El web site oficial de la senadora colombiana está encabezado por una foto de ella, otra de una paloma blanca en pleno aleteo y una pregunta: “¿Qué hay debajo del turbante de Piedad?”.
No hay respuestas concretas, ni inmediatas, ni efectistas más abajo. Hace falta leerlo completo para enterarse. Y nada se aclara sobre el secreto que estuvo bien guardado bajo esos coloridos tocados caribeños hasta hace una semana: la senadora Pilar Córdoba, la más chavista de los colombianos, fue financiada por el gobierno de Venezuela a través de la polémica PDVSA, tan conocida por nosotros y tan cara a nuestras intrigas aeroportuarias.
Así se lo confirmó esta semana por mail la propia Pilar al diario El Espectador, apenas terminadas las ceremonias de asunción del paraguayo Fernando Lugo y horas antes de encontrarse con Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada.
Hasta ese día, Pilar y Cristina tenían algo más en común que sus respectivas femineidades, sus amistades con Hugo Chávez, sus títulos de abogadas y sus fulgurantes carreras políticas. A ambas se las acusaba de ser financiadas secreta, ilegalmente, por Venezuela, vía PDVSA.
Quién puede olvidar la ira con que Cristina negó todas las vicisitudes del Valijagate, hace ya un año. Pilar lo había negado en estos términos en marzo pasado, seis meses después de echados a rodar los rumores en ese sentido: “No pertenezco ni estoy financiada por ningún grupo económico de este país ni por ningún gobierno extranjero. No soy la novia de Chávez, no me voy a casar con él”, lanzó, en tono de culebrón, tras un interrogatorio que le hizo la presidenta del Congreso colombiano, Nancy Gutiérrez.
Ahora que la propia Pilar confesó las “razones humanitarias” que la empujaron a aceptar aquellos 135.000 dólares bolivarianos –su destino, según dijo, era el de solventar actividades culturales y acciones propagandísticas en favor de la liberación de rehenes por parte de las FARC–, la matriz de nuestro Valijagate suena más a modus operandi establecido que a disparate o conspiración imperialista.
Decir que la vuelta atrás de Doña Pilar sobre los pasos de su mentira inicial en el Parlamento de su país viene a confirmar equidistantes falsedades oficiales aquí en cuanto al destino de los US$ 800.000 que traía el Gordo Antonini Wilson, sería tan temerario como dar por confirmada la otra parte de aquella desmentida, es decir, que la senadora Córdoba es la prometida de Chávez.
Sin embargo, el paso del tiempo, asociado con la repetición de situaciones por aquí y por allá, sí permite sacar algunas conclusiones:
• PDVSA es vehículo de negocios públicos y transacciones extraoficiales que, por lo menos, se prestan a la polémica.
• Así como en el Valijagate cumplió un rol estelar el ahora ex funcionario pingüino Claudio Uberti, en el caso colombiano actuó con igual autonomía un tal Ricardo Montenegro, asesor de confianza de la mulatona senadora.
Uberti siempre se dedicó, desde los tiempos en que los K mandaban sólo en Santa Cruz, a la organización de las campañas electorales y a la coordinación de su financiamiento. O sea, a “hacer caja”. Por lo que se supo ahora, el colombiano Montenegro trabaja más o menos de lo mismo, aunque, destapada la olla, Pilar Córdoba aseguró que lo hace “dentro de la más estricta sujeción a los cánones éticos y a la rendición de cuentas”.
La semana pasada, cuando PERFIL entrevistó a Héctor Capaccioli, actual funcionario argentino de la ANSAL y ex cajero oficial de la campaña de Cristina, y le consultó por qué el recientemente asesinado y presunto narco Sebastián Forza había aportado $ 200.000 al Frente para la Victoria con vistas a las elecciones de octubre pasado, salió, obviamente, el tema de la valija de Antonini. La respuesta de Capaccioli fue más que sugestiva: no negó que hubiera existido el episodio, sólo aclaró que no fue convocado por él y que, si le hubieran avisado, habría sugerido que no se aceptara ese dinero, ya que la financiación privada o pública desde el extranjero viola la ley.
Capaccioli es alguien de la extrema confianza de Alberto Fernández, quien, entre los desplantes previos a su renuncia como jefe de Gabinete, se quejó de que los Kirchner –quienes no estarían, según las mismas versiones, en sus cabales– lo usaron “hasta de abogado en temas en los que no tenía nada que ver”. Se refería a las respuestas públicas que debió ensayar para desmentir todo lo de la molesta valija, episodio que involucraba “a gente de Julio De Vido y no de él”, en palabras de un albertista puro.
En ese clima, con la popularidad resquebrajada y con el juicio por el caso Antonini a punto de iniciarse en Miami, Piedad con Cristina suena más a ruego que a foto protocolar.