Dentro de 12 días se cumplirá un año desde que tropas rusas superaron la frontera de su país con Ucrania e iniciaron una invasión que en menos de dos semanas dio por resultado la muerte de 249 civiles (ocho de ellos, niños) y 553 heridos, según informó el 4 de marzo de 2022 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El servicio estatal de emergencias de Ucrania estimó la cifra en alrededor de 2 mil muertos civiles ucranianos.
No entraré en otras informaciones y miradas controversiales sobre la invasión y sus consecuencias hasta el presente. Mucho se ha escrito y dicho sobre el tema, y múltiples son las interpretaciones escuchadas y leídas, por supuesto con las posiciones enfrentadas entre el gobierno ruso y sus apoyos periodísticos afines y el gobierno ucraniano y sus aliados de hecho, mayoritariamente miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que lidera Estados Unidos.
Se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. En verdad, las primeras víctimas son seres de carne y hueso muertos por bombas, misiles, ametralladoras, tanques y otros recursos de la ingeniería bélica.
Y hay, además, víctimas entre quienes cumplen con la tarea de informar: los periodistas. Ocho de ellos perdieron la vida en los primeros diez meses de la contienda. Decenas sufrieron y sufren ataques y la aplicación de penas de prisión por la difusión de noticias que no resultan potables para las autoridades de ambos países, en particular de Rusia.
Para dar actualidad a lo antedicho, quiero citar un informe vía Twitter de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre una periodista rusa presa desde hace poco menos de un año por informar sobre la contienda sin observar las duras exigencias del gobierno de Moscú. Se trata de Maria Ponomarenko, para quien un fiscal acaba de pedir la aplicación de prisión durante nueve años por “publicar información falsa que desacredita al Ejército Ruso”. Ponomarenko trabaja para el portal de noticias RusNews y fue detenida en abril por informar del presunto ataque aéreo ruso en marzo contra el Teatro del Drama de la ciudad ucraniana de Mariupol, donde se refugiaban cientos de civiles, en una de las peores masacres de los inicios de la invasión. Vive un verdadero calvario desde que fue detenida en San Petersburgo: a poco de ser tomada prisionera, el tribunal que la juzga ordenó su traslado a Barnaúl, una localidad a 3.200 kilómetros, y su internación en una clínica psiquiátrica “para su evaluación”. Allí la mantuvieron recluida bajo atención médica durante 28 días y retornada a San Petersburgo, donde aguarda la sentencia definitiva tras la imputación de la fiscalía. En Rusia, la pena por difundir información sobre la guerra puede llegar a 15 años de prisión.
Cuando se habían cumplido seis meses desde la invasión, RSF responsabilizó a Rusia por 46 ataques calificables como crímenes de guerra, en los que al menos cien periodistas resultaron afectados en el ejercicio de su profesión. A fines de 2022, se contabilizaban ocho periodistas muertos, algunos de ellos asesinados. El primero de ellos, Evgueni Sakoun, camarógrafo de la cadena local Kyiv Live TV, pereció el 1º de marzo, como consecuencia del bombardeo ruso sobre la torre de televisión de Kiev, la capital de Ucrania.
Otras víctimas que ejercían el oficio: Brent Renaud, documentalista norteamericano, 50 años; Maks Levin, fotoperiodista, 41 años; Pierre Zakrzewski y Oleksandra Kouvchinova, Fox News, 55 y 24 años; Oksana Baulina, The Insider, 43 años; Mantas Kvedaravicius, documentalista, 44 años; Frédéric Leclerc-Imhoff, cadena francesa BFMTV, 32 años.
