecesarias. Esta verdadera política de Estado se mantuvo a pesar de la alternancia entre los gobiernos de centroizquierda como el de Michelle Bachelet y de centroderecha como el de Sebastián Piñera.
Según datos oficiales, Chile Compra administra el mayor mercado electrónico del país, ya que 850 organismos del Estado están obligados a utilizarlo. De esta manera interviene en la adquisición de casi cien mil tipos de productos diferentes.
El mercado público chileno tiene un alto nivel de competitividad: el 93% de las licitaciones recibieron ofertas el año pasado desde todas las regiones del país y el 56,6% tuvo tres o más postulantes. Además, Chile Compra monitorea, asesora, capacita y acredita a los usuarios para que apliquen buenas prácticas y para que el Estado les pague en los plazos establecidos.
El balance es altamente positivo. En el índice de corrupción de la ONG Transparency International, Chile se ubica en el puesto 24 sobre 175 países auditados. En cambio, la Argentina en este mismo ranking figura en el número 95.
Vale recordar que, de acuerdo a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), las compras públicas son una de las actividades más vulnerables a la corrupción. El 57% de los casos de soborno tienen relación directa con los desembolsos de dineros públicos.
Por ello resulta clave que los organismos consideren en sus adquisiciones altos niveles de eficiencia, transparencia y probidad.
Un sistema transparente. ¿Por qué no adaptar, entonces, a nuestra idiosincrasia procedimientos que funcionan en geografías tan cercanas? ¿Podríamos contar con una “Argentina Compra”?
La respuesta es, a todas luces, sí. Sólo es cuestión de voluntad de la clase dirigente. La economía argentina es mucho más compleja y desarrollada que la chilena, donde predominan el sector primario-extractivo y los servicios. En cambio, nuestro país tiene un alto desarrollo del sector secundario-industrial, cuyas pymes podrían verse muy beneficiadas al empadronarse para ofertar en este tipo de plataforma.
Siguiendo el ejemplo del país vecino, se trataría de un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda en forma conjunta, en nuestro caso, con el Ministerio de Modernización.
La idea principal radica en generar un padrón único de productores de bienes y servicios nacionales que, de acuerdo con el tamaño de nuestra economía, podría alcanzar a 250 mil personas y/o pymes. Este cuarto de millón de oferentes funcionaría dentro de una plataforma digital que les permitiría saber al instante de las nuevas licitaciones. Dado nuestro sistema federal, a una ley nacional de esta naturaleza deberían adherir provincias y municipios. De esta forma el sistema pondría a disposición de la ciudadanía y entes fiscalizadores toda la data de las compras públicas y la realización de obras de infraestructura y servicios. Esto permitiría realizar los controles a priori, porque de poco sirve endurecer las leyes y los mecanismos de contralor a posteriori de cometido el posible ilícito.
En pleno siglo XXI, transitando lo que muchos denominan “la cuarta revolución industrial”, resulta inconcebible que los Estados destinen vastos recursos a informatizar la salud, la seguridad y la educación, pero se nieguen sistemáticamente a hacer lo mismo con una oscura metodología de compras que maneja nada menos que 20 mil millones de dólares al año si sumamos las distintas esferas de competencia.
Escuchamos permanentes promesas de lucha para erradicar la corrupción, pero lo cierto es que hemos terminado en un sistema muy parecido a la cleptocracia, que envilece el ejercicio público y consume enormes recursos que debieran tener destinos nobles.
Por ejemplo, en la actual coyuntura es imposible pensar en la reducción del déficit mediante ajustes a la población o echando empleados. Transparentar el sistema de compras sería, entonces, un gran aporte a la mejora de las finanzas públicas, además de contribuir a la moralización de la sociedad y el Estado.
La corrupción es la principal causa de la pérdida de credibilidad de las instituciones y de la política. Una batalla prioritaria para erradicarla, como el sistema que propongo, fortalecerá la democracia y la ética pública y privada.
*Ex presidente de la Nación.
