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DEBATE regional

Parálisis en la educación

En la Fundación CEPP publicamos un informe sobre la escuela pública argentina consultando al periodismo especializado. Los periodistas marcaron una encendida defensa de la misma y sus virtudes, pero advirtieron un deterioro y devaluación de su imagen producto de los conflictos que la rodean.

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Durante tres días, un grupo de periodistas especializados en educación, los directores de las oficinas de prensa y comunicación de los ministerios de Educación de la región y de todas las alcaldías e instituciones educativas de Colombia junto a distintos consultores y especialistas participamos, en la ciudad de Bogotá, de un encuentro internacional dedicado a la discusión en torno a cómo la comunicación desempeña un rol determinante en la movilización de la sociedad alrededor de la educación. Debo admitir que quedé sorprendido por cómo los periodistas y los responsables de comunicación abordaron, con diferencias por cierto, algunos temas que son ejes principales en la agenda mediática de Latinoamérica. Debates que parecen hoy imposibles de afrontar en nuestro país.

Quedó expuesto claramente que en Brasil no es un impedimento hablar, dentro de un sistema de financiamiento educativo por oferta, de cómo incrementar los aportes financieros federales destinados a las alcaldías contra resultados de calidad e inclusión. Es justamente Brasil uno de los países que mayores progresos alcanzó en educación en la última década. Tampoco resultó imposible para Perú, México y Ecuador, a pesar de los conflictos que el tema generó, discutir sobre la evaluación obligatoria de los desempeños docentes. Al punto que están abordando programas de mejoras salariales frente a capacitación y rendimiento. La estabilidad de las políticas educativas, absolutamente necesarias para alcanzar logros en educación, comenzaron a garantizarse públicamente en Colombia y en República Dominicana y son enmarcadas en Planes Decenales, mientras que en Ecuador el gobierno actual plebiscitó ocho medidas educativas categorizándolas como políticas de Estado y, sin importar el cambio del signo político de un gobierno a otro, se animaron a confirmar la gestión y continuidad del ministro de Educación del gobierno saliente. Algo sencillamente inédito, pero que consideraron necesario para brindar una señal de seguridad a la población. En Chile permanece instalado en la agenda pública y mediática el debate sobre un mejoramiento del modelo de financiamiento de demanda educativa, construido en la época de la dictadura militar, valorizando más el aporte destinado a los alumnos de los sectores más vulnerables con el fin de nivelar las posibilidades educativas, corrigiendo una tradicional inequidad que caracterizó ese sistema.

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Hace unos meses en la Fundación CEPP publicamos un informe sobre la escuela pública argentina consultando al periodismo especializado. Los periodistas marcaron una encendida defensa de la misma y sus virtudes, pero advirtieron un deterioro y devaluación de su imagen producto de los conflictos que la rodean. Además, creen que las recientes sanciones de normas educativas resultan positivas, pero no alcanzan a modificar, por lo menos por ahora, al statu quo de la educación argentina y no vislumbran progresos inmediatos. Por último, entienden que los padres no interpretan de la misma manera que las autoridades las prioridades y necesidades de la educación, y éste podría ser el punto a atender.

No se trata de modificar los pilares centrales de nuestro sistema educativo, que brindó excelentes resultados durante décadas, sino de animarse a romper barreras y debatir sobre cuestiones que hoy nos preocupan, como lo hacen gobernantes como Lula, Bachelet, García, Correa, entre otros, a quienes no podríamos calificar como “insensibles de derecha”.

Estos países solían estar muy lejos de nuestra realidad educativa y hoy debaten con firmeza aquellos temas que involucran y encarnan el interés social. No deberíamos permitirnos obviar esta tendencia por el solo reparo de confrontar con algunos actores y gremios docentes. El artículo II de la Ley de Educación establece que la educación “es un bien público”, es decir que ningún sector podría apoderarse de ella, por tanto no existe ningún impedimento para incluir, en nuestra agenda pública, debates sobre temas educativos que involucren y tengan a la sociedad como protagonista y como destinataria de un proyecto común que propicie, como desafío ineludible, una mejora en la calidad y equidad de nuestra educación.

 

*Coordinador de la Red de Periodistas Especializados en Educación de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas.