Las declaraciones de Elisa Carrió denunciando que “algunos dirigentes claves” de la alianza “hacen negocios”, así como su propuesta de establecer “reglas de decencia”, han sacudido la escena política al sumar a los casos de corrupción kirchnerista, sospechas sobre dirigentes de la oposición. Éstas últimas son difíciles de probar y no queda clara la intencionalidad de las denuncias, además de no revestir la gravedad de los primeros. Sin embargo, dada las flaquezas de nuestros controles institucionales sobre el comportamiento de la dirigencia política, no vienen mal alertas que sensibilicen la capacidad supervisora de los ciudadanos. Más aún cuando el mal desempeño de los representantes políticos en cuanto a promover el bienestar material a las mayorías, suelen derivan en desvíos en el manejo del poder que reciben de esas mayorías.
Datos estadísticos consistentes señalan que nuestro país atraviesa un largo y profundo proceso de estancamiento económico, el que se traduce en una pobreza cercana al 50% de sus habitantes, con falta de empleo formal y malas condiciones de vida. Las causas son muchas y variadas, pero no hay dudas que en la base de las mismas está la ausencia de inversiones privadas destinadas a producir la riqueza que bien distribuida modificaría esa situación social; inversiones que debieron ser atraídas por un Estado que use su poder para crear las condiciones que las hicieran efectivas.
Nuestro país atraviesa un largo y profundo estancamiento económico
La experiencia histórica enseña que el desarrollo económico se alcanza con la presencia de personas con capacidades y cualidades particulares para el desafío de producir riquezas, las que arriesgan capital privado en forma de inversiones; y para lo cual mantienen una relación compleja con un Estado que, por un lado debe garantizarle condiciones favorables y seguridad jurídica a sus inversiones, y por otro exigirle el cumplimiento de leyes laborales que garanticen relaciones de trabajo dignas e ingresos adecuados. Las capacidades de las personas que cumplen funciones productivas (ponderadas incluso por Pepe Mujica) son tan diferentes de las que cumplen funciones desde el Estado, que la sustitución de aquéllas por éstas últimas ha llevado históricamente al fracaso económico, como ocurrió toda vez que se socializaron los medios de producción. Por otro lado, cuando los representantes de la burguesía se apropiaron de las funciones del Estado, como ocurrió durante la Primera Revolución Industrial, hubo un exitoso crecimiento económico, pero con mucha inequidad social. La decisión del gobierno comunista en China al dejar en manos privadas, buena parte de la producción de riquezas, confirma las bondades de separar ambos tipos de funciones.
En nuestro país una fuerza política que buscó una tercera posición “combatiendo al capital”, terminó favoreciendo el estancamiento económico; resultado al que también arriba otra fuerza política que limitó su acción a la garantía de derechos cívicos sin poner el Estado al servicio de la producción de riquezas creando las condiciones que alentaran inversiones productivas. En ambos casos el resultado fue un derrumbe de las condiciones de vida de las mayorías ciudadanas; y al abusar de medidas demagógicas para esconder sus limitaciones de gestión, deterioraron la calidad de esa gestión con “desvíos” en el ejercicio del poder; el que terminó representando un fin en sí mismo.
Y así llegamos al escenario político actual con muchos esfuerzos para instalar candidaturas, pero con poca voluntad para aclarar cómo salir del estancamiento. Candidaturas que para incrementar sus posibilidades recurren a negociaciones con diferentes referentes con el solo objetivo de sumar votos. Negociaciones que desvirtúan la sana práctica del diálogo y los acuerdos en búsqueda de coincidencias superadoras, para reducirlas a un mero intercambio de favores y recompensas “privadas”; lo que alimenta temores como los señalados por Carrió.
*Sociólogo.
