El descontento de los ciudadanos con sus representantes se ve reflejado en datos estadísticos como los de Latinobarómetro, que muestran a la democracia apoyada por menos de la mitad de los encuestados en la región. Además, crecientes voces los acusan directamente de haberse convertido en “castas políticas”, lo que estos rechazan atribuyéndolas al liberalismo económico o a una ultraderecha estilo Vox español, desconociendo que los primeros ataques vinieron del Podemos también español, desde la izquierda. Sin negar posibles sesgos ideológicos, en nuestro país hay hechos que los comprometen.
Desde que se afianza la democracia y la representación es rentada, en nuestro país elegimos un gran número de representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, nacionales, provinciales y municipales, los que llegan por vocación, ambiciones de poder o riquezas, o simplemente como medio de vida. Representantes que conforman un grupo social con un poder y un prestigio que los aproximan a un estamento o casta que dicta sus propias funciones, derechos y privilegios, fijando el monto de sus remuneraciones (por encima del promedio nacional), jubilaciones especiales, viáticos y nombramientos de asesores y empleados públicos; además de manejar los cuantiosos recursos del Estado, que hecho sin control externo ha dado lugar a un gasto descontrolado de la política que quita recursos para las políticas sociales, lo que los ha alejado de muchos ciudadanos que sufren por no tener empleo ni ingresos asegurados.
El gasto excesivo más conocido se da a través del empleo público para parientes, amigos o en cumplimiento de promesas electorales; lo que ya ocurría con Yrigoyen y que llega al despropósito de “lotear” el Estado con el kirchnerismo. Práctica que se da no solo en el Ejecutivo sino también en el Legislativo nacional, provincial y municipal. Una comparación de los Parlamentos de Alemania y Argentina muestra el mayor número de empleados del nuestro (controlado el número de parlamentarios), con particularidades como la de asignar un número inusual en su biblioteca y en “automotores”. En cuanto a los Parlamentos provinciales, “la Legislatura de la provincia de Buenos Aires cuenta con un presupuesto anual de $ 17.718 millones y 2.600 empleados”. Y en los municipios son muchos los que gastan el total de sus presupuestos en sueldos y otros beneficios para sus funcionarios, sin dejar fondos para atender las necesidades de los ciudadanos.
Uno de los mecanismos a los que este estamento o casta recurre para garantizar sus privilegios es el de incorporarlos a la Constitución Nacional, como se hace con el artículo 14 bis que garantiza la “estabilidad del empleo público”; el 38, que declara a los partidos políticos “instituciones fundamentales del sistema democrático”; o el 45, que establece que después de cada censo el Congreso fijará la representación pudiendo aumentarla, pero no disminuirla. Otras veces se recurre a acuerdos de cúpulas, como el Pacto de Olivos para reformar la Constitución que permitió la reelección buscada por Menem y a la cual en principio se oponía el radicalismo. La conversión de la Ciudad de Buenos Aires en una jurisdicción autónoma y el aumento de senadores por provincia ayudaron al acuerdo, pese a que esas reelecciones dificultan la realización de transformaciones estructurales, tanto por reducir de seis a cuatro años el tiempo para gobernar, como porque a partir del segundo año el presidente en ejercicio empieza ya su campaña por la reelección. Reformas que cobraron vigencia de inmediato, a diferencia de “un régimen de coparticipación” que debió ser establecido antes de finalizar 1996, pero que aún no se concretó.
Y para completar su distanciamiento respecto del resto de los ciudadanos, con frecuencia se recurre a la connivencia de funcionarios judiciales para que no los alcance el Código Penal.
*Sociólogo.
