Hace unos días, el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro, difundió los datos para el país en el primer semestre de 2025. Según estos, entre enero y julio ocurrieron 140 femicidios de mujeres y niñas, un lesbicidio, un transfemicidio y ocho femicidios vinculados de varones adultos y niños, o sea en total 150 femicidios. En cuanto a la distribución según provincias, la principal afectada es la provincia de Buenos Aires, seguida por las de Santa FE, Córdoba y Chaco. En cuanto al lugar, casi el 70% ocurrió en su hogar, por eso el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y niñas. Estos datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas en toda su diversidad existe en el país e incluso persiste en valores similares a los de años anteriores. Los femicidios como expresión extrema de esta violencia son un indicador de la subsistencia de la violencia.
Frente a esto, el gobierno nacional, ahora a través del Ministerio de Justicia de la Nación, descontinuó todos los programas existentes y dejó solo en mano de las provincias la atención de esta violencia. Incluso la línea telefónica nacional 911 ha sido descentralizada a las provincias y jurisdicciones ya que, según de dónde se llame, se la deriva automáticamente a la jurisdicción o provincia correspondiente. Es en base a esa derivación automática que las provincias han visto sobrecargadas sus líneas de atención telefónica y no todas cubren las 24 horas todos los días, lo que implica problemas y fallas en la atención. La sobrecarga de estos llamados a la línea provincial fueron el motivo de la denuncia que efectuó la Provincia de Buenos Aires a la Nación, y que el sábado 2 de agosto fue la noticia difundida por 50/50 en el diario PERFIL. Según ésta, la línea provincial 144 aumentó las llamadas que le deriva el 911 en un 30%. Esto implica que, ante la falta de la prevención en base a la información que la línea 911 brindaba y que permitía disminuir y retrasar el daño, ahora las consultas son más graves e implican la necesidad de mayor aporte de las provincias, que en el caso de la de Buenos Aires fue evaluada en 12.944.933.664 pesos entre noviembre 24 y enero 25. Esta suma de dinero corresponde a los gastos en que incurrió la Provincia en ese período, que abarcan desde el fortalecimiento de la instalación tecnológica y humana de la línea 144 para cubrir la mayor demanda hasta el refuerzo de los equipos de atención, especialmente en horarios pico de demanda, y el contrato de una línea 0800 para mejorar la atención de las demandas del AMBA. En base a esta demanda y la estimación del aumento de presupuesto que la ausencia de la atención del nivel nacional produce en las provincias, podemos inferir que en provincias pobres esto debe implicar un costo que no pueden cubrir; por tanto, muchas personas no son atendidas o lo son muy deficientemente.
Sabemos que, si bien las provincias tienen responsabilidad en la atención de las violencias de género que deben asumir, es el Estado nacional el que debe garantizar el derecho de todas las personas –independientemente de dónde vivan– a una vida libre de violencia. Función que el gobierno nacional ahora no ejerce e incumple así su responsabilidad de garante del derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero el gran problema es que el gobierno nacional no cree y niega la existencia de la violencia de género. A modo de ejemplo, señalemos que el Ministerio de Seguridad sostiene: “Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”. Esto es compartido por todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y es el fundamento utilizado para eliminar todos los programas nacionales dirigidos a prevenir y atender la violencia de género. Mientras el Poder Judicial, a través de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Oficina de la Mujer, ambas de la Corte Suprema de la Nación, evidencia lo contrario a través de las estadísticas de consultas por violencia de género y femicidios respectivamente. Es innegable que la violencia de género persiste en el país y con una frecuencia similar e incluso más alta, pero es negada por el PEN, que insiste en que la violencia no tiene género, a contrapelo de todo lo reconocido y aceptado internacionalmente y por los otros poderes del Estado.
Este negacionismo es nefasto porque implica que más mujeres y niñas en toda su diversidad son víctimas de lesiones e incluso muerte. Frente a esto reiteramos: “¡Basta de matarnos!”. No queremos más mujeres y niñas muertas por esta violencia. Exigimos un gobierno nacional presente en esta lucha.
