Petrodólares y narcopesos

Cristina va camino a cumplir nueve meses de gestión. Meses agitados. Un verdadero parto, entre las protestas del agro, las polémicas sobre el doble comando, el voto “no positivo” de Julio Cobos, la caída de la popularidad matrimonial, el adiós de Alberto Fernández, las divisiones en el PJ, el parate de la economía y otros huesos duros de pelar. A la Señora sólo le faltaba que tres empresarios farmacéuticos asesinados y otro suicidado (socio de uno de aquellos y todos presuntos narcos) resultaran aportistas de la última campaña electoral del Frente para la Victoria, es decir, la que la volvió Presidenta. Y ocurrió.

El llamado triple crimen de General Rodríguez ya alcanza la categoría de Farmagate, justo cuando están por iniciarse, en Miami, las audiencias previas al juicio en la versión estadounidense del Valijagate. Desde el próximo martes volverán a ventilarse las charlas grabadas entre el venezolano Guido Antonini Wilson y tres compatriotas suyos sobre el supuestamente idéntico destino de los US$ 800.000 con que el voluminoso personaje llegó a Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto de 2007.

Coincidencia inoportuna si las hay: nuestra Presidenta está en pleno despliegue de una estrategia de refreshing de su imagen pública, a partir de los cosméticos consejos de su nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa.

La semana pasada, en este mismo espacio, se analizaron los paralelismos entre Cristina y la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien, tras negarlo durante meses, terminó reconociendo que PDVSA, la petrolera chavista, aportó US$ 135.000 para su campaña pro liberación de rehenes de las FARC. Un asiduo lector llamado Jorge López dejó el siguiente comentario en Perfil.com:

“Estimado Edi Zunino: me consta su capacidad profesional, sagacidad y rapidez mental, pero me sorprende su ingenuidad. ¿En serio cree que fueron necesarios US$ 800.000 para solventar parte de la campaña? Al mes de asumir la Presidenta, Alberto F. reasignó ¡$ 2.400 millones de un organismo a otro! Digame de verdad: ¿es posible tomar riesgos por esa cifra?”.

Con la gratitud del caso, pasaré por alto la flagrante contradicción que existe entre capacidad-sagacidad-rapidez mental e ingenuidad, sobre todo a la hora de hacer periodismo, y vayamos derecho al grano del asunto. Porque el amigo López no es el único que me ha expresado razonamientos por el estilo, estimulados por la propia versión oficial ante las revelaciones de Miami: desde la Casa Rosada se habló de “formidable locura”, de “canallada” y de “operación basura”, y se deslizó que esa valija era, además, innecesaria e insuficiente.

Acaso por ingenuidad pura, no me consta que aquel desvío firmado por Alberto F., como tantos otros en pleno uso de sus superpoderes, haya tenido como destino comprobable el pago de afiches, avisos o actos. Tampoco las pruebas irrefutables de lo que parece un hecho, pero aún debe probarse en estrados judiciales: que el gobierno de Hugo Chávez puso plata en la campaña K, lo que es ilegal.

Ya nos consta a todos, en cambio, que el asesinado Sebastián Forza y el suicidado Ariel Vilán contribuyeron con $ 200.000 y $ 160.000 para la misma campaña. Es cierto: entonces nadie los señalaba como supuestos traficantes de efedrina, pero ya habían sido dados de baja como proveedores del Estado por funcionarios del mismo Gobierno, por poco confiables.

¿Hacía falta tomar ese riesgo por una cifra que, al cambio del día, equivalía a US$ 112.500, o sea, siete veces menos que el contenido de la maleta de Antonini? En todo caso, era un riesgo mayor: los aportes quedaron registrados en la rendición oficial de recaudación y gastos del oficialismo ante la Justicia Electoral.

Ochocientas lucas verdes es mucho dinero. Siempre hablando de la declaración oficial de recaudación y gastos (lo que puede ser una ingenuidad mayúscula, pero es el único documento público que existe), esa cifra equivale a:

* El 75% de lo donado por las principales diez empresas contribuyentes (Creaurban, Strack.com, Marsans, Inter Medicina, Droguería Urbana, Multipharma, Bristol Park, Global Pharmacy, Karias y London Free Zone), entre las cuales, como se ve, se destacan laboratorios ahora bajo sospecha por el Farmagate.

* Una sexta parte del costo total oficial de la campaña.

* Lo declarado por el FPV en gastos de publicidad en radios y vía pública.

Aun suponiendo que todos esos números estuvieran dibujados, debería tenerse en cuenta que hasta la caja chica de una campaña electoral se sostiene con el “aporte desinteresado” de un sinnúmero de amigos.

No es, de todas maneras, la cuenta que más inquieta en Balcarce 50. Allí, aún abombados por las múltiples derivaciones del Efecto Campo, se plantan ante una ecuación más abstracta, política y riesgosa: Valijagate + Farmagate = 2009 difícil. Y en campaña.