Si alguna virtud cabe reconocerles a los recientes anuncios del presidente Trump sobre importaciones hacia los Estados Unidos, es traer al debate el tema del proteccionismo económico, algo casi olvidado desde los 90.
Caben entonces tres preguntas. La primera: ¿en qué consiste el proteccionismo? En alguna clase de intervención del Estado, sea por vía de impuestos a las importaciones, subsidios o regulaciones que permitan a industrias o productores locales competir con otros del extranjero que, debido a las más diversas razones: abundancia de recursos, subsidios o mayor eficiencia, pueden producir y/o vender esos productos a precios más baratos. La política resolverá en forma cuidadosa y estudiada cuáles son esos sectores estratégicos a proteger. La segunda: ¿por qué existen industrias “estratégicas”? En razón de ser alimentos, o por su relevancia en la cadena productiva, por la tecnología que utilizan, por la mano de obra que emplean o porque sustituyen importaciones produciendo importantes ahorros de divisas. ¿Por qué ahorrar divisas, entonces? Como ningún país produce todos los bienes, un proceso de desarrollo requiere importar tecnología, maquinarias, equipos e incluso materias primas para mantenerse y evolucionar.
Ninguno de los países hoy desarrollados llegó hasta allí sin haber aplicado algún tipo de protección a sus productos y productores, industriales o primarios. No obstante, una vez que alcanzaron cierto grado de desarrollo, como graficó Friedrich List a mediados del siglo XIX, y rescató el profesor de Cambridge Ha Joon Chang como título de un gran libro, “patearon la escalera”, se volvieron librecambistas cambiando de doctrina y políticas para no poder ser alcanzados en grado de desarrollo.
En la Argentina, si bien pueden también rastrarse algunas ideas anteriores, la necesidad de tener y por ende proteger a la industria manufacturera se plantea orgánicamente a partir de 1866, cuando Estados Unidos e Inglaterra cierran o restringen sus importaciones de lana y la Argentina se queda sin divisas para comprar en el exterior los bienes que no producía. Algo así como si 150 años después se le cerraran al país las exportaciones de soja. De allí en adelante Pellegrini, Yrigoyen, Perón y Frondizi esbozaron con distintas formas e intensidades políticas de protección de los bienes nacionales.
Los mecanismos del comercio internacional y los acuerdos que de ellos se derivan hacen imposible para nuestro país aumentar los aranceles aduaneros. Tampoco son viables los subsidios directos.
La protección debe hacerse por vía de desgravación impositiva, política crediticia o ventajas en infraestructura. Sabidas son las dificultades de la Argentina en estas materias: impuestos durísimos, crédito caro y escaso e infraestructura obsoleta por completo.
Así y todo, existe un último elemento a considerar: el tipo de cambio. Pero sucede que en los últimos 25 años, con excepción del interregno Lavagna-De Mendiguren, se ha decidido utilizarlo como principal herramienta antiinflacionaria, retrasándolo deliberadamente, en lo que Bresser Pereira ha denominado “populismo cambiario”, con lo cual se abaratan los productos importados y se encarecen los nacionales. Finalmente, la inflación cede porque es equivocado el diagnóstico de sus causas, y el “dólar barato” sacude la industria y el empleo en general en la Argentina. Es hora de pensar, entonces, en una protección inteligente y realista para nuestros productos y trabajo.
*Director del Centro de Estudios para el Desarrollo.
