Recientemente hemos escuchado diversas expresiones de dirigentes de la alianza Cambiemos y de socios colaterales indignarse con el papa Francisco por sus presuntas intervenciones en política interna. Más aún, el coro llamaba a callar al Santo Padre, que al parecer puede intervenir por la paz en Siria, reconocer el Estado palestino, denunciar el narcotráfico y la violencia en México, interpelar a la Unión Europea para que asuma responsabilidades solidarias con el drama de los refugiados, por citar sólo algunos ejemplos, pero según ellos no puede emitir gesto alguno sobre su propio país.
Quisiera recordar que cuando fuimos a ver a Francisco con el qarashe qom Félix Díaz, también el oficialismo de entonces habló de intervención en asuntos internos del Santo Padre y nos acusó de ser financiados en el viaje por el multimedios Clarín, nada más equívoco dado que fuimos con el apoyo de la orden de los Pasionistas. En ese entonces las comunidades aprobaron el viaje para lograr interpelar al gobierno de entonces a que atendiera las demandas de los pueblos originarios, y para frenar las intimidaciones de la que era objeto la comunidad qom de parte del gobierno formoseño.
Ahora, con un nuevo gobierno que proclama su voluntad de diálogo, aparecen nuevas soberbias, aún peores que las anteriores, donde descuentan tener asegurado el “paraíso eterno” y erigidos en fiscales de la república mandan a callar al Papa. En actitud patoteril, procuran cobertura mediática para disciplinar a los obispos locales y deslegitimar la prédica del propio Francisco.
Se llegó a acusar al Santo Padre de empoderar a los violentos, por un gesto de misericordia como enviarle un rosario a Milagro Sala. Si algo caracteriza al actual pontífice, es su compromiso por la paz y la justicia, por el diálogo y la concordia de los pueblos. Los “republicanistas” debieran tratar de ser coherentes con su prédica de diálogo. Debieran empezar por no judicializar la protesta social que sus políticas están generando. La detención de Sala es un caso testigo de judicialización de la protesta, una causa plagada de irregularidades, por lo cual debería ser liberada de inmediato. Si existen otras acusaciones vinculadas al manejo de planes financiados con fondos públicos, debieran ser tramitadas con el debido proceso. Todos queremos transparencia en el manejo de los fondos públicos; de existir irregularidades, el Estado dispone de muchas instancias y herramientas para poder intervenir. El gobierno jujeño, al judicializar la protesta social y a la vez denunciar presuntos delitos mezcló no inocentemente ambos temas, lo cual ha permitido que opere una fuerte ofensiva mediática asociando violencia y corrupción con los movimientos sociales en su totalidad. En la lucha contra la corrupción nos encontraremos unidos todos los argentinos de bien, en la judicialización de la protesta estarán sólo los que no quieren la justicia y el respeto del derecho de los pueblos en nuestro país.
Si verdaderamente quieren avanzar en una cultura de diálogo, donde se respete la pluralidad y diversas de opiniones, debieran empezar a comprender que toda la prédica del papa Francisco parte de la comprensión del evangelio desde la opción preferencial de los pobres, los humildes y excluidos del sistema. Si sus intervenciones pueden interpelar a diversos gobiernos del mundo y de nuestro país, será para que se tome conciencia en pos de una sociedad justa y fraterna para todas y todos.
Sería bueno que varios funcionarios actuales, que han leído algo de budismo, reciban los llamados de atención para que logren el “súbito despertar” y se enteren de que para lograr la pobreza cero deben tomar el camino contrario al que adoptaron. En ese caso las protestas sociales quedarán en el camino porque se habrán realizado la justicia y el bienestar para nuestro pueblo.
*Premio Nobel de la Paz.Presidente del Serpaj y de la Comisión Provincial por la Memoria.