Las políticas pueden enfrentar a los pueblos. Las políticas pueden defender intereses contrapuestos, hasta incluso provocar efectos no deseados.
Argentina reedita su pasado hoy de la mano del FMI. Las reformas de la década del 90 tuvieron como objetivo principal la minimización y el achicamiento del Estado a partir del diagnóstico de hipertrofia estructural.
Técnica y políticamente se presentaron como la salida de la hiperinflación de 1989 permitiendo la recuperación de la moneda. Lo desconcertante del imperativo reduccionista fue el costo que debió pagar la sociedad argentina en su conjunto.
La evaporación total o parcial de las acciones del Estado en áreas medulares como la generación de empleo, creación y expansión del sector productivo a partir de incentivos y subsidios para el sector privado, salud, educación, vivienda constituyeron la decadencia sublime que catapultó el horizonte de credibilidad y esperanza hacia el gobierno de turno.
Cuando se trabaja en pulverizar la matriz social, automáticamente se desvanecen los mecanismos de solidaridad orgánica. El “sálvese quien pueda” había llegado para ostentar su despliegue escénico.
Paquetes, recetas, “líneas de trabajo a seguir”; variantes sesgadas para permitir la injerencia de un tercero en temas soberanos para un país.
La Unión Europea funciona bajo la lógica de estabilidad o convergencia. Cada Estado miembro debe presentar sus planes presupuestarios ante la Comisión para que los evalúe. Sobre la base de parámetros de referencia, deberán adoptarse o no reformas para superar las deficiencias económicas incluyendo techos para el gasto público. Con el euro terminaron las volatilidades de las monedas. El precio que pagó cada país: resignar su potestad en el diseño de políticas cambiarias.
Ayer hablamos del Consenso de Washington. Hoy, el FMI hace las veces de la Comisión Europea toda vez que la lupa de la aprobación arroja condicionamientos internos no solo en materia económica sino, aún más grave, perjuicios sociales.
El aumento de la tasa de interés y de la renta de las Leliq y Lebac como medida astringente es, sin duda, una de las políticas más clásicas para frenar la inflación creciente. Esto trae aparejado una consecuencia doble. Por un lado es un disparador de deuda. El Estado se constituye en deudor de miles de millones de pesos en pos de reducir excedentes monetarios. Por otro lado, el claro perjuicio para las pymes. Subir la tasa de interés pasiva (la que pagan los depositantes) tiene como contracara el traslado a las activas (las que se cobran por créditos). Sabiendo que las pymes son las generadoras del 70% de empleo en nuestro país, diezmar a este sector en pos de interrumpir la carrera devaluatoria sin duda atenta contra el interés nacional.
Una vez más, la inconsistencia del modelo. La política cambiaria divorciada de la monetaria enfrentando al sector exportador en desmedro del mercado interno.
El déficit público puede ser uno de los ejes centrales sobre los cuales hay que trabajar. No por ello desatender la fuga del ahorro local al exterior sumado al vapuleo constante hacia el sector productivo que hoy requiere una tasa preferencial para incentivar créditos y crecimiento.
Ni siquiera podemos hablar de modelo o proyecto ya que no está definido con claridad. Sí de una serie de medidas contradictorias signadas por el “pruebo y corrijo”.
Las contradicciones irrumpen las olas de silencios y la revolución de las ideas aguarda ansiosa su triunfante ingreso.
¿Se puede gobernar “puertas adentro de la Rosada” con una visión parcial de la realidad?
Para las próximas elecciones será la protagonista la sociedad civil. Podrá dar su “voto de censura” o su “voto de confianza”.
*Analista política. Magister en Relaciones Internacionales Europa-América Latina (Università di Bologna).
Abogada, politóloga y socióloga (UBA). Twitter: @GretelLedo www.gretel-ledo.com
