En Olivos se respira un ambiente de tensión. Es que Néstor Kirchner está siguiendo el día a día del proyecto de Ley de Medios a la manera de un obsesivo. Su esposa, la Presidenta, también.
La que pasó fue una semana de disgustos para el matrimonio presidencial. La negativa del senador jujeño del Frente para la Victoria, Guillermo Jenefes, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a resignar la participación de la comisión que preside en la discusión del proyecto, obligó a que, en lugar de dos, fueran cuatro las comisiones a las que se lo debió girar para su tratamiento. “Lo quisieron sacar del medio pero el hombre se puso firme”, reconoció un legislador oficialista acostumbrado al maltrato de los Kirchner. El tema no es menor: para que un proyecto sea tratado en una sesión en cualquiera de las cámaras legislativas, es necesario que tenga despacho de las comisiones en donde se lo analiza y discute. Si en alguna de esas comisiones el proyecto no tiene despacho, su decurso se detiene y no puede ser tratado por el cuerpo correspondiente, que, en este caso, es el Senado. Por eso es que cuantas más son las comisiones a las que se envía un proyecto, más complejo es su camino. La comisión que preside Jenefes, además, es la cabecera y, por ende, su participación es ineludible.
Como siempre el Gobierno presentó este hecho, concerniente al involucramiento de cuatro comisiones, de una manera distorsionada. En efecto, se dijo que la decisión de hacerlo así fue tomada para satisfacer los reclamos de la oposición. En verdad, las cosas fueron diferentes, ya que fue la ya mencionada rebeldía del senador Jenefes, quien en principio no estaría convencido de aprobar la ley a libro cerrado tal como lo demandan los Kirchner, la que obligó a aceptar el giro del proyecto a cuatro comisiones, lo que, por otra parte, ya había sido acordado entre los senadores del oficialismo y el radicalismo, acuerdo que no fue refrendado por el matrimonio presidencial.
El proyecto, en el Senado, camina por otros carriles. En principio, hay que señalar que hay debate. Y esto objetivamente es bueno. La discusión tiene mayor contenido técnico; ello es esencial porque es del análisis de los aspectos técnicos del proyecto de donde salen sus cosa positivas –que las hay y deben ser resguardadas– y las malas, que de prosperar tirarán por la borda muchos de los aspectos buenos antes mencionados.
El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, viene haciendo el “minuto a minuto” de lo que sucede con su tropa, agobiado por la presión de los Kirchner y por el recuerdo de la 125. “Hoy estamos cuatro votos arriba en la votación en general, pero no estamos seguros de estar arriba en la votación en particular”, confiesa una voz del oficialismo. El diagnóstico es compartido por la oposición. Y este punto de las modificaciones es clave. El porqué es simple: si la ley es votada con modificaciones, deberá volver a Diputados. Allí, para que se apruebe este mismo texto que hoy sostiene el Poder Ejecutivo, hará falta una mayoría especial, es decir, los dos tercios de la totalidad de la Cámara. “Esos votos nunca los tendremos”, afirman los diputados oficialistas. Por eso es que un senador K se sinceró diciendo que “si hay modificaciones, no habrá ley”.
“Acá la rosca va a funcionar al máximo la semana que viene”, coinciden voces tanto oficialistas como opositoras. La negociación discurrirá entre bambalinas. La herramienta que utiliza el Gobierno no es la convicción sino la sumisión, y para ello se vale de la caja. Algunos, hay que decirlo, intentan resistir.
La provincia de Buenos Aires está al rojo vivo. La aprobación del así llamado “impuestazo” ha generado una reacción adversa en los sectores rurales que está perturbando el ya atribulado gobierno de Daniel Scioli. En verdad, como dijo el ex titular de la Agencia Recaudatoria de Buenos Aires (ARBA) Santiago Montoya, desde el punto de vista del impuesto inmobiliario el incremento para los productores, en general, es poco significativo. En donde sí impacta es en el canon que se paga por la carga y descarga en los puertos de la provincia. Estos valores se los habrán de trasladar automáticamente a los productores. Esto traerá como consecuencia que se deriven las cargas hacia puertos ubicados en otras jurisdicciones.
Lo que además desnuda toda esta situación es el panorama crítico de las cuentas fiscales de la provincia. Recuérdese que el rojo para fin de año se calcula en 5.000 millones de pesos.
“La gestión de Scioli es desastrosa. Votamos a favor en un acto de obediencia debida”, reconocía un senador oficialista crecientemente preocupado por la situación socio-económica bonaerense quien agregaba: “Encima todo el trámite parlamentario fue bochornoso; la presión fue tremenda”.
