El Estado es una institución cuyas funciones y formas de intervenir en los procesos sociales y económicos dependen de las ideas y los comportamientos de los actores políticos que lo conducen. El liberalismo económico postula que el Estado no debe intervenir en los procesos productivos, pero en los hechos lo utiliza para controlar las protestas obreras surgidas por las condiciones de explotación en el inicio de la Revolución Industrial. Por su parte, el marxismo socializa los medios de producción para terminar con la “explotación capitalista”; pero al ponerlo en manos de un Estado que no crea bienes y servicios suficientes solo distribuye “carencias”. En la segunda mitad del siglo pasado, la socialdemocracia europea inaugura una nueva visión de las funciones del Estado, el que interviene en los procesos de redistribución pero alentando la producción privada.
En nuestro país, la llamada generación del 80 puso el Estado al servicio de un proceso de “crecimiento” económico exitoso, aun cuando no llega a consolidar un desarrollo sustentable, insuficiencia que no resuelven las fuerzas políticas que la suceden en el poder. A mediados del siglo pasado, el peronismo pone el Estado al servicio de la sustitución de importaciones, pero no logra consolidar un desarrollo de largo plazo. Perón lo intenta en 1952 con un congreso de la productividad y el fomento de las inversiones extranjeras, pero un golpe militar interrumpe el proceso. Más tarde, Frondizi vuelve a intentar poner el Estado al servicio del desarrollo, pero un nuevo golpe militar frustra el intento. Desde entonces, el peronismo y el radicalismo descuidan las funciones del Estado en cuanto a crear condiciones que atraigan inversiones que promuevan un desarrollo económico creador de empleos genuinos y de riquezas: el radicalismo, centrado en los aspectos institucionales de la democracia, y el peronismo, en una distribución que padece las insuficiencias productivas.
Populismo, Yrigoyen y ruidos en la oposición
La crisis de 2001 da lugar a una nueva fuerza política, el kirchnerismo, con un relato que invoca un socialismo pseudomarxista, sin preocuparse por incentivar la creación de riquezas y empleos genuinos. A lo que suma una conducción del Estado que se caracteriza por un manejo discrecional del poder, con una política que, al obstaculizar la tarea de las fuerzas productivas, ahuyenta las inversiones en lugar de fomentarlas, lo que lleva a un crecimiento exponencial de la pobreza, con falta de empleo y una informalidad que alcanza a la mitad de los que trabajan. A esto se agrega un fuerte deterioro en la educación pública y en la atención de la salud, junto a una inseguridad que se alimenta tanto de delitos comunes como de un avance notorio del narcotráfico. En cuanto a la corrupción en el manejo del Estado, es mucho más grave y generalizada de lo que muestran los resonantes casos que han llegado a la Justicia ya que, junto con los ilícitos y los sobreprecios en la obra pública, aparece la práctica de crear “cajas” en diversas reparticiones para que grupos militantes financien sus aparatos, llegando al extremo de “lotear” el Estado para distribuir esas cajas entre diversas corrientes del oficialismo. Usos delictivos y faltos de ética en el manejo del Estado que se intentan legitimar con un discurso ideológico anticapitalista que dificulta el funcionamiento de la empresa privada, además de someterla a una presión impositiva desproporcionada.
El Estado es esencial en toda sociedad humana, pero su aporte no depende de su tamaño sino de las funciones que se le asignen y de la idoneidad y ética con que se las lleve a cabo. Un Estado que crece groseramente en tamaño creando empleos para amigos del poder, que no promueve el desarrollo económico y cuya dirigencia recurre a prácticas corruptas resulta un Estado enorme que, en los hechos, al no cumplir con sus funciones básicas, deja a la sociedad sin Estado.
*Sociólogo.
