En política, como en tantas otras disciplinas, no existen los líderes mesiánicos que todo lo saben, que todo lo anticipan y que nunca se equivocan. Así, no debería ser motivo de discusión que quienes deciden en el Gobierno cometan errores: se equivocan como se equivoca todo aquel que toma decisiones. Lo positivo (si es que hay algo positivo en un error) es que no lo niegan ni tratan de ocultarlo; sino que lo reconocen y rectifican. Si esos errores son producto de la complejidad heredada o provocados por la falta de experiencia, si son forzados o no forzados, si las rectificaciones inmediatas prueban falta de convicciones firmes, es algo abierto al debate político.
Sin embargo, además de esa sana discusión política, buena parte de la oposición se encarga, no sin clara intencionalidad, de atribuir al proceso de decisión del equipo de Cambiemos el uso indiscriminado del mecanismo de prueba y error. Algo así como “Probemos a ver qué pasa; y si no, no importa, hacemos otra cosa”. Práctica perversa para el ámbito de la política que –si aquellas críticas fueran ciertas– estaría demostrando un nivel de irresponsabilidad monumental.
Ya en octubre del año pasado, y a partir del discurso pronunciado por Mauricio Macri en el Coloquio de IDEA, aparecieron críticas al supuesto uso de este método en la toma de decisiones del equipo de Cambiemos. Como si los errores cometidos hubieran tenido como patrón esa actitud del probar irresponsable.
Curiosamente, en estas semanas, en distintos medios vuelven a aparecer –en un tono indudablemente crítico– referencias a un Gobierno que, se señala, tiene como metodología de decisión probar y ver qué pasa. Se menciona, por ejemplo, que esa práctica de prueba y error es el “estilo” de la gestión de Cambiemos. Asimismo, al comentar las respuestas de empresarios a una encuesta realizada por el destacado profesional Eduardo D’Alessio, se afirma que para ese universo encuestado “la prueba y error” constituye la principal falla del Gobierno; agregando que la misma es consecuencia de la “falta de experiencia” de sus funcionarios.
Es necesario reconocer que suelen existir circunstancias en las que al dirigente político no le queda más alternativa que probar. Por ejemplo, si se quiere estimar el potencial impacto de una medida bajo análisis y 1) no existen antecedentes que puedan ser tomados en cuenta, y/o 2) los datos que se obtienen de encuestas, timbreos o discusiones en unidades básicas o comités no son suficientes, y/o 3) las discusiones con actores relevantes y/u opositores no alcanzan para aportar la claridad necesaria.
Se recurre entonces a lo que se conoce como “globos de ensayo”. Podrá gustar o no, pero que los hay… ¡los hay! Por lo general, se producen en el ámbito de las comunicaciones (se deja trascender), aunque también pueden usarse con una medida concreta limitando su aplicación (a determinada región o provincia, a partir de cierta fecha, a montos superiores o inferiores a). Aquí el concepto de “prueba” es evidente pero –de nuevo– tampoco le alcanzaría la acusación generalizada de un alegre e insensible probar irresponsable.
Ahora bien, ¿por qué tanta cháchara –Saadi dixit– con lo del estilo de prueba y error, si lo que debería juzgarse es el resultado de cada medida y no el modo como se decidió ir adelante con la misma? Si todo es muy simple: medidas como la reparación histórica fueron bien vistas y medidas como el aumento inicial de la tarifa del gas fueron errores y obligaron a rectificaciones de costo político importante. Punto.
No. No es así, no es tan simple. Sin duda, el resultado final positivo o negativo de toda acción de gobierno es lo que cuenta. Pero no por ello se puede dejar de señalar la intencionada superficialidad con la que se declara que toda decisión del Gobierno tiene que ver con la aplicación deliberada de la perversa metodología de “probar a ver qué pasa”.
O mucho peor aún: “Probemos… ¡a ver si pasa!”.
*Licenciado en Administración de Empresas. Aliado estratégico.