Scioli parece haberse dado cuenta del error. Por eso ya hay quienes anticipan que dejará pasar unos quince días para luego producir modificaciones que atiendan las demandas de la mayoría de los productores agropecuarios. Como se ve, el nivel de improvisación es mayúsculo.
Otro asunto muy delicado fue lo que se vivió en la tarde del viernes pasado a la entrada de la planta de la empresa Kraft Foods en general Pacheco. Eso disparó alarmas en el poder y en la sociedad. Fue una demostración, además, de falta total de previsión y anticipación por parte del Gobierno. Y esto va más allá de este conflicto.
El martes pasado se vivió una situación altamente inquietante, que debió tener una atención mayor por parte de las autoridades nacionales, cuando, en un momento dado, todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires estuvieron bloqueados por grupos de manifestantes que expresaban reclamos por la suspensión de planes sociales. Sobre esto hay que hacer dos reflexiones: la primera tiene que ver con la metodología de protesta imperante hoy día en la Argentina. La protesta y la huelga son derechos absolutamente legítimos en la vida de una sociedad democrática, los que deben ser ejercitados con metodologías que se encuadren dentro de las normas de la legalidad. Los cortes de calles y rutas son ilegales, lo haga quien lo hiciere. Esto es indiscutible. El problema que hoy se plantea en la Argentina es que este ha sido tomado como el único método a través del cual una protesta puede llamar la atención de las autoridades.
Asimismo, lo que ha quedado expuesto en los episodios aludidos, es la doble conducta con la que, como en tantos otros temas, el Gobierno maneja estas cosas. Lo del viernes fue una muestra más. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reconoció haber hablado con el gobernador Scioli para pedirle que la Policía bonaerense acudiera al lugar y actuara en forma “más contundente” (¿habrá sido esa la expresión textual que en ese diálogo privado usó el Dr. Fernández?), en tanto que se despachaba a la Gendarmería para evitar el corte en la Panamericana. Sin embargo, nada de eso se hizo en relación con los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires.
Se sabe ya que los grupos que apoyan a los huelguistas han decidido, en una asamblea que se desarrolló en la tarde del sábado y en la cual hubo durísimas consignas contra Moyano y la conducción de la CGT, acompañar a los trabajadores a la puerta de la planta Kraft Foods el lunes a las 5 de la mañana y culminar el día con una marcha que partirá de la Plaza de los Dos Congresos hacia la Plaza de Mayo.
La segunda reflexión concierne al trasfondo de estas protestas. El más importante tiene que ver con la crisis social que sigue su curso y que es producto del deterioro de la situación económica que principalmente afecta, como siempre, a los que menos tienen. En este sentido, resulta increíble ver cómo el Gobierno se embarca en polémicas inútiles, ya sea con la Iglesia o con cualquier otro que advierta sobre el aumento de la pobreza en nuestro país. ¿De qué le sirve al Gobierno enojarse con los que, al señalar ese crecimiento, no hacen más que reflejar la realidad? ¿De qué les sirve al Gobierno y al país la obscena manipulación de los índices de pobreza del INDEK?
En el contexto de lo que se vive en nuestro país, hay una tema que viene fermentando a la luz de denuncias e investigaciones judiciales que han comenzado a mostrarse activas. Tienen que ver con la situación patrimonial de funcionarios directamente ligados al poder y con mucha cercanía al matrimonio presidencial. Un breve repaso nos lleva al caso de los medicamentos falsos, que se relaciona, a su vez, con el de la financiación de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. En esa causa, además de la muy comprometida situación del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, también puede llegar a ser delicada la posición del ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli. La jueza federal con competencia electoral, Dra. María Romilda Servini de Cubría, ha recobrado interés en la causa y esto les ha generado inquietud a varios en el centro del poder.
Al significativo y escandaloso aumento patrimonial del matrimonio presidencial le vienen siguiendo otros. En esa línea aparecen el secretario privado de la Presidenta, Fabián Gutiérrez, y el número dos de la SIDE, Pablo Larcher. En la medida en que la Justicia tenga voluntad de investigar, la nómina irá en aumento.
Fue por eso que, conociendo muchas de estas cosas, alguien que supo ser un funcionario de peso en el gobierno de los Kirchner dijo hace ya tiempo: “El día que no tengan fueros, varios de los que hoy están en el poder van a tener problemas con la Justicia”.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi.
